Asociación Civil Iter Criminis

Corte Suprema declaró procedente solicitud de levantamiento de inmunidad de dos congresistas

2012-01-31T18:07:00.004-05:00

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia, declaró por unanimidad procedentes las solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas María Magdalena López Córdova y Eulogio Amado Romero Rodríguez.

En las próximas horas, el Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, formalizará este pedido ante el Congreso de la República.

Para el caso de la parlamentaria López Córdova, el requerimiento fue efectuado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La Comisión refiere en su informe, que existen indicios suficientes o elementos de juicio que vinculan a la parlamentaria con la comisión del delito contra la administración pública –enriquecimiento ilícito– contemplado en el artículo 401 del Código Penal.

Asimismo, indica que los hechos en que se origina el requerimiento fiscal contra la referida congresista no guardan relación alguna con sus deberes de representación política y tampoco se vinculan con sus opiniones o su filiación partidaria. “Por lo demás, está requerida por delito común y no funcional”, agrega.

Caso Romero Rodríguez

En el caso del parlamentario Romero Rodríguez, la solicitud para levantar su fuero fue formalizada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

La Comisión concluyó que de la revisión de los documentos no sólo se advierte que la acción penal aún no ha prescrito sino también evidencia la concurrencia de indicios suficientes sobre la comisión de delitos ambientales y de la presunta vinculación a ellos del referido congresista.

Precisa asimismo que los hechos en que se origina el requerimiento contra dicho congresista tampoco guardan conexión con sus deberes de representación política ni se vinculan con sus opiniones o su filiación partidaria.

Cabe mencionar que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia está conformada por los jueces supremos doctores José Lecaros Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga y Duberlí Rodríguez Tineo.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=19502

. Caso Amado Romero:

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/EULOGIO%20AMADO%20ROMERO.pdf

. Caso María López Córdova:

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/MAGDALENA%20LOPEZ%20CORDOVA.pdf

Corte Suprema de Justicia consolida doctrina y dogmática penal

2012-01-31T18:04:00.002-05:00

El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, recibió esta tarde en una ceremonia especial los ocho acuerdos plenarios emanados del VII Pleno Jurisdiccional en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manos del Magistrado Coordinador de esta jornada, Juez Supremo doctor Víctor Prado Saldarriaga.

San Martín resaltó la amplia participación ciudadana en este VII Pleno a través de las ponencias y en la proposición de los temas, así como mediante representantes de organizaciones y en forma particular de cualquier interesado.

"Con estos ocho acuerdos la Corte Suprema de Justicia en el área penal da un paso más en la consolidación de la doctrina penal y genera un cuerpo dogmático que nos va a poner siempre en la punta de la ola para una discusión entre la jurisdicción y la academia", anotó.

Agregó que con estos acuerdos los jueces supremos están demostrando una sincera preocupación por unificar la jurisprudencia, por mejorar la calidad de los fallos, y saber interpretar adecuadamente instituciones jurídicas complejas.

Refirió que los ochos temas se escogieron a partir de las propuestas de la comunidad jurídica, en los ámbitos del derecho penal material, derecho procesal penal y del derecho de ejecución penal.

Ocho acuerdos

Los acuerdos plenarios aprobados se refieren: al significado del valor bien mueble objeto del delito de hurto para la configuración de los agravantes previstas en el artículo 186; a las diferencias entre los delitos de trata de personas, proxenetismo y violación de la libertad sexual.

Asimismo, a la duplicación de los plazos de prescripción de la acción penal en caso de terceros involucrados en la realización de delitos funcionariales en agravio del patrimonio del Estado.

Además se aprobaron acuerdos plenarios relativos a la motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de la oralidad: necesidad y forma; a las medidas cautelares en los delitos de lavado de activos; a la valoración de la prueba en los delitos contra la libertad sexual; y a los presupuestos y oportunidad de la constitución del actor civil.

Finalmente, a los beneficios penitenciarios en delitos de terrorismo y criminalidad organizada.

El doctor Prado Saldarriaga, por su parte, expresó que los contenidos de cada acuerdo servirá a los operadores del sistema penal y a la población en general, para alcanzar mejores indicadores de eficiencia, eficacia y de predictibilidad en la solución de los casos concretos asumidos por la judicatura penal.

Dijo esperar que la crítica constructiva, la valoración que hagan los especialistas, colegios de abogados, universidades, la comunidad jurídica y la comunidad social del país, sirva para retroalimentar y complementar los criterios, alcances y los contenidos de cada uno de estos acuerdos.

Los acuerdos serán publicados en breve en la página Web del Poder Judicial, y posteriormente en un libro que será editado por el Fondo Editorial de la institución.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19501&opcion=detalle

Los nuevos textos escolares tendrán una "visión real" del terrorismo

2012-01-31T17:56:00.001-05:00

Este año escolar comenzará con nuevos textos en los que se califican de terroristas a Sendero Luminoso y el MRTA, pues se explicará la verdadera acción criminal que desarrollaron, anunció la ministra de Educación, Patricia Salas.

También desaparecerá los términos “guerra interna” o “conflicto armado interno” para referirse a la violencia desatada por estas agrupaciones terroristas, subrayó Salas O’Brien en el programa Mira Quién Habla de Willax Televisión.

“Esa fue una falla que ya ha sido resuelta. Estamos editando textos nuevos con una visión más real de lo que fueron e hicieron estos grupos terroristas. Está así de claro en los textos escolares”, resaltó la ministra.

También recalcó que los padres de familia y los medios son responsables de informar a los menores sobre el terrorismo y evitar que grupos pro terroristas, como el Movadef, los utilicen.

Vía:

http://peru21.pe/2012/01/31/actualidad/nuevos-textos-escolares-mas-datos-sobre-terrorismo-2009868

CIDH condena muerte de Wilmar Villar en Cuba

2012-01-23T16:55:00.001-05:00

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta y condena la muerte del disidente cubano Wilmar Villar, quien murió tras una huelga de hambre. La CIDH expresa su pésame y solidaridad con sus familiares.

Según la información recibida, Wilmar Villar era miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo opositor en Cuba. El 24 de noviembre de 2010 fue condenado a prisión por un tribunal cubano que lo encontró culpable de “desacato, resistencia y atentado”. Se indicó que Wilmar Villar inició una huelga de hambre en protesta contra el juicio y el fallo, al que calificó como “injusto”.

El 26 de febrero de 2010, la CIDH lamentó y condenó la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo, quien murió de inanición tras 85 días de huelga de hambre. Había sido detenido en marzo de 2003 y condenado a prisión en un juicio a puertas cerradas que duró menos de un día.

La Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configuran una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos. La Comisión insta una vez más al Estado a realizar las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Vía:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/007.asp

Tribunal ordena inmediata libertad de universitario que mató en defensa propia

2012-01-12T19:20:00.003-05:00

La Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima revocó la orden de detención que en primera instancia se impuso al estudiante universitario Gastón Mansilla Yupanqui – quien mató en defensa propia a una persona – y dispuso su inmediata libertad.

En su resolución, el tribunal superior precisa que en este caso concreto resulta excesiva la medida cautelar dictada contra el estudiante.

Citando una serie de documentos que el estudiante presentó en su recurso de apelación, la Sala verificó que Mansilla Yupanqui posee un solo domicilio, el mismo que aparece en su ficha de Reniec, y en su licencia de posesión y uso de arma de fuego.

Asimismo, corroboró que cuenta con actividad lícita al ser estudiante universitario, lo que ha acreditado con un certificado otorgado por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

El tribunal señala que estos documentos no fueron valorados por la jueza que ordenó su detención al momento de fundamentar el peligro procesal, requisito exigido para imponer dicha medida cautelar que no se habría configurado en este caso.

No registra antecedentes

Adicionalmente, Mansilla Yupanqui acompañó en su recurso copia del documento de identidad de su padre donde se advierte que tiene el mismo domicilio, copia fedateada de su licencia de conducir, copia de su carné universitario y certificado de ingreso a la universidad antes indicada.

En tal sentido, el colegiado considera que el universitario posee arraigo en la capital (Lima), y no registra antecedentes policiales ni requisitoria alguna.

La Sala concluye por ello que no existe peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria, por lo que dispuso que se siga este caso contra Mansilla con mandato de comparecencia restringida por el delito de homicidio simple, bajo ciertas reglas de conducta.

Mansilla Yupanqui deberá concurrir cada 30 días al local del juzgado, a fin de registrar su firma correspondiente y justificar sus actividades, no variar de domicilio sin previo aviso al juez de la causa, concurrir cada vez que sea citado por el órgano jurisdiccional, y no cometer nuevo delito doloso.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19412&opcion=detalle

Para leer la resolución que revocó el mandato de detención, clic aquí.

Se deniega viaje de Nancy Gilvonio Conde a Francia pues no resulta urgente ni indispensable

2012-01-03T15:33:00.002-05:00

Tribunal sostiene que a diferencia de otros casos, ella, al igual que sus hijos son ciudadanos peruanos y estos últimos no tienen impedimento para venir al Perú.

El colegiado “C” de la Sala Penal Nacional explicó hoy que declaró improcedente la solicitud de viaje a la ciudad de Nantes (Francia) de la sentenciada Nancy Gilvonio Conde, porque éste no resulta urgente ni indispensable, y, a diferencia de otros casos, ella, al igual que sus hijos son ciudadanos peruanos, los cuales no tienen arraigo en Francia ni impedimento alguno para venir al Perú.

En mérito a esta situación, los jueces del colegiado “C” sostienen que la finalidad de fortalecer los lazos familiares de la peticionante puede cumplirse sin necesidad de que salga al extranjero.

El Tribunal indicó además que Gilvonio solamente ha cumplido con pagar 4,040 de los 50,000 soles que por concepto de reparación civil se fijó en su condena del 18 de enero de 2006.Esta resolución del Tribunal Superior revoca así un fallo en primer grado o instancia que resolvió suspender el impedimento de salida del país de la sentenciada y autorizar su viaje a Francia hasta el 20 de enero de este año.

El colegiado “C” de la Sala Penal está integrado por los Jueces Superiores Clotilde Cavero Nalvarte, María Luz Vásquez Vargas y Cayo Rivera Vásquez.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=19392

Clic aquí para leer la resolución de la Sala Penal Nacional.

Poder Judicial hace precisiones sobre caso "Chavín de Huántar"

2012-01-03T15:25:00.003-05:00

El Poder Judicial aclaró hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó cuatro recomendaciones al Estado peruano en relación con el caso Chavín Huántar, algunas de las cuales no comprometen a la institución, no circunscribiéndose a una supuesta demora en el juicio oral seguido en la vía ordinaria a cuatro personas por ejecuciones extrajudiciales

Las otras tres son: reparar adecuadamente las violaciones de Derechos Humanos declaradas en su informe tanto en el aspecto material como moral, disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la cual, en su opinión, se encuentran los hechos de este caso, y aprobar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, y sobre todo, apuntalar programas de capacitación en Derechos Humanos en la formación de las Fuerzas Armadas y Policiales.

El Poder Judicial resalta como la misma Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia ha reconocido que en este caso no ha habido impunidad sino más bien la determinación, vía contienda de competencia resuelta por la Corte Suprema, de que ciertas personas deben ser juzgadas por la justicia militar y otras deberán ser procesadas por la judicatura ordinaria.

Además, destaca que en el juicio oral actualmente en giro se están cumpliendo y respetando todas las garantías del debido proceso, dejando en claro que si los abogados de la parte civil no asisten a las audiencias es por su propia voluntad.

Aclaraciones frente a supuesta demora en el proceso

El Poder Judicial destaca que si bien ha habido demora en el procesamiento judicial de los hechos, ello, como reconoce la misma Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia, no se debió a una supuesta negligencia, tal como se ha informado erróneamente en los últimos días.

Incluso, la propia Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia señala que el primer quiebre al juicio oral ocurre por el ascenso del juez José Neyra Flores a la condición de Juez Supremo Provisional, y la no ratificación del Juez Carlos Manrique Suárez por el Consejo Nacional de la Magistratura. El segundo quiebre se da por el cambio del juez Emérito Ramírez, así como por un problema de salud de la jueza Sonia Téllez.

En ese contexto, un tercer procesamiento ya se ha iniciado. Para evitar un nuevo quiebre, la Sala competente para ver ese caso, de acuerdo con una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, viene actuando a dedicación exclusiva y efectuando varias audiencias a la semana con el compromiso que este caso concluya cuanto antes.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=19381

Clic aquí para ver el mensaje a la nación del presidente del Poder Judicial.

Berenson podría retornar a prisión si incumple plazo de permiso de viaje

2011-12-17T17:14:00.002-05:00

Dejan sin efecto su impedimento de salida del país del 16 de diciembre de 2011 al 11 de enero de 2012.

El Colegiado “C” de la Sala Penal Nacional declaró procedente la solicitud de permiso de viaje presentado por la sentenciada Lori Helene Berenson Mejía, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el mismo que deberá ejecutarse a partir del 16 de diciembre de 2011 al 11 de enero de 2012.

Ordenaron, del mismo modo, dejar sin efecto el impedimento de salida del país decretado contra la recurrente durante dicho período. También dispusieron que una vez concluido el permiso, Berenson deberá informar de su retorno a la Sala Penal Nacional, al Juzgado Penal Supraprovincial y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y continuar con el cumplimiento de las reglas de conducta ordenadas en el beneficio penitenciario.

Los Jueces Superiores Cavero Nalvarte, Vásquez Vargas y Rivera Vásquez, indican en su resolución que si la sentenciada incumple el plazo del permiso concedido se le revocará el beneficio de libertad condicional del que goza, y se dispondrá su reclusión en un establecimiento penitenciario hasta el cumplimiento total de su condena, que es de veinte años y vence el 29 de noviembre de 2015.

La autorización a Berenson se fundamenta en de que, según los magistrados, no puede limitarse su derecho a la familia, y que la solicitud de viaje no implica una perturbación al cumplimiento de la ejecución de su condena.

Agregan que tienen la certeza de que no existe peligro de que la recurrente no retorne al Perú para continuar con su tratamiento en medio libre de su beneficio penitenciario.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=19308

Para ver la resolución de la Sala Penal Nacional:

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/berenson%20resolucion.pdf

Delito de función: La línea entre la impunidad y la justicia

2011-12-11T13:05:00.025-05:00

La justicia militar únicamente adquiere competencia para juzgar casos en los que se configure un delito de función. Así lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 173:

“En el caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina(…)”

A pesar de la claridad con la que esta norma se ha redactado, la delimitación del delito de función es un tema bastante confuso en la práctica. Su aplicación genera problemas de competencia entre el fuero militar y el fuero común cuando se mezclan las condiciones castrenses con las civiles en el mismo caso.

Ante la ambigüedad del término, nuestro sistema ha optado por un criterio material que lo establezca como parámetro de atribución de competencia entre ambos tribunales.Este criterio material debe abarcar: el bien jurídico afectado por el delito, la especialidad del ilícito cometido y la acción u omisión del militar o funcionario castrense. El TC ha interpretado la norma constitucional de tal manera que es este el único criterio adecuado para otorgarle competencia al fuero militar.

Se trata de que el bien jurídico tenga carácter militar en el sentido que frustre la operatividad y cumplimiento de los fines de la institución castrense [1].

Al respecto, el TC opina que el ilícito “(…) sea por acción y omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico “privativo” de la institución a la que pertenece el imputado; es decir, que la naturaleza del delito de función no depende de las circunstancias de hecho, sino del carácter de interés institucionalmente vital, que se ve afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo militar o policial en actividad”[2].

Para que se considere que el bien jurídico militar ha sido afectado, es necesario que el autor del delito haya infringido su deber (descartando la obediencia debida por inconstitucionalidad), que con la acción se comprometan funciones constitucionales e institucionales de las FFAA y que la acción sea merecedora de sanción penal [3].

Se trata de restringir en mayor medida los supuestos en los que se configuraría el delito de función, para de esta forma reafirmar el carácter excepcional de la justicia militar. De lo contrario, si no se delimitara el hecho de que los militares estén ejerciendo un servicio militar durante la comisión del delito, se tendría que recurrir al hecho de que sólo por ser militar, ya se trata de un delito de función.

No todo delito cometido por un militar, merece ser llamado delito de función. Se ha optado por el criterio material para evitar el trato privilegiado en cualquier supuesto, que daría un gran espacio a la impunidad y violaría principios y funciones jurisdiccionales del Estado Constitucional de Derecho. Por ello, nuestro ordenamiento ha optado por el criterio material, que analiza el injusto de tal forma que únicamente sea considerado delito de función cuando se ponga en riesgo la actuación de las FFAA en el cumplimiento de sus funciones.

En un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, respecto a lo dispuesto por la Corte Interamericana; dicho órgano ha concluido que:

“la Corte Interamericana como el Tribunal Constitucional, definen el delito de función desde el criterio material o de naturaleza del delito, vinculándolo a la afectación de bienes jurídicos institucionales, relacionados con la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de garantizar la independencia, soberanía e integridad de la Nación, así como garantizar el orden interno respectivamente. De este modo, ambos tribunales rechazan los criterios de mera formalidad, de fuero personal, ocasionalidad, así como del lugar de comisión del delito, centrándose en el bien jurídico protegido, el mismo que necesariamente debe tener naturaleza institucional, cuya titularidad debe recaer en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional[4].”

De esta manera, casos como el de Santiago Martin Rivas en el año 2004 confirman el conflicto de competencia que genera la ambigüedad del término. En el proceso se pide que se respete el carácter de cosa juzgada del juicio que se refiere al caso, aunque la CIDH considere que se trata de un delito común porque versa sobre derechos humanos y por lo tanto merece ser juzgado por la jurisdicción civil. De haber ganado el demandante, y el caso lo hubiera resuelto la justicia militar, ¿bajo qué criterio se hubiera considerado que se trataba de un delito de función?¿bajo el criterio material?, ¿se violó algún bien jurídico militar? Se trata de un caso de derechos humanos. El caso La Cantuta no puede de ninguna manera ser considerado como un delito de función bajo el criterio material. Sin embargo, lamentablemente nuestro sistema de justicia es incoherente y abre las puertas a la impunidad y permitió que Martin Rivas fuera juzgado por los militares. La CIDH discrepó y pidió reabrir el caso para que le fuera otorgado a la jurisdicción competente.

Es así como reaccionamos ante la realidad, aceptando que nuestra justicia por razones políticas trata de forma diferenciada sin razones objetivas a quien comete delitos como cualquier otro sujeto. La vida, la integridad y la libertad son valores supremos del Estado Constitucional de Derecho, que bajo ningún supuesto podrían configurar un delito de función. En nuestro ordenamiento, la teoría señala claramente hasta dónde llega la justicia militar. La práctica, por el contrario, nos demuestra que cada vez más dichos límites desaparecen y lamentablemente no es el Estado, sino organismos internacionales, quienes tienen que levantar la voz para cerrar paso a la injusticia.

Maria Fernanda Chanduví

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[1] LOVATÓN PALACIOS, David

2007 “Tribunal Constitucional y Reforma de Justicia Militar”. Palestra Editores. Lima. P.155

[2]EXP. N.o 0017-2003-AI/TC

[3]LOVATÓN PALACIOS, David

2007 “Tribunal Constitucional y Reforma de Justicia Militar”. Palestra Editores. Lima. P.157

[4]DEFENSORIA DEL PUEBLO.

2003 “Justicia Militar vs. Justicia Ordinaria” Informe No. 66. Lima. p. 59

Homicidio doloso para facilitar el apoderamiento del patrimonio de la victima

2011-12-07T21:02:00.003-05:00

En el acuerdo plenario N° 3-2008/CJ-116, se discutió un problema sobre la aplicación de dos tipos penales, que son el delito de asesinato (homicidio con la agravante de matar para facilitar la comisión de otro delito, regulado en el inciso 2 del artículo 108 del código penal) y el delito de robo con el agravante de muerte subsecuente (regulado en el artículo 188 del código penal con el agravante del último párrafo del artículo 189), ya que parecían ser aplicables a un mismo supuesto, en donde la persona que es víctima de un robo muere durante la comisión del delito.

En dicho acuerdo, se establecieron algunas pautas para diferenciar estos supuestos por las distintas penas que contienen ambos artículos. La pena de homicidio calificado es de 15 a 35 años, mientras que la pena del delito de robo con muerte subsecuente es de cadena perpetua.

La Corte Suprema desarrolla la diferencia en la aplicación de ambos tipos penales en los fundamentos siete y ocho del Acuerdo Plenario antes señalado, indicando que se aplicará el delito de robo agravado con muerte subsecuente cuando producto de la violencia ejercida contra la víctima durante el robo, esta muere y el autor si bien no tuvo la intención de matarla pudo prever ese resultado, es decir que si bien hubo dolo en sustraer el bien a través de la violencia realizada sobre la víctima, esta muere pero no porque el autor buscaba ese resultado, sino que se produce por una conducta culposa (imprudente) del autor al excederse en la violencia utilizada en el robo, pero al autor se le representaba esa posibilidad, vale decir que la víctima podía morir, siendo entonces según la interpretación de la Corte Suprema un delito preterintencional. En tanto que sería aplicable el delito de homicidio calificado por el agravante de facilitar la comisión de otro delito cuando el autor, buscando asegurar el apoderamiento de bien mueble, mata intencionalmente a la víctima, es decir dolosamente, facilitándose así la comisión del delito fin que busca cometer.

Por otro lado, la Corte Suprema parece entender que aunque se llegue a sustraer el bien de la víctima, la sanción que recibirá el autor será únicamente la del homicidio calificado.

¿Pero este último supuesto es así? ¿Es indiferente si el autor del homicidio calificado intenta o logra apoderarse del bien mueble que quería? ¿O si debe merecer una sanción independiente por esa otra acción?

Doctrina Nacional:

Sobre esta supuesto bajo análisis, “matar para apoderarse del bien mueble de la víctima”, algunos autores, como por ejemplo Luis Alberto Bramont-Arias Torres [1] y Alonso Peña Cabrera Freyre [2], no se pronuncian sobre si en estos casos debe o no responder el autor del asesinato además por el intento o la comisión del delito fin (apoderarse del bien mueble).

Sin embargo, otros penalistas si se han pronunciado sobre ello, como Ramiro Salinas Siccha [3], quien es claro al señalar que: “Aquí no estamos ante un concurso real de delitos como sostiene Castillo Alva, sino frente a una sola conducta punible, el asesinato para facilitar la comisión de otro delito (…) no es posible jurídicamente hacer una doble valoración , es decir, no es posible atribuir al agente el delito de asesinato por el delito precedente y otro delito por el delito-fin (…)”.

Refuerza su posición apoyándose en jurisprudencia, como las Ejecutorias Supremas del 30 de marzo de 1999- R. N. 375-99 – Piura y la del 3 de noviembre del 1998 – Exp. 3551-98-Cusco. Casos precisamente en los que los autores mataron con la finalidad de apoderarse de los bienes de la víctima, donde se resalta que "(…) coligiéndose pues que el delito fin era el robo; por ello el hecho criminoso no puede ser calificado como robo agravado ya que se estaría incurriendo en una doble valoración de la conducta incriminada, pues se trata de tipos penales excluyentes.” Como se ve esta posición es coincidente con la señalada por la Corte Suprema sobre este supuesto.

Pero esta no es la única posición en la doctrina nacional, hay otros autores que si son de la opinión de que además del homicidio calificado, debe sancionarse también el intento o consumación del apoderamiento del bien. Así se tiene por ejemplo a José Luis Castillo Alva [4], quien señala que: “Cuando se consuma tanto el homicidio como el delito fin y existe separación temporal, estamos frente a un concurso real de delitos y no ante un concurso ideal (…)”. Según este autor entonces, la sancion por el homicidio calificado, no absorbe a la merecida por la comisión del delito fin, sin embargo no precisa cuál es el otro delito por el que debería sancionarse al autor en este caso.

Otro autor nacional que comparte esa opinión es Fidel Rojas Vargas [5], quien señala que “(…) si el agente mata primero y después se apodera del bien (…) el agente ha ido deliberadamente a matar para luego sustraer y apoderarse, perfeccionándose típicamente la figura del homicidio para facilitar el robo (…) si la violencia no es aplicada sobre persona distinta de la víctima que es muerta o lesionada, no pudiendo ser ubicada o sub subsumida por la acción instrumental del robo ante la imposibilidad de aplicar una doble valoración que supondría infringir el ne bis in idem (…) El concurso que se presenta en tal caso es el real entre un homicidio calificado y delito de hurto (simple o agravado en base a la modalidad de la comisión)(…)”.

Aquí el profesor Fidel Rojas es claro al afirmar entonces que en caso se mate a la víctimas para apoderarse de su patrimonio, se comete el delito de homicidio calificado por el agravante de facilitar otro delito, pero además de ello, deberá considerarse adicionalmente el apoderamiento del patrimonio de la víctima, señalando el autor que si la violencia que causa la muerte de la víctima fue utilizada solo en ella, no puede sancionarse además por robo porque se estaría valorando doblemente la violencia, la cual en este caso ya fue sancionada con el homicidio calificado, configurándose por ello un hurto que será simple o agravado dependiendo de la modalidad de la comisión.

Doctrina Extranjera:

Este supuesto también es analizado en la doctrina extranjera, por ejemplo en Argentina, cuyo artículo 80 inciso 7 de su código penal [6], sobre homicidio calificado por el agravante de facilitar la comisión de otro delito, tiene una redacción similar al artículo 108 inciso 2 del código penal peruano. El doctor Carlos Creus [7], señala sobre ello que: “(…) El homicidio tiene como finalidad asegurar los resultados del otro delito, cuando mediante él se procura afirmar la pertenencia de los beneficios que se han obtenido del otro delito ya consumado o de lo que se piensa obtener del delito que se va a cometer”, y al plantearse el caso de la comisión del delito fin del autor del homicidio este concluye que: “Claro está que si el otro delito ha sido consumado o intentado por el mismo autor del homicidio, se da un concurso real entre ambos”.

Se ve entonces que este autor es de la opinión que la sanción por el móvil del homicidio, que es facilitar la comisión del otro delito, no incluye al delito fin del autor sino que es independiente, debiendo aplicarse las reglas del concurso real.

Jorge López Bolado [8], otro autor argentino, al plantearse este agravante también considera que debe haber un nexo psicológico entre el asesinato y el delito fin, que es la justificación del mayor reproche, y al plantearse el caso de consumación o intento del delito fin, señala: “Pero, bien pudiera suceder que el otro delito, también, se ejecute o, al menos, se cometa en grado de tentativa. En este caso deben aplicarse las reglas del concurso de delitos, pues hay dos hechos distintos: el homicidio calificado y el otro delito (…)” considerando también este autor que corresponde sancionar independientemente ambos delitos.

Ernesto García Maañón [9]igualmente interpreta esta agravante del homicidio como aquél que: “Existe, en esta figura, un propósito, para algunos un dolo específico, el matar a otro para lograr los fines que la ley señala o por no haberlos logrado al intentar otro delito”. Luego al analizar el supuesto de intentar o consumar el delito fin, refiere: “(…) si el otro delito se hubiese realizado (consumado o tentado), habrá concurso con el homicidio.”, por lo que para este autor ambos delitos, merecen sanciones independientes configurándose un concurso real de delitos.

Este problema también es desarrollado por la doctrina colombiana, cuyo artículo 104 inciso 2 del código penal colombiano [10] también tiene un redacción similar al artículo artículo 108 inciso 2 de nuestro código penal peruano sobre el homicidio calificado para facilitar la comisión de otro delito. Así, Fernando Tocora [11], es de la opinión que: “Aquí el homicidio está conectado con otro delito. Tal conexión es de índole subjetiva, pues se trata de la finalidad que persigue el agente la que vincula un delito con otro, es relación de medio a fin. (…)”, resaltando también que el fundamento del mayor reproche de esta agravante es por el móvil del homicidio. Al momento de pronunciarse sobre la sanción en caso de intentar o cometerse el delito fin opina que: “(…) Si se realiza (el delito fin) se tendrá un concurso real de delitos, siendo el homicidio, calificado por la agravante”, por lo que coincide con la posición del autor anterior.

Pedro Pacheco Osorio [12], también autor colombiano, señala que: “Se incurre en homicidio para facilitar otro delito cuando se comete con el designio de suprimir algún obstáculo que se le opone a la realización del último (…)”, y al analizar el supuesto de intento o comisión del delito fin es claro al afirmar que: “Si el delito fin se intenta o consuma efectivamente, se presenta el fenómeno del concurso real entre él, en el grado de tentativa, frustración o consumación, y el homicidio agravado que se estudia (…)”, por lo que para este autor tampoco la sanción por el homicidio agravado impediría la sanción independiente del delito fin, debiendo aplicarse las reglas del concurso real.

Toma de Posición:

Luego de revisar las distintas opiniones en la doctrina nacional y extranjera, soy de la opinión de que en los casos en que una persona mate a otra con la finalidad de poder asegurarse el apoderamiento del bien mueble de la víctima, es decir matar dolosamente para facilitar el apoderamiento del bien, el intento o la consumación del delito fin deberá sancionarse independientemente del homicidio calificado.

Esto en primer lugar, porque como han explicado los autores antes citados, el fundamento de la mayor pena en el caso de un homicidio agravado por la finalidad de cometer otro delito en comparación con un homicidio simple, es por el móvil del autor, que mata a alguien como medio para lograr la comisión de su delito fin, puesto que muestra un mayor desprecio por la vida de otra persona al no dudar en acabar con su vida para lograr su objetivo, como si se librara de un simple obstáculo. Por ello también señalan estos autores que es indiferente si se llega o no a cometer el delito fin para imputar este agravante, puesto que el reproche se basa únicamente en el móvil del autor.

Y en segundo lugar, porque el autor del homicidio calificado al intentar o llegar a apoderarse del bien mueble de la víctima, pone en peligro o afecta, de acuerdo a cada supuesto, otro bien jurídico que es el patrimonio, mereciendo por ello el autor de estos actos una sanción independiente a la afectación del bien jurídico vida, puesto que como se dijo en el párrafo anterior, la sanción por ese supuesto de homicidio calificado es únicamente por el móvil, por lo que esta sanción no incluye a la que merece por la tentativa o comisión del delito fin.

Ahora, ¿Cuál es el delito adicional por el que se debe sancionar al autor del asesinato en este caso? En este punto, coincido con el profesor Fidel Rojas Vargas al señalar que puesto que la violencia utilizada contra la víctima para apoderarse del bien ya fue considerada en el delito de homicidio calificado, no puede configurarse un robo, sino un hurto ya que se está sancionando la sustracción y apoderamiento del bien mueble, el cual será simple o calificado dependiendo de las otras circunstancias en que se comete.

La pena aplicable para este caso será atendiendo las reglas del concurso real, puesto que conforme al art. 50 del código penal [13], se trata de dos delitos cometidos en diferentes actos, ya que primero con un acción se mata a la víctima y luego con otra acción se sustrae el bien de la víctima. Consecuentemente deberá realizarse la sumatoria las penas concretas de cada delito.

Lucas Torres Jiménez

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[1] Luis Alberto Bramont-Arias Torres. “Manual de Derecho Penal: Parte Especial” 4ta Edición, aumentada y actualizada. Editorial San Marcos. Lima-1998. Pág. 54 a 56.

[2] Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. “ Derecho Penal: Parte Especial”. Tomo I. Editorial Idemsa. Tercera Reimpresión. Septiembre 2010. Pág. 62 a 66

[3] Ramiro Salinas Siccha. “Derecho Penal: Parte Especial” Volumen I. Cuarta edición. Editorial Grijley. Noviembre 2010. Pág 48 y 49.

[4] Jose Luis Castillo Alva. “ El Homicidio”: comentarios de las figuras fundamentales. Gaceta Jurídica. Primera edición. Mayo-2000. Pág. 189.

[5] Fidel Rojas Vargas. “Delitos contra el Patrimonio”. Volumen I: Hurto, Robo y Abigeato. Editorial Grijley. Primera edición . Octubre 2000. Pág. 487 a 489.

[6] Código Penal Argentino. Art. 80: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

(…) 7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.”

[7] Carlos Creus. “Derecho Penal: Parte Especial”. Tomo I. Sexta edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea. Segunda Reimpresión. Buenos Aires - 1999. Pág. 32 a 34.

[8] Jorge D. López Bolado. “Los Homicidios Calificados” Editorial Plus Ultra. Buenos Aires – 1975. Pág. 244 y 245.

[9] Ernesto García Maañón. “Homicidio simple y Homicidio agravado”. Segunda edición, actualizada y ampliada.. Editorial Universidad. Buenos Aires- 1989. Pág.

[10] Código Penal Colombiano. Artículo 104. “Circunstancias de agravación. La pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: (…) 2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o

la impunidad, para sí o para los copartícipes”.

[11] Fernando Tocora. “Derecho Penal Especial” Tercera Edición ampliada. Editorial Librería del Profesional. Colombia 1991. Pág. 17 a 18.

[12] Pedro Pachecho Osorio. “Derecho Penal Especial”. Tomo III. Editorial Temis. Colombia 1972. Pág. 282 y 284

[13] "Artículo 50.- Concurso real de delitos. Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta."

Aprueban incorporar al Código Penal el delito de Feminicidio

2011-12-01T17:34:00.002-05:00

El Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, modificar el Código Penal para incorporar el delito del feminicidio en la legislación nacional, con penas de hasta 25 años de cárcel.

El texto aprobado modifica el artículo 107 del Código Penal para precisar que el que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.

Agrega que la pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 108, referido al homicidio.

Señala además que si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.

Sustentó la iniciativa el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Beingolea Delgado (APGC), quien recogió los aportes y aclaró las observaciones al texto consensuado con la Comisión de la Mujer.

Intervinieron para apoyar la propuesta los congresistas Luisa María Cuculiza (GPF), María del Carmen Omonte Durand (AP), Roberto Ángulo Álvarez (NGP), Julia Teves Quispe (NGP), Natalie Condori Jahuira (NGP), y Rogelio Canches Guzmán (NGP), quienes coincidieron en señalar que se necesita una norma que detenga la violencia contra las mujeres.

Mostraron sus observaciones los congresistas Martha Chávez Cossío (GPF), Yonhy Lescano Ancieta (AP), Martín Belaunde Moreyra (SN), Javier Diez Canseco (NGP), y Marisol Espinoza Cruz (NGP), entre otros, quienes señalaron que el texto no ha precisado con claridad la tipificación del delito.

Previamente, fue rechazada una cuestión previa planteada por el congresista Omar Chehade Moya (NGP), quien solicitó que la propuesta retorne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para mayor análisis.

La iniciativa obtuvo 90 votos a favor, 2 en contra, 14 abstenciones y fue exonerado del trámite de la segunda votación.

MAÑANA CONTINÚA PLENO

El Pleno del Congreso, que fue levantado a las 4:39 de la tarde por el titular del Poder Legislativo, Daniel Abugattás Majluf, volverá a sesionar mañana desde las 9:00 horas con el fin de tratar los temas pendientes relacionados con los informes de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Previamente, el Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte para propiciar la participación de un representante del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS), en el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Rennán Espinoza Rosales (AP)

Vía:

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares1/94d02750c8d9a08f052579590079bc4a/?OpenDocument

Rechazan Habeas Corpus de excongresista Óscar Medelius

2011-11-19T19:40:00.003-05:00

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por el ex congresista, Oscar Medelius Rodríguez, al no haberse acreditado la vulneración al derecho a la libertad individual; e improcedente la demanda en cuanto a la pretendida nulidad de la sentencia condenatoria bajo argumentos de mera legalidad, propios de la jurisdicción ordinaria, en el sentido de que no se habría llamado a los principales testigos, entre otras cuestiones que, evidentemente constituyen materia de connotación penal y que exceden el objeto de los procesos constitucionales.

Así lo precisó el Colegiado en la sentencia contenida en el Expediente Nº 03899-2010-PHC/TC interpuesta por el citado sentenciado Oscar Medelius, contra los vocales de la Corte Superior de Justicia de Lima y contra los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, denunciando la violación de sus derechos constitucionales, lo que no se pudo probar.

El objeto sustancial de la demanda es que se declare la nulidad de todo el proceso penal Nº 39-2001, en el que el demandante fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, sustentándose tal pretensión, señalando que en su caso no se tramitó el procedimiento de la acusación constitucional pese a que a la fecha de la investigación y denuncia fiscal ejercía el cargo de congresista, entre otras consideraciones.

El Tribunal precisa que del texto de la sentencia condenatoria impuesta al demandante, se aprecia que las resoluciones judiciales cuestionadas no resultan inconstitucionales en tanto manifiestan una motivación razonada que describe de manera suficiente los hechos criminosos imputados al demandante, su participación en aquellos y la adecuación de su conducta a los tipos penales que dieron lugar a la condena en su contra, contexto por el que los pronunciamientos judiciales, cuya nulidad se pretende deben ser validados en cuanto resultan acorde a la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales recogidas en el artículo 139º, inciso 5 de la Norma Suprema.

Vía:

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2011_485.html

Estado peruano pidió perdón a deudos de desaparecidos del Santa

2011-11-13T17:02:00.002-05:00

El Poder Ejecutivo, en nombre del Estado peruano, pidió hoy perdón a los deudos de los nueve campesinos desaparecidos del Santa, quienes fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori por el llamado grupo Colina.

El pedido de perdón fue expresado por la Secretaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Isabel Coral, y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, José Burneo, quienes estuvieron en el Cementerio Municipal del Santa en donde se dio cristiana sepultura a las víctimas.

Isabel Coral dijo que este acto simbólico es parte del Plan Integral de Reparaciones (PIR) que ejecuta el Gobierno para reconocer a los deudos, por haber sido víctimas de los trágicos sucesos ocurridos entre abril de 1980 y noviembre de 2000 donde los derechos humanos fueron vulnerados.

REPARACIÓN MATERIAL Y MORAL

Aparte de reconocer públicamente el daño infringido por la desatención al Estado a los derechos fundamentales de las víctimas, el Gobierno procederá, a la restitución de sus derechos y a la reparación material y moral por los daños sufridos, en este caso a sus familiares directos.

En ese sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros cubrió parte de los gastos que demandó el entierro de las víctimas.

Asimismo, acompañó el itinerario programado para honrar y dar sepultura a los restos, con el propósito de fortalecer un sentimiento de solidaridad social hacia las víctimas y abrir el camino para que sucesos de esta magnitud no vuelvan a ocurrir.

ENTREGA DE RESTOS

El pasado viernes 11, el Ministerio Público hizo entrega de los restos de los nueve campesinos del Santa, a sus respectivos familiares después de haber sido ubicados en la zona de Huaca Corral, en la provincia de Virú, La Libertad.

Posteriormente, los cuerpos fueron velados públicamente en la Plaza de Armas de Santa, en el departamento de Áncash.

Hoy, luego de 19 años de incertidumbre, los familiares de las víctimas tuvieron la posibilidad de honrar y dar cristiana sepultura a las víctimas en el cementerio municipal del Santa, tras la celebración de la Misa de cuerpo presente en la Parroquia Señor Crucificado de Santa, señaló la PCM.

LAS VÍCTIMAS

Las víctimas quienes fueron detenidos, asesinados y desaparecidos por el Grupo Colina el 2 de mayo de 1992 son Jesús Noriega Ríos, Denis Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez, Gilmar León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzales, Carlos y Roberto Barrientos Velásquez, Jorge Luis y Carlos Tarazona More.

Vía:

http://elcomercio.pe/politica/1333023/noticia-estado-peruano-pidio-perdon-deudos-

desaparecidos-santa

Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal

2011-11-07T10:09:00.004-05:00

INVITACIÓN

La Universidad Alas Peruanas y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, realizarán los días 23, 24 y 25 de Noviembre de 2011, el "Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal", el mismo que se llevará a cabo en forma descentralizada en las ciudades de Lima, Ica y Trujillo.

El referido Congreso servirá como medio de integración entre las naciones de distintas partes del mundo, al mismo que cuenta con el auspicio de diversas instituciones y universidades extranjeras.

En dicho evento participarán juristas como Víctor Cubas Villanueva, José Neyra Flores, Javier Ysrael Momethiano Santiago, César Castillo Meza, Marco Antonio Huamán Sialer, entre otros.

Para más información acerca del evento, clic aquí.

Acerca de la despenalización del homicidio piadoso

2011-11-06T13:26:00.028-05:00

Introducción

Mar adentro

Y en la ingravidez del fondo donde

se cumplen los sueños se juntan dos

voluntades para cumplir un deseo.

Un beso enciende la vida conun

relámpago y un trueno y en una

metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo,

es como penetra al centro del universo

(….)

Pero me despierto siempre y

siempre quiero estar muerto, para

seguir con mi boca enredada en tus

cabellos.

- Ramón San Pedro

Uno de los temas más controvertidos en la ética, la política y el derecho es la regulación del suicidio y de las conductas directamente conexas con él. Dentro de este abanico de comportamientos se encuentran, en líneas generales, el propio suicidio, la participación en el suicidio y el homicidio a petición. Partiendo de la óptica del derecho penal, la distinción entre el segundo y el tercero yace en lo siguiente: en el caso de la colaboración al suicidio se facilita la muerte a través de, por ejemplo, la entrega del arma o del veneno, pero quien finalmente actúa y ejecuta la acción, en último lugar, es el propio suicida; en cambio, en el caso de homicidio a petición, será el tercero quien finalmente ejecute la acción, terminando así con la vida del solicitante. Nuestro ordenamiento penal ha puesto énfasis en regular de forma particular una de las modalidades del homicidio a petición, evitando así que éste caiga en el supuesto de homicidio común. De esta forma, el artículo 112° de nuestro Código Penal describe la siguiente conducta típica: “El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores (…)”. Como vemos, no se describe cualquier homicidio a petición, sino que se describe uno que cumpla con determinadas exigencias que lo identificarán con el homicidio piadoso. A continuación, luego de una descripción del tipo penal en mención, aportaremos una serie de argumentos y razones que respaldan nuestra opción por despenalizar el homicidio piadoso, el cual, en nuestra opinión, resulta incoherente y contrario al Estado Constitucional de Derecho.

Del artículo 112° del Código Penal Peruano

Como ya hemos hecho mención, el artículo 112° regula el homicidio piadoso de la siguiente forma: “El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores (…)”. En primer lugar, debemos señalar que el supuesto bien jurídico protegido es, conforme su ubicación sistemática, la vida del solicitante. No obstante, es preciso recordar que el derecho penal no protege bienes jurídicos en abstracto, sino bienes jurídicos ante determinadas vulneraciones. En este punto, resulta ilustrador recordar el ejemplo del delito de daños [1], el cual no protege el “patrimonio” en sentido abstracto (ya que ello lo obligaría a evitar, por ejemplo, la corrosión de un automóvil) sino que protege su destrucción intencionada, esto es, el no cumplimiento de un deber de organización (el sujeto activo injiere en la organización del dueño del automóvil, toda vez que viola su libertad a decidir sobre su bien). No aunaremos en dicho tema, ya que éste será parte de un análisis posterior. Lo importante ahora es reconocer que en el presente caso el bien jurídico protegido, como veremos posteriormente, no puede ser la vida (entendida ésta desde una concepción coherente y liberal de los bienes jurídicos), ya que el consentimiento expreso del supuesto sujeto pasivo impide dicho resultado (no hay injerencia alguna en la libertad personal). Por el contrario, somos de la opinión de que lo verdaderamente protegido por el presente tipo penal es determinada eticidad, determinada opción de “bien”, en otras palabras, la decisión crítica de un grupo específico de defender “la santidad de la vida”.

En lo que se refiere a los elementos específicos de la conducta típica, estos se pueden dividir en los siguientes: el consentimiento, los intolerables dolores, la incurabilidad y el móvil piadoso. Con el primer elemento se excluye cualquier consentimiento presunto, siendo necesaria la presencia inequívoca de la voluntad de morir del solicitante. Más aún, no basta con una actitud pasiva, es decir, con un mero asentimiento o conformidad con la petición del sujeto activo, sino que deber ser la propia “víctima” quien solicite que le quiten la vida [2].

De otro lado, el legislador ha usado el término “intolerables dolores”. De esta forma, pareciera que el Código Penal Nacional se ha decidido por utilizar un concepto muy semejante al esbozado en el Código Español (graves padecimientos). Ahora bien, con la utilización de dicho concepto, como bien señala David Felip i Saborit, no sólo quedan inmersos los dolores físicos, sino también los dolores psicológicos [3]. Sin embargo, se debe tener siempre en cuenta la estrecha relación entre dichos dolores y la enfermedad incurable, con la que deberá guardar una relación de casualidad.

Asimismo, se ha incluido un elemento especial del tipo subjetivo, ya que no sólo se exige el dolo, sino un móvil piadoso. Dicho elemento subjetivo concurre cuando el sujeto activo actúa por un acto de compasión, sintiendo lástima al ver al sujeto pasivo padeciendo de fuertes dolores, siendo esta la circunstancia que motiva su decisión de ponerle fin a la vida de acuerdo a su solicitud [4].

Finalmente, es preciso señalar que, a diferencia de otros ordenamientos, el legislador peruano ha optado por un verbo rector amplio, como es “matar”. En tal sentido, cualquier acción que, según la teoría de la imputación objetiva, represente la creación o la realización de un riesgo para la vida no permitido por el Derecho, sin importar que fuera omisivo o comisivo [5], será parte de dicho tipo penal. De esta manera, una definición como ella obliga a un análisis crítico sobre los comportamientos que se engloban dentro del verbo “matar”. Para ello será necesario interpretar el tipo penal partiendo de una concepción de un Estado Constitucional de Derecho. Dicho análisis será realizado a continuación, el mismo que caerá en la conclusión de que el comportamiento inmerso en el presente tipo penal no puede encontrarse dentro de lo que la sociedad y el derecho actual prohíben.

Luego de esta breve descripción del tipo penal, pasaremos a exponer los argumentos esbozados a favor de la despenalización del homicidio piadoso.

De la Despenalización del Homicidio a Petición

Como bien señala el profesor español Nicolás García Rivas, la problemática de la eutanasia, concepto un tanto más amplio que el homicidio a petición, se puede analizar a partir de dos planos distintos[6]: el de la disponibilidad del individuo sobre su vida, por una parte, y el del estado de sufrimiento que caracteriza al sujeto, por otra [7]. No obstante, como veremos a continuación, dichos planos comparten ideas y principios constitucionales.

A. Sobre la disponibilidad del individuo sobre su vida

La disponibilidad o no de la vida nos obliga a tratar y explicar el problema de lo que Ronald Dworkin ha llamado la “santidad de la vida”. En este sentido, el profesor de la University Collegue of London ha precisado que se entiende por santidad de la vida como un valor que es independiente de todo objetivo, esto es, que la vida humana vale por el hecho mismo de existir, de ahí la importancia de que la vida perdure siempre [8].

El porqué de la santidad de la vida para algunas personas se relaciona con la siguiente pregunta: ¿Por qué le importa a las personas la forma en que van a morir? Ronald Dworkin encuentra la respuesta en lo que él llama “intereses críticos”. Sobre ello se debe señalar que, a diferencia de los “intereses experimentales” que están fuertemente ligados a la satisfacción o placer provenientes de hacer algo, los intereses críticos se refieren a los juicios, convicciones y valores personales, conformando así la idea de lo que es bueno o malo para la vida personal [9]. De esta forma, la decisión sobre el final de la vida refleja la idea de lo que consideramos bueno para la propia vida, toda vez que la muerte es la última posibilidad de expresar en lo que vida fuimos. A manera de ejemplo, quién ha tenido una vida en respeto a ideales católicos, considerando que la vida es un don de Dios, querrá prorrogar su vida a pesar de cualquier padecimiento. Por el contrario, alguien que ha vivido creyendo que el valor de la vida yace en la libertad de decir o en la evitación de dolor y la búsqueda de alegría, quizá decida por no permanecer en un estado de sufrimiento. Como se observa, la santidad de la vida y la importancia de la forma de morir se encuentran dentro del marco de la eticidad, toda vez que inciden en la diferenciación individual y particular de lo bueno y lo malo. A partir de ello cobra importancia lo señalado por Dworkin al momento de decir que la base para defender la disponibilidad de la vida se encuentra en el respeto a los intereses críticos, esto es, en el respeto del Estado por las distintas opciones de vida y de eticidad.

En este punto es pertinente recordar la definición de Estado Constitucional de Derecho otorgada por el maestro italiano Gustavo Zagrebelsky, quien señala que en las sociedades democráticas actuales se ha de pasar de una soberanía del Estado a una soberanía de la Constitución, la cual tendrá como fin la unidad e integración, esto es, la asunción de un pluralismo de valores. Para el logro de tal meta será necesario un sistema constitucional dúctil que aspire a la convivencia de principios a través de una política comunicativa e integradora [10]. En resumen, “Las sociedades pluralistas actuales, esto es, las sociedades dotadas de un cierto grado de relativismo, asignan a la Constitución no la tarea de establecer directamente un proyecto predeterminado de vida en común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma”[11]. Ahora bien, dentro de un estado constitucional como el descrito por el maestro italiano no hay cabida para una prohibición que atente contra el respeto de distintos valores y principios, esto es, un Estado que defienda únicamente un principio absoluto y sacro (en el presente caso, la santidad de la vida). Más aún, dentro de dicho estado sólo hay espacio para un derecho penal que busque garantizar que las relaciones interpersonales se den en respeto mutuo, sólo a partir de ello se puede formar una concepción de lo que es bien jurídico. Acorde con tal ideal, el distinguido penalista y criminólogo argentino Raúl Eugenio Zaffaroni, señala sobre los bienes jurídicos lo siguiente: “Para elaborar el concepto de bien jurídico funcional a la limitación del poder punitivo, deber partirse de la concepción liberal originaria. Desde esta perspectiva, el bien jurídico es la relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto(…)” [12] . Desde una perspectiva distinta, Gunther Jakobs reconoce que “el derecho no es un muro de protección colocado alrededor de bienes, sino el derecho es la estructura de la relación entre personas. Por tanto, el derecho penal como protección de bienes jurídicos significa (¡en todo caso!) que una persona, encarnada en sus bienes, es protegido de frente a los ataques de otra persona” [13][14].

Acorde con todo lo mencionado hasta aquí, se puede señalar que el delito de homicidio piadoso, desde la teoría Gunther Jakobs, no es un delito que viola deber alguno, toda vez que no viola ni un deber de organización, esto es, no injiere en la organización ajena ya que la propia víctima busca el resultado, ni un deber institucional, toda vez que el Estado Constitucional no puede imponer el deber especial de proteger la eticidad de la vida. En tal sentido, la tipificación del delito de homicidio piadoso resulta a todas luces incoherente con el Estado Constitucional de Derecho y con la época actual, en la que el derecho ya no obliga a un perfeccionamiento ético, y en las cuales las obligaciones religiosas tradicionales encontrarían residuo sólo en el ámbito privado[15]. Por tanto, Jakobs concluye con el siguiente aporte: “la norma contra el homicidio a petición y la conversión en tabú, mas o menos vinculada directamente a esto, del suicidio, en una sociedad que maximiza el ámbito libre de vinculaciones, pierde su contexto (…)”[16]. Más aún, como bien señala el profesor italiano Luigi Cornacchia, el homicidio piadoso se encuentra dentro de la organización de la propia víctima, representado solo una modalidad de organización del propio suicidio. Por tanto, la diferencia entre suicidio y homicidio piadoso yace únicamente en la división de tareas, estando siempre la lesión en la esfera del solicitante [17], toda vez que el comportamiento del sujeto activo forma tan solo parte de la organización por la que el primero quiere llegar a su fin: su propia muerte.

B. Sobre el estado de sufrimiento que caracteriza al sujeto

Como vimos al comienzo de éste acápite, el análisis del homicidio piadoso se puede realizar desde dos planos distintos. No obstante, es usual que la doctrina jurídica relegue a un lugar secundario la importancia del sufrimiento a la hora de abogar por la despenalización del homicidio a petición [18]. Hemos señalado anteriormente que la prohibición del homicidio piadoso responde a la santificación de la vida, esto es, a un conjunto de valores y principios propios de la religión; esto a pesar de que, tanto nuestro Constitución (artículo 2° .1) como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no le confieren a la vida este valor trascendente. En este marco valorativo, es interesante alejarnos de dichos criterios religiosos-subjetivos, para poder argumentar en base a criterios objetivos y racionales.

Siguiendo la línea antes trazada, debemos comenzar por citar los principios de la moderna bioética (los cuales siempre deberán ser interpretados de acuerdo al ordenamiento constitucional): no maledicencia, beneficencia, autonomía y justicia. Dichos principios objetivos son definidos de la siguiente forma: principio de no maleficencia, por el cual el médico, ante la disyuntiva del riesgo y el beneficio, siempre intentará optar por el beneficio y evitar el daño; beneficencia, según la cual hay que actuar de acuerdo al mejor interés para el paciente; autonomía, por el cual la autoridad final en lo que a la toma de decisiones se refiere reside en el paciente; y justicia, el cual se refiere a la distribución de servicios sanitarios [19]. Contrario a la tendencia mayoritaria, somos de la idea de que el principio de no maledicencia no debe primar sobre el resto de principios, sino que defendemos, en los casos de homicidio piadoso, la preeminencia del principio de beneficencia. Dicha postura parte de la concepción antes señalada de un Estado Constitucional de Derecho, el cual se encuentra en clara contraposición con un Estado Paternalista fuerte, que opta por defender valores absolutos, sin importarle el interés particular del ciudadano. A partir de ello cobra importancia el elemento típico “intolerables dolores”.

Nos encontramos, en tal sentido, ante la confrontación de dos intereses: la ausencia de los dolores intolerables y la permanencia de la vida. ¿Quién podrá elegir cuál es el interés mayor?. Es aquí donde toma relevancia, desde un rol secundario, el principio de autonomía, en base al cual es sólo el propio sujeto, y no el Estado, quien puede tomar tal decisión. Como bien señala el maestro Diez Ripollés, “la preeminencia de la voluntad o interés del afectado debe regir de modo general”[20].

Por todo lo señalado hasta aquí, y volviendo a la óptica del derecho penal, podemos señalar que nos encontramos, en los casos de homicidios piadosos, ante un estado de necesidad, en el que el mal realizado (acortamiento o fin de la vida) es claramente menor que mal evitado (un sufrimiento excesivo como antesala a una muerte segura)[21]. Por tanto, una interpretación acorde al derecho de libertad, al principio de beneficencia y autonomía, y al Estado Constitucional de derecho, lleva, en la práctica, a la inoperatividad del presente tipo penal, toda vez que siempre se estará actuando conforme al estado de necesidad.

Conclusiones

Los principales argumentos esgrimidos en defensa del la despenalización del homicidio piadoso parten de una concepción del Estado Constitucional de Derecho, el cual vela por la integración y respeto de los distintitos modelos de eticidad de cada individuo. En este marco conceptual, el Derecho penal sólo debe proteger determinadas conductas que lesionen un deber de organización (no injerencia en la libertad del otro) o un deber de institución (deberes específicos otorgados por el Derecho). Es así que, en el caso del homicidio piadoso, no existe arrogación de la libertad del otro, y tampoco se puede hablar de un deber institucional, ya que el estado actual deja la eticidad en la esfera privada. Por el contrario, el comportamiento del sujeto activo se encuentra siempre en la esfera de la organización del propio solicitante, quién dispone del primero para el logro de su finalidad. Asimismo, continuando en el marco del Estado Constitucional de Derecho, se debe tener siempre en cuenta que el homicidio piadoso representa una divergencia de intereses que sólo puede ser solucionada por la decisión del propio individuo. De esta forma, el homicidio piadoso siempre devendrá en un caso de estado de necesidad, en el que se preferirá un interés mayor (la evitación de los intolerables dolores) en menoscabado de un interés menor (el acortamiento de la vida). Finalmente, debemos recordar, una vez más, que todo análisis debe partir de la concepción actual del Estado Constitucional de Derecho; el cual, desde nuestra concepción, debe encontrar la finalidad del Derecho Penal en la necesidad de erigirse como un dique de derechos ante la fuerza abrumadora del poder punitivo estatal [22]. Ello, combinado a todo lo antes señalado, nos hace arribar a la conclusión de que hoy en día es necesaria y urgente la existencia de un artículo que despenalice el homicidio a petición, toda vez que la existencia de dicho delito representa una irracional e incoherente expresión del ius puniendi, contrario al Derecho Constitucional de Derecho.

Julio Rodríguez Vásquez

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[1] JAKOBS, Gunther. ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? En: Libro Homenaje al Profesor Gunther Jakobs. Bogotá; Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 42.

[2] RODRIGUEZ DEVESA, José María. Derecho Penal Español. Madrid; Editorial Gráficas Carasa, 1975. p. 44.

[3] FELIP I SABORIT, David. El homicidio y sus formas. En: Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial. Barcelona, Ateier, 2004. p.44.

[4] BRAMONT ARIAS, Luis Alberto y María del Carmen GARCÍA CANTIZANO. Manual de Derecho Penal Parte Especial. Lima; Editorial San Marcos, 2006. p.69.

[5] En este punto, el profesor Ivan Meini señala que el verbo matar, desde un sentido normativo-social, según el cual el derecho penal sólo prohíbe comportamientos de riesgo prohibido, indica que puede ser realizado no sólo de forma activa, sino de forma comisiva. MEINI, Iván. Comisión por Omisión. Imputación y Responsabilidad Penal. Lima; ARA, 2009. p. 41.

[6] En este mismo sentido, el reconocido jurista y filósofo estadounidense Ronald Dworkin distingue entre argumentaciones que defienden el carácter sagrado de la vida y las que defienden los intereses y derechos de las persona. DWORKIN, Ronald. Life´s dominion. An argument about abortion, eutanasia and individual fredoom. Nueva Cork, Vintage Books, 1994.

[7] GARCIA RIVAS, Nicolás. Hacia una justificación objetiva de la eutanasia. En: Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam. Salamanca, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, 2001. p. 150.

[8] DWORKIN, Ronald. Ob. Cit. p. 69-72.

[9] ALVAREZ DEL RÍO, Asunción. Práctica y Ética de la Eutanasia. México DF, Fondo de Cultura Económica, 2005. p. 74.

[10] ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid; Trotta, 2008. Pp. 10-19.

[11] Ídem. p. 13.

[12]ZAFFARONI, Raúl Eugenio. Manual de Derecho Penal Parte General. Buenos Aires; Ediar, 2005.

[13] JAKOBS, Gunther. Ibídem.

[14] En esta misma línea, el profesor Raúl Peña Cabrera señalo en su oportunidad que la liberta es la fuente generadora de todos los demás bienes jurídicos. PEÑA CABRERA. Tratado de Derecho Penal. Partes Especial I. Lima; Ediciones Juridicas, 1992. p.140.

[15] Ídem. p. 25.

[16]Ídem. p. 26.

[17]COMACCHIA, Luigi. Suicidio y eutanasia. En: Libro Homenaje al Profesor Gunther Jakobs. Bogotá; Universidad Externado de Colombia, 2003.p. 449.

[18] GARCÍA RIVAS, Nicolás. Ob. Cit. p. 150.

[19] FERNÁNDEZ-CREUT NAVAJAS, Joaquín. En: Sesión de la Comisión Especial de estudio sobre la eutanasia, 20 de abril de 1999.

[20]DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. Eutanasia y Derecho. En. Anuario de Filosofía del Derecho. 1995. p.85

[21] GARCIA RIVAS, Nicolás. Ob Cit. p. 163. En el mismo sentido, JAKOBS, Gunther. Ob. Cit.

[22]ZAFFARONI, Raúl Eugenio .Ob Cit.pp.55-77.

¿Presunción de inocencia?: De cómo la opinión pública y la reacción popular corrompen el sentido original de la justicia

2011-11-04T22:47:00.019-05:00

“… la presunción de inocencia se constituye en un principio y garantía que actúa como limite al poder persecutorio del Estado, además de ser un derecho fundamental, de exigir ser considerado inocente, mientras una sentencia judicial declare lo contrario.”

– Fany Quispe Farfán

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una de las frases más escuchadas relacionada a los procesos penales. La frase hace referencia directa al principio de presunción de inocencia, entendido como una actitud favorable al inculpado en el que tanto los operadores del derecho como la comunidad en general están forzados a considerar al sujeto como inocente, hasta que una sentencia judicial lo declare culpable luego de la presentación de los respectivos medios probatorios [1].

Luzón Cuesta, señala que: la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho fundamental y tiene un doble plano de eficacia: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y consiste en el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor del delito; por otro lado, en el campo procesal, en relación a la presentación y actuación de las pruebas [2].

Sin embargo, lamentablemente este principio es violado constantemente antes de que el proceso penal inicie, o incluso antes de que exista una demanda en cuestión. Una de las principales razones por las que este principio es vulnerado, es la influencia de los medios de comunicación, que en su labor “informativa” generan en la opinión publica ideas parcializadas que sin conocer de medios probatorios o principios generales del derecho, le otorgan culpabilidad a una de las partes.

Consecuencia directa de lo anterior, es que se generen conclusiones inexactas, carentes de valor jurídico pero cargadas de valoración social; que tendrán un efecto evidentemente negativo en el honor y la reputación del inculpado. Es el Estado el competente para decidir la inocencia o culpabilidad del sujeto, pero los medios de comunicación masivos se atribuyen la potestad de condenarlo socialmente, fundamentando su opinión en perspectivas parcializadas.

Luis Pásara considera que los medios de comunicación abren un proceso penal paralelo, con relevancia social que somete al sujeto no a una condena judicial sino a una condena popular [3]. En estos casos, los medios de comunicación no actúan en afán de informar y cumplir sus funciones, sino que actúan con el “propósito comercial de aumentar la circulación o la audiencia del medio, la satisfacción de intereses económicos o políticos vinculados a los propietarios del medio, y la venalidad de algunos periodistas que ponen su labor al servicio de quien pueda recompensarla.”

Otra consecuencia importante de la vulneración de este principio, son los efectos que se producen en la opinión del juez, donde se pone en tela de juicio su imparcialidad. El juez tiene el poder de decisión acerca de la libertad de un sujeto de derecho, y en procesos penales la imparcialidad debe ser absoluta por la importancia del derecho que se podría ver restringido: la libertad. Si los medios de comunicación influyen sobre la opinión publica, también lo hacen sobre la de los jueces y demás operadores del derecho que intervengan en el proceso. De esta manera se arriesga uno de los principios jurisdiccionales más importantes en el Estado Constitucional de Derecho.

Un claro ejemplo del tema que se viene tratando, es el conocido caso de Ciro Castillo. El padre de la víctima ha presentado una demanda por homicidio, la cual el órgano jurisdiccional correspondiente deberá resolver para determinar la inocencia o culpabilidad de la acusada, Rosario Ponce (pareja sentimental de la víctima). No obstante, al margen de la demanda por homicidio, los medios de comunicación se han encargado a lo largo de la investigación del caso, de dejar claro a la opinión pública que Rosario Ponce es efectivamente culpable de la muerte de Ciro Castillo.

Esta situación se mantiene desde que Ponce fue encontrada tras haberse perdido en el Valle del Colca con la víctima. Los medios masivos de comunicación, tales como canales de televisión y la gran mayoría de diarios que circulan por nuestro país, han sacado conclusiones de los “indicios” del caso. Resultado directo de esto, es que la opinión pública ha determinado la culpabilidad de Rosario Ponce, no sólo sin las pruebas pertinentes, sino que sin ningún fundamento jurídico u objetivo.

El caso de Rosario Ponce es sólo uno de los varios casos de violación a la presunción de inocencia, que como se ha mencionado incide directamente en otros derechos fundamentales como el honor y la buena reputación.

Definitivamente, no podemos hablar de una auténtica presunción de inocencia en nuestro sistema de justicia, pues esta se ve empañada por factores externos que la corrompen. De esta manera el verdadero sentido de la justicia se ve obstaculizado por los medios de comunicación a tal punto de poner en tela de juicio la imparcialidad de un proceso penal, hecho que tendrá como consecuencia la posible condena de inocentes, o la impunidad de culpables.

Ricardo Santayana Sánchez

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[1] QUISPE FARFAN, Fany. “El derecho a la presunción de inocencia”. Palestra Editores. Lima. Pp. 16, 2001.

[2] CARDENAS RIOSECO, Raúl . “La Presunción de Inocencia”. Editorial Porrúa, 2da. Edición. México. Pp. 23, 2006.

[3] PASARA, Luis. “Conflictos entre medios de comunicación y justicia”. 2003

Sentencia del Caso Paul Garay Ramírez

2011-10-31T09:06:00.003-05:00

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de 18 meses de prisión efectiva impuesta al periodista Paul Garay por presunta difamación al fiscal superior Agustín López Cruz.

En consecuencia ordenó su inmediata libertad, pero esta podría retrasarse injustificadamente hasta la próxima semana. Esto porque de acuerdo con el procedimiento la orden de excarcelación debe ser tramitada por el tribunal superior que dictó la sentencia, es decir, la Sala Penal de Ucayali.

La resolución de libertad fue notificada a esa instancia judicial vía fax para acelerar el trámite, pero hasta anoche la situación era complicada e incierta. Ese documento debe llegar a la dirección regional del INPE y retornar a Lima, pues Paul Garay se encuentra preso en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro.

Ese segundo procedimiento, según funcionarios del INPE de Ucayali, se realizará hoy vía courrier, lo que supone que el trámite se entramparía hasta el miércoles, por el largo fin de semana en las instituciones públicas.

Víctor Valdez, abogado de Garay, anunció que de no tramitarse hoy el documento de libertad interpondrá un hábeas corpus contra los funcionarios del INPE, porque ya no hay motivo legal para que el periodista continúe privado de su libertad.

Absuelto

El tribunal supremo estableció la absolución de Garay porque el fiscal demandante no presentó una prueba que demuestre que el periodista lo difamó y tampoco a través de qué medio lo hizo.

Explicaron los magistrados supremos que según la ley en este tipo de casos corresponde a la persona que se siente agraviada por una publicación presentar las pruebas respectivas, identificar plenamente al agresor y el medio que utilizó.

El fiscal Agustín López presentó un audio de 52 segundos en el que no se identificó la voz de Garay, tampoco la fecha o fechas exactas en que se produjeron los agravios ni la emisora radial a través de la cual se difundió la frase infamante.

Vía: http://www.larepublica.pe/29-10-2011/ordenan-la-libertad-de-paul-garay

. Para ver la sentencia del caso Paul Gray, clic aquí.

Minjus: Perú no se allanará. Caso Chavín de Huántar

2011-10-29T07:48:00.002-05:00

El viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, sostuvo ayer que el Perú "no se allanará" ni aceptará el procesamiento de los comandos que participaron en la operación de rescate Chavín de Huántar, en 1997.

"El Perú ya asumió una posición en relación con este informe, en que no existe allanamiento por parte del Estado y no existe reconocimiento de alguna violación a los derechos fundamentales o derechos de las personas", precisó.

Jiménez indicó que la CIDH emitió "un informe del fondo" el 12 de junio, en relación con un caso que se estaba ventilando en esta instancia, el cual plantea "una serie de cosas" que no pueden ser reveladas porque "es reservado" y corresponde al organismo supranacional hacerlo público.

"En ningún caso, el Perú no aceptará el procesamiento de militares o del comando que estuvo a cargo de esta operación (de rescate)", dijo, al recalcar que esta posición del Estado fue comunicada a la CIDH el pasado 15 de agosto.

Instó a que no se realice ningún tipo de especulación sobre este caso, pues, "el tema es clarísimo, porque el Perú no se ha allanado a ninguna recomendación".

Por lado, explicó que existen dos posibles escenarios: el primero que la CIDH pase este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la segunda que se haga público el informe enviado al Perú.

"Nosotros, como Ministerio de Justicia, defendemos los intereses del Estado. Buscamos que el Perú no sea sometido a otro tipo de cuestionamiento vinculado a la violación de derechos humanos, así como defender hasta donde sea posible la posición del Perú", declaró a RPP.

Caso está sobreseído

Jiménez recordó que el tema del enjuiciamiento a los comandos que participaron en el operativo de rescate de 71 rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima fue resuelto por la Corte Suprema; es decir, es un caso que está sobreseído en la jurisdicción interna.

"Lo que ha pasado es que la autoridad determinó que cuatro personas están procesadas en este momento por delitos serios, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y el coronel (Jesús) Zamudio", aseguró.

Este proceso se inició en mayo de 2002 contra varias personas, en que tan solo 15 militares pasan de la Fiscalía al PJ, "y no los 140 como dicen que fueron procesados", dijo.

Vía:

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=kdoyPxS9NNk=

Primera Sala Penal inició juicio oral por “Caso Romina”

2011-10-26T23:45:00.002-05:00

Audiencia continuará el 03 de noviembre.

La diligencia pública fue suspendida por falta de información del caso del defensor de oficio que se designó al acusado José Luis Astuhuaman Estacio, quien no contaba con abogado.

El Colegiado “Par” de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima inició el juicio oral en el “Caso Romina”. En la audiencia, el Ministerio Público y los abogados de la parte civil solicitaron una serie de pruebas y diligencia para que se pueda esclarecer los hechos mientras dure el proceso oral.

La audiencia fue suspendida por preservar el derecho de defensa del acusado José Luis Astuhuaman Estacio, quien al no contar con abogado, la Sala le designó uno de oficio que no tenía conocimiento del proceso, por ello para que se informe debidamente, la Sala suspendió la diligencia hasta el 03 de noviembre, a las 12:15 horas, en el penal de Lurigancho.

En la audiencia estuvieron presentes los procesados José Luis Astuhuaman Estacio, Hendelbert Luis Parra Delfín, Miguel Freddy Sandonaz Rojas acusados como autores de los delitos contra el Patrimonio – Robo Agravado en agravio de Luis German Cornejo Salinas, María Rosario Vega Martínez, Carla Yanina Tellería Vargas y Romina Cornejo Ramos (con resultados de lesiones graves), y por el delito de Hurto Agravado en agravio de Gabriel Matos Lázaro.

El Colegiado integrado por los jueces Juan Carlos Aranda Giraldo, Josefa Vicenta Izaga Pellegrin y Arturo Zapata Carbajal llamaron la atención al Instituto Nacional de Centros Penitenciarios (INPE), ya que la audiencia tuvo un retraso de una hora y media, por la demora de la llegada de los procesados.

Los que no se presentaron y se encuentran en la situación de reos ausentes son Antonio Efraín Bello Ramírez y Oscar Álvaro Tejada Bellido.

Cabe mencionar que para los procesados el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima de cadena perpetua, ya que los delitos han sido tipificados con agravantes.

Vía:

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlimapjcs/s_corte_superior_lima_utilitarios/as_home/as_imagen_prensa/as_archivo_noticias/csjli_n_juicio_caso_romina_241011

Liberan a 897 presos gracias a beneficios

2011-10-24T08:36:00.001-05:00

Es posible que estén en la calle a la espera de su próxima víctima. Probablemente, hayan encabezado algunos de los asaltos y secuestros en la capital. No debería descartarse que estén organizándose para una próximo golpe. Avezados reos en Lima están libres gracias a los beneficios penitenciarios que obtuvieron.

Solo en la Corte Superior de Justicia de Lima se han otorgado, hasta agosto de este año, 523 beneficios a presos acusados de diferentes delitos. En tanto, la Corte Superior del Callao, hasta hace un mes, la cifra era de 374 excarcelados.

En total, se han otorgado 897 beneficios penitenciarios. Según registros de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el año pasado la cifra fue mayor. Sin embargo, este dato no debería ser consuelo. Al contrario, la población tiene que estar alerta.

La mayoría de presos excarcelados tenía condena por tráfico ilícito de drogas, robo y hurto agravado, secuestro y tenencia ilegal de armas.

RESPONSABLES

Para el consultor de la Asociación Projusticia, Eduardo Castillo, el ‘relajo’ de algunas autoridades es uno de los factores que ha permitido que hampones de alta peligrosidad vuelvan a las calles.

Castillo asegura que falta mayor compromiso por parte de los jueces para analizar los expedientes de cada reo.

“Los magistrados deben ser más estrictos y minuciosos, y deben verificar de manera exhaustiva cada uno de los informes que el INPE hace de los presos. Tienen que ver si el interno se ha preocupado más por rehabilitarse que en hacer líos en el penal”, agrega.

LOS INVESTIGAN

Prueba de este problema es que solo en Lima y Callao, catorce jueces se encuentran con procedimiento disciplinario por haber otorgado de manera irregular los beneficios penitenciarios. Otro dato importante: al menos, 105 de los procesos han sido observados.

Castillo recuerda que no solo el Poder Judicial es responsable de este panorama. En su opinión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público deben responder por la actual situación.

El examen psicológico que realiza el INPE es fundamental en el proceso. No obstante, a veces hay descuidos o circunstancias extrañas. “Han habido casos en los que los reos pagan al psicólogo para que emita un informe favorable al respecto”, detalló el especialista.

LOS ‘ANGELITOS’

El magistrado de primera instancia de la OCMA, Luis Solís Vásquez, asegura que ya se han dictado las directivas pertinentes para capacitar a los magistrados en el análisis de las solicitudes de excarcelación.

“El problema es que el juez debe creer en lo que le dicen las pruebas, que son los certificados de conducta y psicológicos del reo. Si en esos expedientes se afirma que el preso es todo un angelito, y el fiscal lo aprueba, lo único que le queda es aceptar la solicitud”, señala.

Solís asegura que se ha pedido a los magistrados que se tomen el tiempo necesario para, si es posible, entrevistarse con los psicólogos del INPE.

Cabe indicar que no cuentan con ningún beneficio penitenciario los procesados por violación sexual a menores de 12 años, terrorismo y/o traición a la patria, tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada, lavado de activos, trata de personas en la modalidad agravada y robo agravado con consecuencia de muerte.

Vía:

http://peru21.pe/noticia/1322722/liberan-897-presos-gracias-beneficios

Defensoría del Pueblo revela que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria se ha incrementado en casi un 100%

2011-10-21T22:06:00.002-05:00

Un panorama muy preocupante: de los 66 establecimientos penitenciarios que hay en el territorio nacional, solo 12 se encuentran en óptimas condiciones.

Así lo reveló un estudio de la Defensoría del Pueblo, el cual fue presentado ayer ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Entre esas 12 cárceles figuran Piedras Gordas I y II, Cañete y Huaral. El informe añade que 29 se hallan en condición regular, y las 25 restantes, en pésimo estado, como Lurigancho y Sarita Colonia.

MUJERES Y JÓVENES

Además, el estudio de la Defensoría del Pueblo revela que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria se ha incrementado en casi un 100%.

De los 24,287 reos que había en los años 90, a la fecha hay 48,858 internos en las diferentes prisiones a nivel nacional.

En el Perú son 3,015 las mujeres privadas de su libertad, lo que equivale a un 6% del total de presos en el país. Además, entre 2006 y 2011 fallecieron 122 internos debido a diversas enfermedades o suicidios dentro de las cárceles. De igual manera, entre las rejas hay 1,083 jóvenes de entre 18 y 19 años, quienes no son debidamente separados del resto de reos.

PRESUPUESTO IDEAL

Según el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Jorge Ávila Herrera, urgen 160 millones de nuevos soles para solucionar las falencias del Instituto Nacional Penitenciario: problemas de infraestructura, niveles de inseguridad en los recintos y falta de personal adecuado.

“Los índices de aumento de inseguridad ciudadana y la desconfianza de la sociedad en los últimos cinco años son por los escándalos en las cárceles. Esas imágenes dinamitan la confianza de la población”, expresó al citar las fugas y el ingreso de armas.

El representante de la Defensoría señaló a Perú21 que ahora que se han eliminado algunos beneficios penitenciarios las prisiones tienen más población.

De hecho, muchos establecimientos ya son considerados “fábricas de delincuencia”.

De acuerdo con Ávila, una de las primeras acciones que debería tomarse es la construcción de tres penales –uno de ellos fuera de la capital– “para descongestionar el de Lurigancho”.

“También le estamos recomendando al Poder Ejecutivo la elaboración de un plan de trabajo de 10 años y la creación de una comisión de lucha contra la corrupción”, anotó.

Desde 1996, la Defensoría del Pueblo se encarga de monitorear y supervisar las condiciones del sistema penitenciario en nuestro país.

Vía:

http://peru21.pe/noticia/1321226/solo-12-66-penales-buena-condicion

Sistematizan jurisprudencia

2011-10-19T09:31:00.001-05:00

TC presenta nuevo soporte informático para difundir fallos. Herramienta recopila las 700 mejores sentencias del colegiado.

Una nueva herramienta de ayuda para la práctica jurídica presenta hoy el Tribunal Constitucional (TC), a través del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Se trata de la segunda edición de la sistematización de su jurisprudencia presentada en un disco multimedia interactivo que proporcionará a la comunidad jurídica las sentencias más importantes adoptadas por este colegiado hasta julio pasado.

Así lo informó el magistrado y director de este centro, Gerardo Eto Cruz, quien agregó que este formato digital fue elaborado con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un esfuerzo por fortalecer a la seguridad jurídica en el país como institución, promover la transparencia en el sector Justicia e impulsar una cultura constitucional en la ciudadanía.

Aporte a magistrados

Este disco compacto, que en principio se entregará a los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público, contiene una sumilla, un extracto del fallo, las palabras claves de la sentencia, los derechos constitucionales invocados, las referencias normativas y concordancias jurisprudenciales nacionales e internacionales. Además, las fichas están enlazadas a las respectivas sentencias que dan lugar a su desarrollo en caso se quiera consultar el fallo completo.

Ofrece asimismo publicaciones en versión digital del referido centro de estudios, enlaces de interés nacional e internacional y todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, detalló Eto Cruz, quien explicó que el trabajo de sistematización tiene el objetivo de resolver el problema de la ubicación del precedente obligatoria en las distintas ramas del derecho, en forma fácil y oportuna.

Capacitación

Respecto a la labor de este centro de estudios, el magistrado señala que dicha institución constituye el soporte del tribunal para la divulgación de su jurisprudencia, el cual se realiza a través de cursos, diplomados y seminarios de toda naturaleza, así como con la publicación de investigaciones desarrolladas en el colegiado.

Agregó que este centro realiza una serie de aportes no solo para entender lo que el tribunal emite a través de los fallos jurisprudenciales sino de cómo es la argumentación, no solo en Lima sino también en provincias. "Por tanto, la principal función del centro es fortalecer la presencia institucional del tribunal, fomentando el debate y conocimiento de temas constitucionales y su jurisprudencia".

Más proyectos

El director del CEC adelantó que esta entidad viene trabajando diversas publicaciones referidas a la labor jurisprudencial del TC. Entre ellos, un texto de comentarios

de juristas extranjeros sobre decisiones nacionales, como la libertad de religión.

Se prepara asimismo un diccionario constitucional para 2012, que recogerá las definiciones y jurisprudencias dictadas por el colegiado sobre los principales derechos e instituciones jurídicas en el país. Por ejemplo, lo que significa la libertad de conciencia, de religión, debido proceso, tutela judicial, entre otros.

También evalúan la posibilidad de reproducir toda la legislación procesal constitucional de Iberoamérica, las constituciones latinoamericanas y un estudio sobre los procesos de inconstitucionalidad por omisión, cuando se incumple con la publicación de leyes

que exige la Constitución.

Deberes de la sociedad civil

El TC prepara un proyecto de sentencia referida a los deberes de la sociedad civil, adelantó su magistrado Gerardo Eto Cruz, quien agregó que en el país siempre se exigen derechos, pero muchos olvidan que correlativamente también existen responsabilidades en todos los ámbitos, sean en la familia o la empresa.

La idea del colegiado, añadió, es elaborar una especie de ética laica para precisar que la sociedad civil también tiene deberes, sean civiles, constitucionales, obligaciones cívicas, entre otras. Igualmente, elaborarán una nueva interpretación de las empresas respecto al uso de las computadoras de su personal en horas de trabajo.

Vía:

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=CU3VLsCPQvY=

Poder Judicial presentará la próxima semana proyecto de creación de Corte Superior Nacional

2011-10-19T09:09:00.003-05:00

Para el juzgamiento de graves delitos como narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado, entre otros.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó el proyecto de ley de creación de la Corte Superior Nacional, que se encargará de juzgar delitos graves (delincuencia violenta, crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo), y ciertos procesos de amparo y contencioso administrativos de trascendencia nacional. Esta propuesta será presentada la próxima semana ante el Congreso de la República, para su debate y posterior aprobación.

Así lo informó el Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, quien precisó que la creación de este nuevo órgano jurisdiccional estará apoyada con una propuesta de modificación del texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El doctor San Martín Castro hizo este anuncio durante su presentación en la inauguración de la conferencia internacional "Por un país sin miedo: propuesta civil sobre seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico", actividad organizada por la asociación civil "Comunidad Peruana de Seguridad y Justicia" (COPESEJ), con el apoyo de la ONG Projusticia.

La autoridad judicial fundamentó la creación de la Corte Superior Nacional porque se requiere concentrar recursos humanos, logísticos y organizativos para generar un bloque judicial que dé una respuesta sustantiva a problemas como, por ejemplo, el de la inseguridad ciudadana.

Indicó que para ello se necesita, entre otros aspectos, cuerpos periciales sólidos, y jueces bien capacitados, los cuales deberán además mostrar probidad en el ejercicio de las funciones que se le han confiado.

Seguridad ciudadana

Asimismo, San Martín demandó que cada instancia del Estado y de la sociedad asuman su responsabilidad por la seguridad ciudadana.

En ese sentido, hizo una exhortación a la comunidad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales, las juntas vecinales, los alcaldes, y a la conciencia general del país, para que así todos asuman el rol que les corresponde, y juntos poder sentar las bases de una sociedad civilizada sin violencia.

Manifestó que lo que se pretende es que el Poder Judicial se convierta en el bastión de la defensa de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, pero también el bastión que garantiza la seguridad ciudadana.

Congresista Cecilia Chacón

De otro lado, abordado por la prensa acerca de un pedido para que la congresista Cecilia Chacón se presente a las citaciones judiciales, refirió que "el llamamiento judicial es una obligación para todos los ciudadanos. La ley es igual para todos, y en tanto se han cumplido los procedimientos legalmente establecidos, quien es convocado tiene que acudir".

Reiteró que el Poder Judicial es independiente en una democracia constitucional: "Los jueces no están sujetos a presiones, y yo garantizo la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial", acotó.

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19186&opcion=detalle

Definen temas que se debatirán en VII Pleno Supremo Penal

2011-10-14T17:59:00.003-05:00

Plenario abierto se realizará el próximo 2 de noviembre

La Coordinación del VII Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema, a cargo del doctor Víctor Prado Saldarriaga, definió los temas que se abordarán este 2 de noviembre próximo, durante el plenario abierto que se realizará a partir de las nueve de la mañana en el Salón Vidaurre de Palacio de Justicia, teniendo como característica principal la amplia participación de la comunidad jurídica en forma individual e institucional.

La fecha del plenario abierto, prevista inicialmente para el 27 de octubre, sufrió una modificación al coincidir con el V Congreso Nacional de Jueces que se efectuará en la ciudad de Tarapoto. La elección de los temas del plenario se hizo en base a las 32 ponencias presentadas y son sobre Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho de Ejecución Penal

Sobre Derecho Penal

Respecto a la Parte General se debatirá el tema "La duplicidad de los plazos de prescripción que regula el artículo 80 in fine del Código Penal y el extraneus, con las ponencias de la doctora Ana Cecilia Hurtado Huailla en representación del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), y de los profesores de Derecho Penal, Percy Cavero García y Raúl Pariona Arana.

En la Parte Especial se abordará "Delitos contra la libertad sexual y trata de personas: diferencias típicas y penalidad" con exposiciones del doctor Carlos Caro Coria del CEDPE, y de la institución Capital Humano y Social Alternativo (CHS).

Sobre "La relevancia del valor bien mueble objeto de hurto para la configuración de las circunstancias agravantes del artículo 186 del Código Penal", expondrán el profesor de Derecho Penal de la universidad San Marcos, doctor Silfredo Hugo Vizcardo; el doctor Shikara Vásquez Shimajuko del CEDPE; los doctores Begonia Velásquez Cuentas y Aníbal Paredes Matheus, de la Escuela Judicial Cusco; y el Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular de Ayacucho, doctor Rafael Cancho Alarcón.

En el tema "Los viáticos como objeto material del delito de peculado" disertarán los juristas Luis Reyna Alfaro del CEDPE, Fidel Rojas Vargas e Iván Montoya de IDEHPUCP.

Sobre Derecho Procesal Penal

Acerca de "Medidas cautelares y lavado de activos: presupuestos, requisitos y límites", expondrá la doctora Sonia Medina Calvo, de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de TID, lavado de activos y pérdida de dominio.

Sobre "Motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de oralidad: necesidad y forma", disertarán el juez superior de la Corte Superior de La Libertad, doctor Víctor Burgos Mariños, y el Presidente de la Corte Superior de Arequipa, doctor Jorge Salas Arenas.

En el tema "La valoración de la prueba en los delitos contra la libertad sexual: criterios y reglas para su aplicación", presentarán su ponencia la viceministra de la Mujer y Desarrollo Social, doctora Rocío Villanueva; el abogado Ronald Gamarra, y la institución DEMUS.

El doctor Fernando Iberico Castañeda del CEDPE, la jueza especializada doctora Carmen Peñafiel Díaz, y el abogado Gonzalo del Río Labarthe, disertarán sobre "La constitución del acto civil como parte en el Código ProcesalPenal de2004: requisitos, oportunidad y forma".

Sobre Derecho de Ejecución Penal

Sobre esta materia expondrán un representante del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el profesor de Derecho de Ejecución Penal, Germán Small Arana y el doctor José Ávila de la Defensoría del Pueblo con el tema "El régimen de beneficios penitenciarios en los delitos de terrorismo y criminalidad organizada: presupuestos, requisitos y límites".

Vía:

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=19168

Revocan mandato de comparecencia restringida contra Abencia Meza Luna

2011-10-11T23:07:00.010-05:00

INCIDENCIA N° 26704-2009 CASO ABENCIA MEZA LUNA

La Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel dicta mandato de detención contra Abencia Meza Luna, en el proceso que se le sigue por el presunto de delito de Homicido Calificado en agravio de Alicia Delgado Hilario.

Si quieres ver la Incidencia N°26704 de la Cuarta Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, haz clic aquí .

Tribunal Constitucional declaró improcedente Hábeas Corpus de Joran Van der Sloot

2011-10-09T19:11:00.008-05:00

"Así lo decidió el Pleno del Colegiado al resolver la demanda contenida en el Expediente Nº 02633-2011-PHC/TC, la que tenía por objeto que se declare la nulidad de la investigación a nivel fiscal y policial en el marco del proceso penal que se le sigue al favorecido, quien alega la presunta violación de los derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, a la presunción de la inocencia y otros". (Nota de Prensa N° 418-2011-OII/TC).

Mira aquí la Resolución del Tribunal Constitucional.

Con Olor a Justicia: Apuntes del Acuerdo Plenario 9-2009 sobre Desaparición Forzada

2011-09-19T22:55:00.012-05:00

"mamá por favor conseguir abogado y hacer los modos posibles de que me pasen al juzgado porque mi situación está complicado, yo me encuentro bien, no se preocupen, pero de todas maneras insista diario al Cuartel para que me pasen al Juzgado o hablar con alguien y conseguir dinero, chau Arquímedes”

(En la foto: Angélica Mendoza de Ascarza)

Decía la nota que Arquímedes Ascarza Mendoza envió a su madre en un pedazo de papel de costalillo de azúcar por intermedio del Sub- Oficial E.P Rosalino Moisés Pujaico Quispe, quien era músico del cuartel “Los Cabitos”, y tío del agraviado. Hasta hoy Angélica Mendoza, madre del autor de la nota, aguarda noticias de su hijo quien el 02 de Junio de 1983 fue intervenido por agentes del Estado que entraron a su domicilio acusándolo de terrorista, y lo condujeron al cuartel “Los Cabitos”, luego de 15 días de estar detenido envió dicha nota a su madre, y nunca nadie más supo de su paradero.

Este caso, es el que dio inicio a las investigaciones en la CVR sobre las irregularidades que se presentaron en el decurso de las detenciones efectuadas en el cuartel “Los Cabitos” así como en el inmueble conocido como “La Casa Rosada” entre los años 1983 a 1985, las mismas que determinaron por lo menos 136 casos de detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Es así que casi después de 30 años se han judicializado estos casos y se ha iniciado el juicio oral del proceso penal que recoge una parte de los casos denunciados por las víctimas ante la CVR , o más conocido como “Cabitos 1” ( Exp. 35-06). En este juicio se les imputa a siete oficiales del Ejército, en la modalidad de autores mediatos por dominio de organización y de responsabilidad por el mando, la comisión de crímenes contra la humanidad, en la calificación internacional, y en la calificación interna , respetando el principio de legalidad, se ha calificado según el Código Penal de 1924, vigente al momento de la comisión de los hechos: a) abuso de autoridad agravado, en la modalidad d detención arbitraria, y retención ilegal de un detenido, prolongación indebida de detención sin poner a disposición del juez competente , aplicación de vejaciones, tratos humillantes crueles y apremios ilegales, privaciones arbitrarias, detención en lugares distintos a la cárcel, b) uso de la violencia, práctica de la tortura y secuestro agravado, c) lesiones agravadas, d) secuestro, e) Desaparición Forzada ( este delito por su naturaleza permanente ha sido calificado según el código actual) .

Sería ambicioso y poco serio abordar la problemática jurídica que presentan los mencionados delitos, por ello nos concentraremos solo en los problemas que han representado judicializar la desaparición forzada de cara al acuerdo plenario 9-2009 de la Corte Suprema, sobre desapariciones forzada.

En el mencionado proceso, se ha llegado a identificar 38 víctimas de desaparición forzada, incluyendo a Arquímedes Ascarza, autor de la nota citada. Sin embargo, por el fundamento 15 de dicho acuerdo plenario, la imputación a los autores de dicho delito se haría imposible, puesto que en relación a la aplicación temporal y espacial de la ley que tipifica la desaparición forzada señala:

“No obstante que subsista el estado de desaparición de la víctima al momento de entrar en vigor la ley que tipificó el delito de desaparición forzada de personas, como se está ante un delito especial propio –sólo puede ser cometido por funcionarios o servidores públicos- es indispensable que tal condición funcionarial esté presente cuando entra en vigor la ley penal. En consecuencia, si el agente en ese momento ya no integra la institución estatal y la injerencia se basa en primer término en el estatus de agente público, no es posible atribuirle responsabilidad en la desaparición cuando la ley penal entra en vigor con posterioridad al alejamiento del sujeto del servicio público”.

Como se aprecia de la literalidad de este acápite, a pesar de la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, se permitiría a partir de este acuerdo plenario, que quienes cometieron el delito de desaparición forzada, y que prevaleciendo aún los efectos de la desaparición al no tener noción del paradero de las víctimas; por el hecho de haber pasado al retiro antes de 1991 queden exentos de sanción, propiciando la impunidad; pues si revisamos el informe final de la CVR veremos que hay aún muchos casos en el Perú que después de casi 30 años no encuentran justicia; ello sin contar los casos denunciados directamente ante la fiscalía.

Otro factor importante a tener en cuenta será que en la mayoría de casos los imputados, al momento de la comisión de los delitos ya ocupaban y tenían altos rangos militares, por lo que naturalmente después de 10 años (1991- fecha en que se incluyó por primera vez el delito de desaparición forzada en el Código Penal), ya habían pasado al retiro, como sucede en el caso Cabitos en que los imputados ostentaban los grados de general, coronel y mayor respectivamente al momento de comisión de los hechos, y que al año 1991 algunos ya habían pasado al retiro.

El cuestionamiento, y quizá hasta la justificación obvia que salta a la vista, para la redacción de dicho acápite, es la referente al principio de legalidad, materia que creemos debe abordarse desde la perspectiva de la aplicación de la ley penal en el tiempo; la consumación y los efectos del delito permanente, la condición de funcionario público y el deber de informar nacido en la detención (injerencia).

En relación a la aplicación de la ley penal, naturalmente partimos de la garantía de la irretroactividad de la ley penal desfavorable, tal como lo resguarda la Constitución en su art. 103, según la cual las normas rigen a partir del día siguiente de su entrada en vigencia, y excepcionalmente regirán a los hechos ocurridos con anterioridad cuando sea favorable. Ahora bien, el TC en la sentencia recaída sobre el expediente 2488-2002-HC/TC, ha señalado que atendiendo a la naturaleza permanente del delito, se podría hacer una aplicación inmediata del tipo a quienes en ese momento ejecuten el delito sin que ello signifique la aplicación retroactiva de la ley penal. En el parecer del Dr. Montoya, tal razonamiento sería aplicable tanto para los casos en que la privación de la libertad se produjo antes de la vigencia del tipo de injusto( caso Cabitos), como para los casos en que la privación se produjo durante los dos meses que el delito estuvo derogado.

Así mismo atendiendo a que el bien jurídico protegido es el reconocimiento de la personalidad jurídica del detenido, este se verá afectado no solo con la privación de la libertad, que incluso podría ser lícita, razón por la cual la detención será solo uno de los elementos del tipo o un presupuesto; sino que se verá definitivamente vulnerado con la omisión de informar que impide la protección jurídica del estado o la comunicación con su abogado o familiares.

Ahora bien, esto último está íntimamente ligado con el momento de la consumación, ya que una parte de la doctrina en el Perú (Dr. Meini, entre otros) considera que el delito de desaparición forzada se consuma con los elementos que contiene la omisión de informar, y niega la condición de delito permanente; ello como es evidente representa un obstáculo en el principio de legalidad ya que se situaría la aplicación de la ley penal vigente al momento de la consumación, es decir cuando se omitió informar sobre su paradero.

Frente a ello existe otra postura que compartimos junto con el Dr. Montoya, que señala ,que desde el ángulo de la consumación tanto el delito instantáneo como el permanente , serán iguales, ya que el delito se consumará cuando se configuren todos los elementos del tipo, es decir también con la omisión de informar. Sin embargo, hace una atingencia, ya que también toma en cuenta la terminación o consumación material del delito, que en el caso de desaparición forzada será el tiempo que trascurrirá desde que se niega información sobre el detenido, hasta que aparece o se conoce su paradero. Por lo tanto no será la consumación formal la que determine la naturaleza permanente del delito, sino la terminación o consumación material del delito, que tendrá en cuenta el desvalor de acción y el desvalor de resultado en los efectos permanentes, y que dependerá de la naturaleza comprimible del bien jurídico ( desvalor de resultado susceptible de prolongarse en el tiempo), y del desvalor de la conducta que tiene que consistir en una forma de ataque permanente al bien jurídico.

En la desaparición forzada, y específicamente en Cabitos, se cumplen ambos con la constante negativa a informar que prolonga sus efectos al no identificar el paradero de los desaparecidos. Por lo tanto la consumación se mantiene en el tiempo, teniendo en cuenta los dos elementos señalados, perdurando la situación antijurídica, y cumpliendo con la consumación material del delito durante el tiempo que permanezca desaparecido.

En relación al deber de informar, es pacífico en la doctrina, y en el propio acuerdo plenario que este subsiste a pesar que hayan pasado al retiro, en tanto prevalece el deber de informar sobre su paradero fruto de la injerencia (posición de garante) nacida en la detención lícita o ilícita, con lo que no encontraríamos mayor inconveniente en la judicialización.

Definitivamente la primera postura señalada líneas arriba ha sido la adoptada por el acuerdo plenario, sin embargo ello genera la impunidad que también es un principio que complementa el principio de legalidad y permite la flexibilización del mismo, tal y como fue planteado en los tribunales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y la Ex Yugoslavia, donde ante la atrocidad de los crímenes se permitió juzgar a los autores de dichos delitos con estatutos creados contemporáneamente a los tribunales, haciendo prevalecer el principio de no impunidad frente al de legalidad, ante la magnitud de los crímenes y la necesidad de justicia que estos reclamaban.

Finalmente si bien es cierto que los acuerdos son vinculantes según el artículo 22 de la Ley orgánica del Poder Judicial, también es posible apartarse de estos, motivando debidamente dicho acto. Creemos que ante un supuesto de excepción como el que acabamos de plantear es conveniente y necesario preferir que los deudos de los desaparecidos en el cuartel cabitos, que Angélica Mendoza, y que toda la sociedad peruana reciban lo que esperan y merecen hace casi treinta años: justicia.

Por: Andrea Trigoso Ibáñez

TELMO HURTADO Y LA HORA DE LA VERDAD: LA MASACRE DE ACCOMARCA (PARTE I)

2011-08-03T21:58:00.025-05:00

"No se puede responsabilizar al

imputado de las muertes en Accomarca(...)

por cuanto el militar que las causa en pleno ejercicio

de sus funciones empleando las armas que la

Nación le ha confiado para su empleo y excediéndolo(sic) en

su uso indiscriminado tiene que considerarse como constitutivo

del delito de abuso de autoridad".

(Fragmento de la sentencia del Consejo de Guerra

Permanente de la 2º Zona Judicial del Ejército,

Caso Telmo Hurtado-Masacre de Accomarca,

Expediente No 1694-85. Fojas 3041 – 3045)

Intro

Uno de los eventos más dramáticos del sangriento conflicto que desató Sendero Luminoso, fue la masacre de Accomarca. Por alguna absurda razón (posiblemente la ausencia de un juicio de la misma magnitud que el de Fujimori), este caso no ha merecido la misma atención que las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, pese a que la cifra de civiles muertos los supera largamente. Ahora que Telmo Hurtado acaba de ser extraditado, es probable que el caso recupere el interés de los medios.

Desde el punto de vista jurídico-penal, Accomarca plantea dos problemas muy interesantes: ¿es posible aplicar la regla de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad a un hecho ocurrido antes de la entrada en vigor de la norma que establece dicha regla? Más aun, ¿es posible calificar un delito como de “lesa humanidad” cuando éste se produjo antes de la promulgación de la norma que define lo que es un delito de lesa humanidad, sin violar el principio de legalidad? Intentaré dar una respuesta mínimamente satisfactoria a estas interrogantes en la segunda parte de este artículo. En ésta primera entrega, me interesa hacer algo bastante más importante que discutir teorías jurídicas: referirme, aunque sea rápido, a la masacre.

El distrito de Accomarca se encuentra ubicado en la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, en la zona sur-central de nuestro país. Si hiciésemos un “zoom” progresivo en cada una de estas 3 localidades, obtendríamos la siguiente imagen:

La forma de conejo –símbolo de la buena suerte- que parece tener uno de los departamentos más golpeados por la pobreza y la violencia senderista, es una ironía cruel. Ayacucho conforma, junto con Moquegua, Apurímac y Huancavelica, el llamado “trapecio andino”: la zona de mayor pobreza crítica del Perú.

Creo que quise comenzar a contar esta historia ubicando brevemente a Accomarca en un lugar y un contexto determinados como una forma de aferrarme a la realidad. Tal vez una parte de mi todavía intenta creer que los hechos que voy a narrar a continuación son parte de una película de terror.

Pero no lo son.

Las fosas comunes repletas de los huesos calcinados de más de 50 cadáveres de comuneros (incluyendo hombres, mujeres y niños) que fueron encontradas en 1985 en Accomarca (y que han seguido apareciendo al menos hasta marzo del 2008) son reales.

Los cadáveres no se prenden fuego a sí mismos.

La versión (resumida) de la CVR sobre la masacre (compartida en sus puntos esenciales por las organizaciones de Derechos Humanos[1]) es la siguiente: en agosto de 1985, las autoridades militares de Ayacucho se convencieron de la existencia de una “escuela popular” de Sendero Luminoso (SL) ubicada en la parte baja de Accomarca –quebrada de Huancayoc-. Decidieron organizar un operativo para “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes”, el mismo que recibió el nombre de “Plan operativo Huancayoc”[2]. Básicamente, el plan consistía en enviar dos patrullas de aproximadamente 18 militares (patrulla “Lince 6” y patrulla “Lince 7”) a destruir la escuela popular. Las “escuelas populares” eran centros de adoctrinamiento y aprovisionamiento empleados por SL en su insania por conquistar el poder.

El subteniente EP Telmo Ricardo Hurtado Hurtado tenía 23 años (uno más que yo) cuando lo pusieron al mando de la patrulla “Lince 7” y le ordenaron ejecutar el Plan “Huancayoc”.

Aunque no justifica lo que pasó luego, este no es un dato menor. Dice mucho sobre la política antisubversiva del ejército y el gobierno en la época.

El 14 de agosto de 1985, la patrulla al mando de Hurtado ingresó a Accomarca y sacó a los comuneros de sus casas para reunirlos en una zona conocida como Hatunpampa. En este proceso, los militares dispararon contra 2 habitantes de la localidad, matándolos. Pese a que la propia CVR ha considerado en su informe que sí existió un campamento senderista en Accomarca entre 1983 y agosto de 1985, la patrulla no encontró material subversivo luego de buscar en las chozas de los pobladores. Entonces, por orden expresa del subteniente, las aproximadamente 50 personas (entre hombres, mujeres y niños) que estaban reunidas en Hatunpampa fueron llevadas por los militares a la casa de uno de los comuneros. Posteriormente, fueron divididas en 2 grupos e introducidas en ambientes separados.

Cuando terminaron de entrar, Telmo Hurtado le ordenó a su tropa abrir fuego a quemarropa contra ellos.

El propio Hurtado arrojó luego una granada contra estas personas, causando una explosión e incendiando los lugares donde estaban los cuerpos de las víctimas.

Debido al estado en que quedaron los cadáveres, no ha sido posible, hasta el día de hoy, determinar fehacientemente si las mujeres que estaban en el grupo de los 50 fueron, además, violadas por los soldados (tal y como afirman los supervivientes que pudieron escapar de la masacre). Por si esto fuera poco, efectivos del ejército regresaron después a Accomarca para matar a los testigos del hecho que encontraron, y es por eso que la cifra actual de muertos oscila entre 62 y 69.

Poco se sabe sobre la versión de los hechos que ofrecen los imputados. Sin embargo, a lo largo de los muchos “procesos” ante el fuero militar que se le abrieron por el caso Accomarca, Telmo Hurtado realizó ciertas declaraciones claves. Por ejemplo, aquella en la que señala que se reunió en Lima con el general Wilfredo Mori y que, como producto de la reunión, aceptó asumir la responsabilidad del caso para no perjudicar la carrera de éste. O aquella otra, en la que señaló que el mismo general le encargó “limpiar” la zona antes de que la comisión investigadora nombrada por el congreso en 1985 llegase al lugar. “Limpiar” significaba eliminar cualquier vestigio que pudiese causarle problemas al ejército (Expediente No 1694-85. Fojas 3020 y vta.). En 1986, el propio Hurtado reconoció, ante el fuero militar, ser el único responsable de la masacre.

El último hecho relevante del caso tiene que ver con lo que hizo el Estado Peruano (durante los gobiernos de los Sres. García y Fujimori) después de la masacre. Es cierto que hubo una comisión investigadora del Congreso en 1985, y que en algún momento un Fiscal militar planteó una acusación seria contra Telmo Hurtado en dicho fuero. Pero también son ciertos los siguientes hechos:

17/9/1985: El fuero militar abre proceso por la masacre contra Telmo Hurtado, por los delitos de “ABUSO DE AUTORIDAD” y otros. Nota: el delito de abuso de autoridad estaba tipificado en el Código Penal de 1924 con una pena menor que, como es evidente, no reflejaba el desvalor del injusto que correspondía a un hecho como el de Accomarca. Los asesinatos, por regla general, nunca pueden ser considerados como “delitos de función”, pero una interpretación tendenciosa del fuero militar buscó y logró atribuirle esta categoría a la masacre, para poder así fundamentar, con el apoyo de la Corte Suprema de aquel entonces, su propia competencia.

10/1985: Luego de hallar 7 fosas con restos humanos en Accomarca, y mientras el proceso ante el fuero militar transcurría, el MP denunció a Telmo Hurtado y a otros oficiales de la Patrulla “Lince 7” por homicidio calificado, en el fuero civil. El proceso penal se inició ante el juez instructor ad-hoc Huamani. Sin embargo, ese mismo mes, el fuero militar promovió una contienda de competencia, que fue resuelta a su favor por la Corte Suprema, alegando la comisión de un delito de función. A raíz de esto, tuvimos a militares juzgando militares por el caso Accomarca, durante casi 10 años en este caso.

1986: Telmo Hurtado admitió ser el único responsable de lo que sucedió en Accomarca, en cumplimiento, dijo, de los procedimientos militares en la lucha contra el terrorismo. (Ver diario La República aquí).

15/10/1987: La Sala de Guerra de la 2º Zona Judicial absolvió a todos los procesados de las acusaciones más graves, y solo condenó a 4 años de prisión a Telmo Hurtado, por el delito de “abuso de autoridad”. Esta sentencia estaba tan mal fundamentada que fue anulada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, que devolvió el caso a la segunda zona judicial del ejército para que se hicieran mayores investigaciones

28 /2/1992: El Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército ABSOLVIÓ a Telmo Hurtado de los delitos de homicidio calificado, negligencia y desobediencia, y lo condenó como autor del delito del abuso de autoridad a la draconiana pena de…. 6 años de prisión. (Sin comentarios)

24/2/1993: El Consejo Supremo de Justicia Militar CONFIRMÓ la sentencia anterior.

14/6/1995: Se publican las leyes de amnistía para personal militar, policial y civil. Telmo Hurtado se acoge a éstas, consiguiendo así su liberación pese a lo irrisorio de la pena que le habían impuesto.

Tuvieron que pasar 16 años para que las víctimas del caso pudiesen acceder a un tribunal verdaderamente imparcial. En el 2002, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. Ello obligó al fuero militar a anular la resolución que favorecía a Hurtado, lo que permitió iniciarle un nuevo proceso, esta vez en el fuero civil, desde el año 2005, ante el 3er Juzgado Supranacional, el mismo que sigue su curso en la actualidad. En el 2007, Telmo Hurtado fue capturado por la justicia norteamericana. Algo que pocos saben es que algunas de las víctimas demandaron en U.S.A por la vía civil a Hurtado y así, en marzo de 2008, la Corte Federal de Miami sentenció a Telmo Hurtado a pagar la suma de 37 millones de dólares a favor de Teófila Ochoa y Cirila Pulido, ambas sobrevivientes de la masacre de Accomarca.

El pasado 15 de julio, Hurtado fue extraditado a Perú para responder, finalmente, por la masacre de Accomarca. Para él y para todos los involucrados en el proceso, ha llegado la hora de establecer, de una vez por todas, quiénes son responsables de lo ocurrido en esta localidad (los cadáveres no se prenden fuego a sí mismos): la hora de la verdad.

Por: José Arrieta Caro

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[1] Ver la web de aprodeh: http://www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/memoria/accomarca01.htm y la de la asociación de familiares afectados por la violencia política en accomarca: http://www.accomarca.org/masacre-de-accomarca/la-masacre-de-accomarca

[2] Para una versión mucho más detallada de la versión del plan ofrecida por la CVR, que aquí se omite por razones de espacio, ver: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.15.%20ACCOMARCA.pdf. La CVR consignó los nombres de todos los militares presuntamente involucrados tanto en la gestación del plan, como en la toma de decisión y ejecución del mismo.

Omisiones y contradicciones del Acuerdo Plenario N° 3- 2008/CJ-116

2011-08-03T18:38:00.007-05:00

En el 2009 mediante el Acuerdo Plenario N° 3- 2008/CJ-116, la Corte Suprema estableció la diferencia entre el robo agravado por muerte subsecuente (artículo 189°) y el delito de asesinato para facilitar o encubrir otro delito (artículo 108°). Según dicho acuerdo, la diferencia se encuentra en la naturaleza de la muerte producida en cada caso, pues en el delito de asesinato para facilitar o encubrir otro delito estamos ante una muerte dolosa, y en el robo agravado por muerte subsecuente nos encontramos con una muerte imprudente.

En cuando al artículo 189°, el último párrafo establece una circunstancia agravante adicional:

Artículo 189° (último párrafo): “La pena será de cadena perpetua cuando (...) como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima”

Con respecto a dicho tipo penal, el acuerdo plenario N° 3- 2008/CJ-116 estableció que pertenecía al grupo de los llamados delitos preterintencionales, es decir “un supuesto de tipificación simultánea, dolosa y culposa, de una misma conducta, sea que, de no hallarse así tipificada, el caso se resuelve por concurso ideal, o bien que, fuera de esta tipificación compleja, la conducta culposa sea atípica"[1]. En la doctrina jurídico-penal la “preterintención” supone la existencia de una conducta dolosa con un resultado culposo (este último pudiendo haber sido evitado). A su vez, existe la llamada preterintencionalidad heterogénea, a la que según el Pleno Jurisdiccional pertenece el agravante del robo por muerte subsecuente. Ésta se da “cuando el delito pretendido (delito doloso) y el producido (delitos imprudente) pertenecen a tipos distintos, es decir, cuando el resultado perseguido y el causado, subsumibles en distintos tipos, afectan a bienes jurídicos distintos, pero están íntimamente relacionados en el caso concreto”[2].

Para el Pleno en cuestión, la muerte que agrava el delito de robo es claramente una muerte imprudente ya que no fue el objetivo del autor, o en todo caso lo que éste buscaba era el apoderamiento patrimonial (conducta dolosa) por lo que el resultado ulterior, es decir la muerte de la víctima, se pudo evitar o prever, pero no era el principal objetivo del autor.

Existen diversas teorías acerca de la naturaleza del dolo y la culpa, como la teoría de la voluntad, claramente defendida en el Acuerdo Plenario N° 3- 2008/CJ-116, que centra su atención en la voluntad del ser humano, sin embargo y como establece Enrique Bacigalupo, el problema de esta teoría es determinar cuando el autor ha actuado voluntariamente.

La otra teoría, y en mi opinión la más acertada, es la teoría del conocimiento la cual, a diferencia de la anterior, no se centra en el elemento volitivo sino en el conocimiento del agente. De acuerdo a ésta, existirá dolo cuando el autor del hecho delictivo conozca que el comportamiento que realiza está poniendo en riesgo algún bien jurídico.

Luego de lo analizado en líneas anteriores es posible notar que el Acuerdo Plenario N° 3-2008/CJ-116, al afirmar que la muerte producida en el robo agravado es una muerte culposa presenta una contradicción con el artículo 12° del Código Penal, ya que en el artículo 189° en ningún momento se tipifica expresamente que la muerte ulterior debe ser causada imprudentemente, por lo que si los jueces afirman que dicha muerte es culposa estarían ignorando el artículo 12° del CP que claramente establece lo siguiente:

Artículo 12°: Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa.

El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley.

Entonces ¿cómo puede dicho Pleno Jurisprudencial afirmar que el agravante por muerte subsecuente hace referencia a una muerte imprudente, si en ninguna parte del artículo 189° la supuesta naturaleza culposa de dicha muerte se ve tipificada?

Dejando de lado los aspectos de forma y entrando a los aspectos materiales, la muerte producida a causa del robo, puede ser tanto dolosa como culposa. Como se estableció en líneas anteriores, el dolo se basa en el conocimiento que poseía el sujeto de que el comportamiento que estaba realizando ponía en riesgo un bien jurídico, siendo contrario el caso de la culpa que consiste en que el sujeto desconoce los riesgos que conlleva ese comportamiento.

Por ejemplo la persona que entra a una casa con el fin de apoderarse de algún bien material y al salir huyendo baja las escaleras de prisa sin notar que había una persona subiendo, por lo que al no verla la empuja produciéndole la muerte. En este caso estaremos ante una muerte de naturaleza imprudente, ya que el agente desconocía el hecho de que una persona subía las escaleras por lo que no pudo conocer que ponía en riesgo una vida y evitarlo.

Distinto es el caso de aquel sujeto que entra en un domicilio con el objeto de robar llevando consigo un arma que está decidido usará simplemente para asustar a la víctima, sin embargo al momento del robo la pistola se dispara casualmente produciendo la muerte de la víctima. Es claro que aquí lo que hay es una muerte dolosa pues el que delinque conoce perfectamente los riesgos que conlleva sacar un arma y apuntarle a una persona.

En conclusión la muerte que agrava el delito de robo en el último párrafo del artículo 189° materialmente puede ser tanto dolosa como culposa dependiendo del supuesto en cuestión, en todo caso si se afirmara que es imprudente debería de estar expresamente señalado como el artículo 12° del Código Penal establece.

A su vez es importante señalar que en el Código Penal de 1924 el robo no comprendía en sus elementos las lesiones graves ni la muerte por lo que cuando se producían, éstas debían resolverse mediante los concursos. Si se mataba para robar era asesinato y concurso si se llegaba a producir el robo. Pero el legislador mediante el decreto legislativo N° 896 de 1998 agregó al delito de robo la circunstancia agravante de la muerte, de no haber sido así un delito como el robo agravado se hubiera resuelto como un concurso.

Entonces se puede afirmar que el último párrafo del artículo 189° no se trataría de un supuesto de preterintencionalidad sino de un concurso ideal, ya que nos encontramos frente a un supuesto de hecho que ha vulnerado dos bienes jurídicos distintos.

Por: Paloma López Hoyos

[1] Zaffaroni, 1981, III, p. 428. Cfr. Zaffaroni/Aliaga/Slokar, 2005, p. 437, num. 2 y 3.

[2] Villavicencio Terreros Felipe, Derecho Penal. Parte General, 2008, p 119.

POSTULA A ITER CRIMINIS

2011-07-17T17:33:00.003-05:00

LA PRÁCTICA DEL LOBBY Y EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

2011-06-14T00:27:00.004-05:00

Estimados Amigos:

Nos complace invitarlos al evento que estamos organizando este Viernes 17 de Junio en el anfiteatro José Dammert (Primer piso de la Facultad de Derecho PUCP) a las 7pm: LA PRÁCTICA DEL LOBBY Y EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS. La Ponencia estará a cargo del Dr. Julio Díaz-Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. El ingreso es totalmente libre, pero las personas que no trabajen o estudien en la PUCP deberán enviarnos su nombre completo y su Nº de DNI a más tardar hasta el jueves 16 de Junio a las 11 am al correo itercriminis.pucp@gmail.com, para poder tramitar su ingreso al campus.

¡Los Esperamos!

Fotos de nuestro último evento

2011-06-04T12:03:00.004-05:00

Los miembros de la Asociación con el Dr. Vladimir Padilla que expuso sobre las Técnicas de Litigación en la aplicación del NCPP en la corrupción.

El Dr. Fidel Rojas que expuso sobre la autoría y la participación en los delitos de infracción del deber.

El Dr. José Antonio Neyra Flores expuso sobre la forma de litigar en este nuevo modelo procesal.

Fotos del último evento de la Asociación Iter Criminis en los que se expuso el tema "El fenómeno de la Corrupción en el Nuevo Códio Procesal Penal". El Docto Jaris Mujica expuso acerca de las Redes de Corrupción desde una perspectiva sociológica en el Sistema de Justicia.

EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN EL NCPP

2011-05-13T11:39:00.005-05:00

Estimados Amigos:

ITER CRIMINIS se complace en invitarlos a nuestro evento: "EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN EL NCPP". El nuevo escenario de combate contra la corrupción desde un enfoque multidisciplinario.

Como saben, el NCPP ya está vigente en el distrito judicial de Lima, entre otros, para delitos de corrupción funcionarial. Ello implica un cambio en la manera de enfrentarse a este tipo especial de criminalidad, y a su vez, aprender a emplear las instituciones previstas en el código para estos efectos. Además, debido a la naturaleza acusatoria y semi-adversarial instaurada con el nuevo modelo, es importante también aprender a manejar técnicas de litigación.

Destacados especialistas expondrán sobre los temas señalados: Jaris Mujica expondrá el tema de la corrupción desde una perspectiva sociológica; José Antonio Neyra Flores se referirá al tema de la influencia del NCPP en la lucha contra la corrupción, y las ventajas que esta norma significa; Fidel Rojas Vargas abordará los problemas dogmáticos de complicidad en los delitos funcionariales (que son la mayoría de los de corrupción) y Vladimir Padilla tocará la importancia de emplear las técnicas de litigación en el nuevo modelo procesal.

La cita es este viernes 20 de mayo, a las 6;30 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Las entradas cuestan 20 soles, y los teléfonos de contacto están en el banner (hagan click en la imagen).

¡¡LOS ESPERAMOS!!

APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO EN LA PUCP

2011-03-22T10:56:00.009-05:00

Estimados Amigos:

Nos complace invitarlos cordialmente a la ceremonia de apertura del año académico de la Facultad de Derecho PUCP en nuestra Universidad: la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta ocasión, el evento consistirá, entre otras cosas, en una conferencia acerca de toda una nueva corriente de aprendizaje que fue traída a nuestra casa de estudios desde los Estados Unidos en los años 70, y que cambió la manera de enseñar y entender el Derecho en nuestra Facultad.

Los estudiantes que trajeron esta manera de comprender e impartir el Derecho a la PUCP fueron apodados con el nombre de "Wisconsin Boys" (en alusión a la Universidad de la que trajeron dichas ideas).

Javier de Belaúnde, Luis Pásara y Jorge Avendaño comentarán lo que significó este cambio para nuestra Facultad.

La cita es en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP, este jueves 24 de febrero a las 12 del día.

¡No te lo pierdas!

20 minutos para acabar con la corrupción: Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Lima [1]

2011-03-20T19:11:00.007-05:00

Cuando uno escucha mencionar la palabra corrupción usualmente piensa en políticos, grandes empresas o altas esferas de poder, sin embargo esta se encuentra mucho mas cerca de lo que normalmente asumimos. Desde pagar una coima a un policía, hasta un pago de dinero a un trabajador municipal para evitar pagar impuestos y arbitrios, este es un problema latente en nuestra sociedad.

Coloquémonos en una situación cotidiana. Usted se encuentra manejando y voltea por un calle que no se encuentra señalizada, continua avanzado cuando de repente escucha una patrulla policial detrás suyo y procede a detenerse al lado de la pista. Un policía se le acerca y le indica que se encontraba manejando en sentido contrario, por lo cual le solicita sus papeles. Usted se los da y le pide que le coloque la multa ya que reconoce su falta y se encuentra apurado, el lo mira y se retira hacia la patrulla. Usted sorprendido, ya que sabe que no puede retener sus papeles, espera que este regrese. El policía se dirige nuevamente a su vehículo y le explica que la multa por manejar en sentido contrario es alta y que entiende que usted no tenía la intención de hacerlo.

Usted sabe claramente a que se refiere el policía.

Exige su papeleta nuevamente. El policía desiste, le entrega sus documentos, y se retira.

Anteriormente un proceso por corrupción podía tener una duración de hasta ocho años[2],ocasionando no solamente irremediables cargas procesales, sino también una gran perdida de legitimidad en el sistema de justicia. Actualmente la sociedad peruana percibe que la justicia en nuestro país es lenta e ineficaz, dejando en muchos casos una sensación de impunidad y corrupción[3].Pero ¿como la aplicación de un Nuevo Código Procesal Penal puede ayudar a remediar esto?

El nuevo Código Procesal Penal busca agilizar estos procesos basándose en un modelo que no solo unifique la legislación procesal penal peruana, al sustituir al “Código de Procedimientos Penales de 1940, Código Procesal Penal de 1991 y Nuevo Código Procesal Penal D.L 957”[4] sino que a su vez brinde soluciones mas rápidas y pertinentes al reducir el tiempo estimado de los procesos basándose en un modelo acusatorio[5], en el cual la separación de funciones de investigación y juzgamiento y la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso.[6]“De esta manera, la investigación penal estará a cargo del fiscal y la decisoria a cargo del juez”[7].

Esta separación de funciones permite una relación más independiente del juez respecto de la investigación en sí, ocasionando así un trato más directo con el acusado, permitiendo un mayor respeto a las garantías procesales de este.

Por otro lado a diferencia de los anteriores códigos mencionados, el nuevo CPP señala plazos fijos para distintas etapas del proceso tales como la etapa de investigación, otorgando así limites para la duración de los procesos judiciales. Es posible tomar como ejemplo de esto los procesos iniciados contra funcionarios públicos acusados de corrupción, que tendrán una “duración de 120 días, con posibilidad de ampliación de 60 más en casos simples, o de 8 meses con posibilidad de ampliación de 8 más en casos de denuncias complejas”[8].

Este recorte en el plazo de duración de los procesos permite a su vez aligerar la carga procesal, buscando así aminorar uno de los mayores problemas que posee nuestro sistema de justicia.

En declaraciones dadas por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz afirmo que “en comparación con 2009, en 2010 se mejoró en todas las áreas; en 2010 ingresaron 432,387 denuncias a escala nacional, de las cuales fueron atendidas 431,133, alcanzando un 93.3%; a diferencia de 2009, año en que el logro fue del 88%. "En términos generales la atención de expedientes ha sido de muy buena a excelente", puntualizó[9].

Si bien actualmente muchas personas critican la aplicación de este nuevo código debido a su costo, 2 millones de dólares en Lima, y a la demora de su puesta en marcha, este fue implementado por primera vez en el distrito judicial de Huara en el 2004 y se planea su aplicación completa para todo el Perú en el 2013, la reducción de plazos, reducción de la carga procesal y la capacidad de este para evitar detenciones injustas brindara al sistema de justicia peruano una herramienta de gran utilidad para evitar y reducir múltiples vulneraciones a derechos como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Karen R. Bertola Valdivia

[1]Referencia al articulo publicado por el diario CORREO de fecha 16 de enero del 2011, en el cual se señala que el segundo caso resuelto al entrar en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal en Lima fue resuelto en 20 minutos.

[2]ANDINA, “García Toma: Nuevo Código procesal será una herramienta eficaz para combatir la corrupción” 11 de mayo del 2010, Consulta: 26 de enero del 2011,En: http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=FZRjC/hFRjs=

[3]VELEZ FERNANDEZ, Giovanna Fabiola, “El Nuevo Código Procesal Penal: La necesidad del cambio en el sistema procesal peruano”, Lima, pag. 1

[4] Mediante Ley N° 28481 publicada el 3 de abril de 2005 se estableció la vigencia de los artículos 39-41 del NCPP y mediante Ley N° 28671 publicada el 31 de enero de 2006 se estableció la entrada en vigencia de los artículos 468-471 y el Libro Sétimo “La Cooperación Judicial Internacional” a partir de 1 de febrero de 2006.

[5]VELEZ FERNANDEZ, Giovanna Fabiola, op.cit, p. 6

[6] CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva, 2004, p.25.

[7]VELEZ FERNANDEZ, Giovanna Fabiola, op.cit, p. 6

[8]ANDINA, “Con nuevo CPP las investigaciones de corrupción de funcionarios públicos durarán 120 días” 18 de enero del 2011, En: http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=o4BrEmZ7nDM=Consulta: 25 de enero del 2011

[9]EL PERUANO, “Fiscalíaganó en el 99.9% de casos con Nuevo CódigoProcesal Penal”, 6 de enero del 2011, Consulta: 27 de enero del 2011. En: http://www.surnoticias.com/nacionales/noticias-nacionales/4947-fiscalia-gano-en-el-999-de-casos-con-nuevo-codigo-procesal-penal

Fotos del evento Últimos Alcances en Torno al Derecho Penal del Enemigo

2010-11-25T00:15:00.004-05:00

A continuación mostramos algunos fotos tomadas del evento "Últimos Alcances en Torno al Derecho Penal del Enemigo", que contó con la participación del Dr. Manuel Cancio Meliá como ponente principal, y los comentarios de los Dres. Yván Montoya y Daniel Huamán.

Agradecemos la gentil asistencia de todos los presentes, así como también a la Maestría en Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la PUCP y el Taller de Ciencias Penales de la UNMSM, instituciones que contribuyeron al éxito del evento.

"El Derecho Penal del Enemigo" según Manuel Cancio Meliá

2010-11-11T22:59:00.008-05:00

"Últimos alcances en torno al Derecho Penal del Enemigo" es un evento que viene organizando la Escuela de Posgrado-Maestría en Derecho Penal- de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto con la Asociación Civil Iter Criminis-integrada por estudiantes del Facultad de Derecho PUCP-, y que cuenta además con el apoyo del Taller de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La ponencia principal del evento será la realizada por el reconocido Profesor Dr. Manuel Cancio Meliá, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y autor de numerosas obras relativas al campo del Derecho Penal y la Política Criminal, entre las que destacan "La Pena estatal: significado y finalidad", "Crisis del lado subjetivo del hecho" y "Derecho Penal del Enemigo". El objeto de la misma será abordar al Derecho Penal del Enemigo como expresión de la Política Criminal de ciertos Estados, junto con sus principales características, consecuencias, y problemas.

Su exposición será comentada por los Dres. Yvan Montoya Vivanco y Jose Antonio Caro John. LA ENTRADA ES TOTALMENTE GRATUITA. Los esperamos este martes 16 de Noviembre a las 11.00 a.m, en el auditorio Zolezzi

Adelántate a la conferencia leyendo este artículo del Dr. Cancio Meliá sobre "el Derecho Penal del Enemigo".

CAPACIDAD LIMITADA

Fotos del evento la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

2010-11-01T20:00:00.013-05:00

Adjuntamos algunas fotos del evento realizado en nuestra casa de estudios los días 14 y el 15 de octubre, "La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas". Agradecemos muchísimo a todas las personas que asistieron al mismo, así como a los ponentes que tuvieron la generosidad de acompañarnos en esa oportunidad. APROVECHAMOS LA PRESENTE PARA SEÑALAR QUE LOS CERTIFICADOS ESTARÁN DISPONIBLES A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE.

Dr. Victor Prado Saldarriaga exponiendo, el primer día del evento, sobre las consecuencias accesorias a la pena aplicables a las Personas Jurídicas. A su derecha, el Dr. Juan Carlos Torres Marquéz

Miembros de nuestra asociación al lado de los Dres. García Cavero y Espinoza Goyena, en el intermedio del segundo día

El Dr. Julio Espinoza Goyena exponiendo sobre los aspectos procesales de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A su derecho, el Dr. Percy García Cavero

Público asistente al evento "La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas"

Autos Locos: ¿Penalidad solamente para el chofer?

2010-10-17T10:09:00.005-05:00

(*)Por Juan Carlos Torres Marquéz

Los accidentes de tránsito pasados – tales como, el choque del vehículo en el que iba el periodista Álvaro Ugáz Otoya (42) contra un trailer, cuyo desenlace fatal fue la muerte de aquel ([1]), el atropello de una madre, Edith Soriano (34) y su bebé (quienes fueron hospitalizados), por un conductor, Omar Abarca Duran (24), quien pretendió darse a la fuga ([2]), y otros más – generaron en su oportunidad mucha indignación en la población civil, así como también, reacciones rápidas en las carteras del Interior y de Justicia.

En lo que se refiere al sector Justicia, fue una buena iniciativa la propuesta de crear juzgados especializados en tránsito, para efectos de acelerar los procesos por accidentes de tránsito, de modo tal, que estos casos se resuelvan en 30 días.

Con ello se descongestionaría, en parte, la recargada carga laboral de la Policía Nacional Peruana (PNP), del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Lo que restaría por hacer es aplicar las sanciones correspondientes para los chóferes que al manejar irresponsablemente un vehículo, ocasionen la muerte o lesiones graves a alguien; o que simplemente, conduzcan en estado de ebriedad.

Tales supuestos se encuentran previstos en los artículos 111º ([3]), 124º ([4]) y 274º ([5]) del Código Penal peruano.

Tratándose del supuesto de los conductores que conduzcan en estado de ebriedad (Art. 274° del CP); somos de la opinión que se debe aplicar el principio de oportunidad, regulado en el Art. 2º del Código Procesal Penal ([6]), por las razones siguientes:

1.- Si bien es cierto que ante la comisión de un hecho delictivo corresponde al ente persecutor; esto es, al Ministerio Público, la investigación y denuncia formal del hecho; no siempre se aplica esta regla general.

2.- La regla general es la aplicación del principio de legalidad procesal penal ([7]). Sin embargo, al igual que sucede con todo el ordenamiento jurídico nacional, los derechos y obligaciones no son absolutos, conllevan excepciones, las mismas que deben de estar expresamente señaladas en nuestros cuerpos legislativos. Asimismo, deben guardar coherencia con los instrumentos internacionales y con nuestra Constitución de 1993.

3.- El fundamento del principio de oportunidad, también conocido como acuerdo previo, obedece a la recargada agenda tanto del Ministerio Público, como del resto de órganos jurisdiccionales.Ahora bien, ello no significa que cada vez que exista sobre carga procesal, el ente persecutor se abstenga de cumplir sus cometidos.

4.- El objetivo del principio de oportunidad faculta al fiscal a elegir entre formalizar una denuncia, elevándola o; pidiendo que esta se sobresea.

5.- Existen dos clases de principio de oportunidad: voluntario y reglamentado ([8]). El primero es propio de los modelos jurídicos anglosajones; el otro, supone una aplicación estricta de ciertas reglas preestablecidas. Nuestro ordenamiento procesal penal acoge esta modalidad.

6.- De lo que se trata es de una renuncia a la persecución penal porque hablamos de una conducta, manejar un vehículo habiendo ingerido bebida alcohólica, en cuya realización no hubo víctima alguna a quien indemnizar, factor característico de los delitos de peligro abstracto.

7.- Asimismo, la penalidad prevista en el Art. 274º no supera los dos años de pena privativa de libertad.

8.- Por otro lado, hay que tomar en cuenta si el agente se dedica al transporte público de pasajeros o al transporte de carga pesada. En caso contrario, que no se trate de un chofer privado o de un taxista que busca su propio ingreso.

9.- Por último, se debe considerar si el comportamiento del infractor, durante las investigaciones preliminares, ha sido reconocer los hechos materia de la investigación; por ende, que no haya entorpecido la actividad probatoria, ni se haya sustraído de la persecución penal.

En síntesis, fundamentos como los descritos en los párrafos anteriores ameritarían una aplicación del principio de oportunidad para los chóferes que conduzcan en estado de ebriedad; por consiguiente, una conclusión anticipada de las investigaciones preliminares. Ello es conforme a: la observancia de lineamientos procesales pre establecidos, el reconocimiento de los hechos del caso, la ausencia de víctimas y una actitud dispuesta a colaborar con el ente persecutor.

Por otro lado, también haría falta castigar a todos aquellos peatones que al desobedecer determinadas normas de tránsito generan un “riesgo” innecesario en las pistas, las autopistas y las vías públicas.

El riesgo en materia penal, es uno de los elementos básicos de la imputación objetiva.

El origen más remoto de de la teoría de la imputación objetiva se encuentra en los trabajos académicos de Karl Larenz; pero su desarrollo posterior se debe a las publicaciones de Claus Roxin ([9]).

Se entiende por imputación objetiva (Zurechnung), la creación por parte de una conducta humana de un riesgo no permitido o el incremento de uno aceptado más allá de lo permitido por la ley; produciéndose un resultado, el cual se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma ([10]).

En conclusión, el resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado (no aceptado socialmente) contenido en la acción.

El riesgo en materia civil extra contractual, es una clase de factor atributivo de responsabilidad. Por factor atributivo de responsabilidad se entiende aquel justificativo teórico del traspaso del peso económico del daño de la víctima al responsable. En otras palabras, el porqué alguien debe ser considerado responsable y; en consecuencia, indemnizar a otro, asumiendo el costo económico del daño ([11]).

El riesgo es aquel factor atributivo de responsabilidad que excede de manera excepcional el normal grado de resistencia individual o colectiva de los sujetos.

El riesgo implica un costo que es asumido por la sociedad a efectos de obtener un beneficio mayor para la misma, siendo una salida racional que adopta para proveerse de bienes indispensables para su desarrollo económico y social ([12]).

El tema del riesgo se encuentra incorporado en el artículo 1970º del Código Civil, cuyo texto literal señala lo siguiente:

“Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, esta obligado a repararlo”.

El riesgo supone tres niveles:

i) Riesgo normal: Es aquel nivel de riesgo que es asumido por la sociedad porque produce un beneficio económico a la misma y, porque conlleva un exceso que puede ser controlable por los individuos. Por ejemplo, el tráfico vehicular.

ii) Riesgo anormal: Es aquel grado de riesgo que no produce ganancias a la sociedad y cuyo costo asumido por algunos es irracional, no controlable. Por ejemplo, montar un espectáculo circense en una discoteca con fieras y hombres come fuegos.

iii) Ultrariesgo: Este nivel de riesgo es mucho mayor, difícilmente controlable por la sociedad; pero no obstante ello, reporta beneficios económicos y un desarrollo para aquella. Por ejemplo: las plantas de energía nuclear.

En los casos expuestos, materia de análisis, consideramos que castigar única y excesivamente a aquellos conductores que manejan ebrios, como si ellos nomás originasen un riesgo, desincentivaría el normal y ágil desenvolvimiento del comercio y de la vida social en general.

Por citar un ejemplo: en una autopista, durante la noche, se encuentran dos vehículos, el primero es manejado por un conductor diligente, quien conduce su vehículo a la velocidad exigida; el otro es un carro conducido por un conductor que acelera, le impide el paso y le tapa la visión al primero. De repente un peatón ebrio, en lugar de subir por las gradas que conducen al puente peatonal, salta por encima de una valla, atraviesa la pista intempestivamente, esquiva al coche del segundo conductor, el primer vehículo frena de golpe, pero aún así la inercia del movimiento hace que el vehículo avance y atropella a aquel.

¿De quién es la responsabilidad? ¿Del chofer diligente o del conductor que aceleró?

¿Quién introdujo el riesgo en la autopista? ¿Los chóferes o el peatón ebrio?

Para nosotros está clarísima la falta de punibilidad para el conductor diligente.

La imprudencia provino del propio peatón ebrio, puesto que él se colocó a si mismo en una situación riesgosa.

De similar opinión es la jurisprudencia peruana, para la cual la muerte del agraviado en estos supuestos se produce como consecuencia de su propia conducta: “No se configura un homicidio culposo si el procesado conducía su vehículo de acuerdo a las reglas pertinentes. Que la muerte del agraviado fue consecuencia de su conducta temeraria de conducir en bicicleta en estado de ebriedad y en sentido contrario al tránsito” ([13]). Por tanto, no se configuraría el tipo penal de homicidio culposo (Art. 111° del CP), puesto que el resultado fatal se produjo como consecuencia de la inobservancia del propio peatón.

Un criterio jurisprudencial similar se aplica para las lesiones culposas (Art. 124° del CP): “Si el factor predominante del accidente de tránsito que produjo lesiones en el agraviado es la propia acción imprudente de éste, quien sin eliminar el riesgo incursionó en el carril de tránsito vehicular, en circunstancias que no pudo prever el encausado, puesto que delante del vehículo conducido por su persona se encontraba otra unidad; es procedente confirmar la sentencia absolutoria” ([14]).

En conclusión, no basta pues que sea únicamente el chofer quien cumpla las reglas de tránsito; también le corresponde al propio peatón una cuota de responsabilidad.

El tránsito no es otra cosa que la interacción de chóferes y peatones viales.

(*) Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc “Casos Fujimori – Montesinos” (2000-2005). También trabajó en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la Republica (2009-2010). Actualmente es miembro del “Estudio Jurídico Bronstein, Neyra, Pachas & Sanchez, Abogados Asociados”.

([1]) Con fecha 23 de marzo de 2009. Nota del autor.

([2]) Con fecha 21 de marzo de 2009. Nota del autor.

([3]) Artículo 111º.- Homicidio Culposo.

“El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36º incisos 4), 6) y 7), cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. (…)”.

([4]) Artículo 124º.- Lesiones Culposas.

“El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa.

La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave.

La pena privativa de la libertad será no menor de tres años ni mayor de cinco años e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36º incisos 4), 6) y 7), cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. (…)”.

([5]) Artículo 274º.- Conducción en estado de ebriedad o Drogadicción.

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de estupefacientes, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año o treinta días-multa como mínimo y cincuenta días-multa como máximo e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36, incisos 6) y 7).

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de transporte pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años o cincuenta días-multa como mínimo y cien días-multa como máximo e inhabilitación conforme al Artículo 36 incisos 6) y 7)".

([6]) Artículo 2º.- Principio de oportunidad.

“El Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.

2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima supere los 2 (dos) años de pena privativa de la libertad o se hubiere cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3) será necesario que el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a la reparación civil.

Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o documento privado legalizado por Notario no será necesario que el Juez cite a las partes a que presten su consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad.

Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio Público, o de la parte agraviada, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos ya establecidos, en un plazo no mayor de diez días.

En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los artículos 122º, 185º y 190º del Código Penal y en los delitos culposos, en los que no haya pluralidad de víctimas o concurso con otro delito, antes de formalizar la denuncia penal, el Fiscal citará al imputado y a la víctima para proponerles un acuerdo reparatorio.

Si ambos convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal formalizará la denuncia correspondiente”.

([7]) SAN MARTÍN CASTRO, César. Manual de Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2003, T.I., p. 225.

([8]) ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Alternativas, 1996, pp. 84-85.

([9]) CANCIO MELIÁ, Manuel. “Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”. En: XVI Congreso Latinoamericano, VIII Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal y criminología, 22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2004. UNMSM, pp. 94-95.

([10]) BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Miguel. Manual de Derecho Penal – Parte General. Lima: EDDILI, 2002, p. 186.

([11]) BELTRAN PACHECO, Jorge Alberto. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Materiales de enseñanza.

([12]) TRIMARCHI, Pietro. Rischio e Responsabilitá Oggettiva. Milano: Casa Editrice Giuffré, 1961.

([13]) En: Exp. N° 1789-96; PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal, Jueces y Jurisprudencia. Lima: Palestra Editores, p. 95.

([14]) En: Exp. N° 5729-97-Lima; ROJAS VARGAS, Fidel. Jurisprudencia Penal Comentada. Lima: Gaceta Jurídica, p. 637.

EVENTO: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

2010-09-30T12:15:00.008-05:00

Estimados Amigos:

ITER CRIMINIS tiene el agrado de invitarlos a las ponencias sobre "La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas", que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de Octubre, en el anfiteatro Armando Zolezzi de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde las 7.00 hasta las 9.00 p.m.

El evento contará con la participación de los Dres:

-Victor Prado Saldarriaga (Jueves 14 de Octubre)

-Julio Espinoza Goyena (Viernes 15 de Octubre)

-Percy García Cavero (Viernes 15 de Octubre)

-Jose Luis Castillo Alva (Viernes 15 de Octubre)

Las entradas están a 25 soles para estudiantes de PRE-GRADO y a 40 soles para OPERADORES JURÍDICOS. Ambos costos se incrementan en 5 soles para obtener un certificado. Los interesados pueden comunicarse al correo itercriminis.pucp@gmail.com o al celular 964181788, además de los números que figuran en el banner. Haciendo click en el mismo, encontrarán toda la información pertinente.

¡LOS ESPERAMOS!

ITER CRIMINIS con Urs Kindhäuser en la UNMSM

2010-09-23T14:06:00.009-05:00

El pasado Jueves 16 de Septiembre a las 7.00 p.m, en el marco del IV Seminario Internacional de Derecho Penal, una delegación de Iter Criminis tuvo el agrado de escuchar la ponencia del Dr. Urs Kindhäuser, en el auditorio Eugenio Castañeda -de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)- y de colaborar con la organización de la misma. En la foto, miembros de nuestra Asociación, junto al Dr. Caro John -quien tuvo la amabilidad de traducir y comentar la ponencia- y al Dr. Urs Kindhäuser.

El evento fue organizado por los amigos del Taller de Ciencias Penales de la UNMSM, y contó también con el apoyo del Taller de Especialización en Ciencias Penales de la Universidad Federico Villareal (UNFV), algunos de cuyos miembros figuran en la foto.

El Dr. Urs Kindhäuser desarrolló el tema del concepto de imprudencia en el Derecho Penal, ampliando lo que ya había expuesto en un interesante artículo que puedes encontrar aquí.

Suspenden Calendario de aplicación progresiva del NCPP

2010-09-12T19:49:00.012-05:00

(*)Imagen tomada del blog enoruro.com

El pasado 27 de Agosto del 2010, durante su participación en el IV Congreso Nacional de Jueces realizado en la ciudad del Cuzco, el magistrado de la Corte Suprema Cesar San Martin Castro informó a los asistentes que el Gobierno ha decidido suspender temporalmente la ejecución del calendario de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.

El Dr. San Martin Castro integra la Comisión de Coordinación Presupuestal entre el Ejecutivo y el Poder Judicial(PJ). En una reciente reunión con representantes del Ejecutivo, estos le informaron que no era posible incrementar en la proporción necesaria el presupuesto del PJ para el año 2011, debido a la actual "situación de crisis"(¿?).

En consecuencia, el Nuevo Código Procesal Penal no podrá ser implementado en Octubre de este año en los distritos del Santa y de Ancash, de acuerdo a lo previsto. No se implementará tampoco el próximo año en los distritos de Lima, Lima Norte y Callao, ni en los de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junin.

En resumen, la parte más importante del calendario de aplicación del NCPP se lanza por la ventana, sin mayores debates ni escrúpulos. Para medir la magnitud del problema, pueden ver aquí los distritos donde ya se implementó, y corroborar aquí que el DS 016-2009-JUS establecía un calendario muy distinto al que ahora se plantea.

Esta decisión es totalmente contraria a las anteriores declaraciones del Presidente de la República (verlas aquí) quien, teóricamente, abogaba por adelantar la vigencia del NCPP en Lima, por lo menos para casos de corrupción.

Pero más grave aún, es el hecho de que tamaña decisión no haya salido oportunamente publicada en la prensa. Solo la página web del Poder Judicial daba cuenta de la información proporcionada por San Martin Castro (que constituye una auténtica denuncia). Otras honrosas excepciones publicaron la declaración del Cuzco, que contenía la preocupación de los jueces por la sorpresiva decisión del Ejecutivo. Siempre están, por supuesto, los comentarios de los operadores jurídicos comprometidos con la reforma, que nos alertaron de la suspensión vía e-mail. Pero no mucho más.

Es sumamente preocupante que una decisión de tamaña envergadura no haya merecido la atención de la prensa. ¿Por qué en momentos en los que la ola delictiva parece más intensa que nunca en la capital no se crítica el hecho de que se demore la implementación de uno de los instrumentos necesarios para combatirla?

La decisión del Ejecutivo no puede satisfacer a nadie que conozca la lamentable actualidad del Sistema de Justicia Penal. Más aun cuando la aplicación del NCPP en otros distritos judiciales comienza a dar sus frutos. En este sentido, adjuntamos a la presente nota el último informe del Ministerio de Justicia sobre los resultados de la aplicación del NCPP, que dan cuenta de muchos logros positivos. Pueden acceder a él aquí.

Hacemos un sincero llamado a todos los operadores comprometidos con la reforma del sistema de justicia penal, para protestar por esta medida del ejecutivo y evitar que se haga un uso parcial y politizado del NCPP, situación que ya se vivió con el Código Procesal Penal de 1991.

Actualización del 22-09-2010:

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Dos novedades vinculadas al tema comentado se han producido en los últimos días:

Primero, el viernes 17 de Septiembre se promulgó la ley 29574, que dispone la entrada en vigencia del NCPP a nivel nacional para todos los casos vinculados a delitos de corrupción, dentro de 120 días. La decisión, que en primera instancia pareciera ser saludable, podría volverse un peligroso boomerang si no se aprovecha este plazo para capacitar a todo el personal necesario para aplicar correctamente el código, ni se hacen los gastos requeridos en materia de infraestructura.

Segundo, el día de hoy la Fiscal de la Nación ha manifestado el mismo temor expresado previamente por el Dr. San Martin Castro, acerca de la ausencia de presupuesto para implementar el NCPP respetando el calendario establecido. Este es, hasta donde hemos podido conocer -y con la excepción de San Martín Castro- el primer pronunciamiento público de una autoridad sobre tan grave circunstancia. Esperamos que la voz de la Fiscal de la Nación pueda llamar la atención de la opinión pública sobre la criticable forma de realizar la implementación del NCPP llevada a cabo por el actual gobierno.

La impresión que generan estas marchas y contramarchas sobre la aplicación del NCPP es una sola: no hay una verdadera planificación sobre la implementación de esta norma asumida como vinculante por sus responsables. Y si la hay, es evidente que esta puede ser dejada de lado muy rápidamente por los gobernantes de turno, posiblemente por consideraciones políticas. Si implementar el NCPP para casos de corrupción de funcionarios era tan urgente ¿por qué no se previó desde el inicio?. Si no hay dinero para cumplir con el calendario oficial, ¿cómo podría haberlo para implementar en tan solo 120 días la misma norma para un rubro específico de delitos?

Tanta manipulación le quita seriedad a un proyecto que está llamado a cambiar, al menos parcialmente, la realidad del sistema de justicia penal en nuestro país. Por el bien de los usuarios del mismo, es necesario que el gobierno deje de jugar con los plazos de implementación, y de utilizar el NCPP como una herramienta política.

Urs Kindhäuser en la UNMSM

2010-09-08T12:07:00.006-05:00

Este jueves 16 de septiembre, el Dr. Urs Kindhäuser se presentará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos(UNMSM), en el marco del IV Seminario Internacional de Derecho Penal. Su ponencia girará en torno al concepto y la problemática de los delitos culposos. Los comentarios estarán a cargo del Dr. José Antonio Caro John.

El evento es organizado por nuestros amigos del Taller de Ciencias Penales de la UNMSM, y cuenta además con el apoyo del Taller de Especialización en Ciencias Penales de la Universidad Federico Villareal y de la Asociación Civil Iter Criminis, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Urs Kindhäuser dicta la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Bonn(Alemania), y es conocido en nuestro país por sus publicaciones sobre la estafa como modalidad de autoría mediata y la imputación objetiva y subjetiva del riesgo prohibido, entre otros.

La cita es las 6:30 pm, en el Salón Eugenio Castañeda. LA ENTRADA ES LIBRE.

Detenido porque “él” lo dice: Reflexiones sobre la flagrancia…. ¿del día anterior?

2010-08-30T20:46:00.006-05:00

(*)Imagen tomada del blog fuegofull.blogspot.com.

Imagine que va caminando por la calle y que de pronto llega una patrulla de la PNP, lo intercepta y le pide que suba a la camioneta pues el día anterior usted cometió el delito de hurto. Usted obviamente le hará las siguientes preguntas al policía: ¿De dónde saca usted señor policía, que yo he cometido dicho delito? ¿Usted me ha visto? ¿Llevo elementos en mí mismo o en mi ropa que le hagan pensar que acabo de cometer el delito? ¿Hay alguna cámara de seguridad que me haya captado hurtando? El policía seguramente responderá que, efectivamente, no lo ha visto cometerlo, que no lleva en sí mismo evidencia que haga pensar que acaba de cometer el hurto, y que usted no ha sido encontrado inmediatamente después de realizar la conducta delictiva pues lo están deteniendo muchas horas después de que el hecho se dio. Sin embargo, usted debe acompañar al policía a la comisaría pues hay una persona que pasaba por ahí y que considera que usted se parece mucho a la persona que la asaltó; o tal vez porque esa persona fue testigo del hurto y cree que usted es quién cometió el delito. ¿Indignante? Sí, es indignante. ¿Inconstitucional? Al parecer también lo es.

El miércoles 25 de agosto de este año entró en vigencia la Ley N° 29569 que modifica el artículo 259° del Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957. Esta última modificación ha sido presentada por los medios de comunicación como una noticia de gran magnitud cuando, en realidad, se trata de una de las tantas modificaciones que el artículo 259° ha sufrido desde la aprobación del Código Procesal Penal. Es más, la nueva modificación regresa al concepto de flagrancia que estuvo vigente hasta junio del año 2009, lo cual nos permite darnos cuenta de que no estamos ante una innovación legislativa, como los medios de comunicación nos han querido hacer ver.

La primera redacción del artículo 259° contenía la siguiente definición de flagrancia delictiva:

“Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo”.(sic)

Como se puede apreciar, esta primera definición es acorde a lo establecido en el artículo 2° inciso 24 f) de la Constitución, el cual señala que toda persona tiene derecho a no ser detenida sino por mandato judicial escrito y motivado, o por la policía cuando medie flagrante delito. Sin embargo, el 22 de julio del 2007, mediante Decreto Legislativo N° 983, se modificó por segunda vez el artículo 259° CPP ampliando el contenido de la definición de flagrancia delictiva. Según esta modificación, estaremos ante un supuesto de flagrancia no sólo cuando el sujeto sea descubierto en la realización del hecho punible o cuando sea descubierto inmediatamente después de cometer el delito, sino también en dos supuestos más:

a) Cuando el sujeto, luego de huir, sea identificado inmediatamente después de cometer el delito, ya sea por el agraviado, o por otra persona que haya sido testigo del hecho, o por medio audiovisual u otro análogo que haya registrado imágenes de aquél, y el sujeto sea hallado dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del hecho punible.

b) Cuando el sujeto es encontrado durante las 24 horas posteriores a la comisión del delito con efectos o instrumentos que hubieren sido utilizados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su ropa que hagan pensar que es probable que sea el autor o partícipe en el hecho delictuoso.

Ahora bien, antes de pasar al análisis de las implicancias de esta redacción, es importante destacar que ésta es la definición de flagrancia contenida en la última modificación del artículo en comentario. Asimismo, cabe mencionar que éste fue el artículo vigente hasta el 8 de junio del 2009 pues al día siguiente se aprobó el artículo 1° de la Ley N° 29372 que retornó a la redacción inicial del artículo 259° y que mencionamos anteriormente.

Las preguntas que saltan a la mente luego de leer la redacción actual del artículo 259° respecto de la detención policial son las siguientes: ¿Me pueden detener, supuestamente en flagrancia delictiva, por el sólo hecho de que alguien me sindique o señale como autor o partícipe de un delito, a pesar de no haber sido hallado “con las manos en la masa” ni con vestigios que den a entender que efectivamente cometí un delito? y, en este sentido, ¿Nos encontramos ante un artículo constitucional?

Si bien todas las modificaciones sufridas por el artículo en comentario buscan responder o dar solución a la situación de inseguridad que va agravándose día a día, no se puede aceptar que se adopten soluciones peligrosas e inconstitucionales como la del supuesto a) arriba indicado. Y es que resulta sumamente peligroso que cualquiera pueda ser detenido por la Policía sólo por el hecho de que alguien, dentro de un lapso de 24 horas de haberse producido un delito, nos señale como autores de dicho hecho sin ninguna otra prueba o evidencia más que su palabra.

El supuesto de detención policial narrado al inicio de este texto no sólo contraviene la Constitución, sino que va en contra del criterio del Tribunal Constitucional, el cual ha emitido varias sentencias en las cuales interpreta el artículo 2° inciso 24 f) de la Constitución y define la figura de la flagrancia delictiva. Por ejemplo, en la sentencia 01957-2008-PHC/TC el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

“5. En relación a la detención personal, el inciso 24, literal f, del artículo 2 de la Constitución precisa la existencia de dos situaciones en las que es legítima la detención; esto es, el mandamiento escrito y motivado del juez, y el flagrante delito; las cuales serán materia de análisis por este Colegiado a efectos de establecer la existencia de la violación constitucional que sustenta la demanda.

6. Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. N° 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez; Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani Rodríguez Aguirre) “.

Este mismo criterio se encuentra plasmado en la sentencia 01871-2009-PHC/TC. Como podemos notar, el TC no incluye dentro de su definición de flagrancia delictiva ningún plazo de 24 horas extras dentro de las cuales un sujeto puede ser detenido y tampoco incluye la posibilidad de que la actuación policial se active con la sola sindicación o señalamiento de parte del agraviado o un testigo. Todo esto sólo desnaturaliza la figura de la flagrancia delictiva e incluye supuestos dentro de su definición que no están incluidos en el texto de la Constitución.

En esta misma línea, la norma promulgada podría ser materia de un posible y futuro control difuso si es que supuestos de detención como el narrado al inicio llegan ante un juez. Sin embargo, antes de que se efectúe dicha inaplicación de la norma ante un supuesto de detención vulneratorio de derechos fundamentales, el juez tendrá que buscar una interpretación de la ley que se condiga con el texto de la Constitución.

No obstante, de una interpretación literal de la norma, pareciera que el nuevo artículo 259° contuviese en el fondo consideraciones que transgreden principios elementales del ordenamiento y derechos fundamentales como lo es la libertad personal. Si lo que la norma busca es no dejar en la impunidad los delitos cometidos dentro del actual marco de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana, pues se debe tener más cuidado con las disposiciones que se adoptan ya que lo que se corre el riesgo de sacrificar con normas como la analizada en esta oportunidad es nada más y nada menos que la libertad personal, aquel derecho fundamental del Estado Constitucional de Derecho que justifica la propia organización constitucional(1).

Por Yvana Novoa Curich

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(1)Sentencia 01871-2009-PHC/TC del 27 de abril de 2009.

El peatón infractor en los accidentes de tránsito

2010-08-25T22:36:00.005-05:00

“Quién por sí mismo salta al agua o a un lugar donde debe contarse con la presencia de agua, no puede imputar a otros haberse mojado”

GUNTHER JAKOBS [1]

*Imagen Extraída de RPP Noticias.

En los últimos meses ha surgido un tema que, en diversas ocasiones, ha sido objeto de sendas discusiones: la responsabilidad del peatón en los accidentes automovilísticos. En esta línea, es importante resaltar que no es un secreto el hecho de que los accidentes de tránsito son portada de muchos diarios y periódicos nacionales, toda vez que no hay día en que no ocurra uno de estos fatales accidentes. De este modo, la importancia del tema nos ha llevado a escribir el presente artículo, que pretende, desde la perspectiva del derecho penal, informar y analizar esta problemática.

Estadísticas

En el año 2007 y 2008 se produjeron en el Perú 1917 [2] y 1803 [3] accidentes de tránsito respectivamente. Dicha cifra resulta alarmante, toda vez que si la comparamos con la cantidad de accidentes ocurridos en el 2004 y 2005 (1198 [4] y 1145 [5]) podremos verificar que el número de accidentes esta en un proceso de ascenso. Más alarmante aún resulta el hecho de que la cifra de muertes acaecidas por dichos accidentes también se ha visto incrementada, llegando a la cantidad de 885 [6] en el año 2008. En esta línea, debemos tomar atención al motivo principal de los accidentes de tránsito. Muchos podrán pensar que la principal causa de accidentes de tránsito es el estado etílico del conductor o la alta velocidad del vehículo. No obstante, dicha conclusión es totalmente errónea ya que la causa principal de los accidentes de tránsito es la imprudencia peatonal, toda vez que del total de dichos accidentes 40 % [7] son ocasionados por los peatones. A esto se le debe agregar que el 72 % [8] de los peatones víctimas de un accidente de tránsito son responsables de su propia desgracia

CONLUSIÓN: La imprudencia de los peatones es la principal causa de accidentes de tránsito y atropellos en el Perú.

Análisis Jurídico

Después de haber culminado la anterior etapa ilustrativa proseguiremos analizando, desde el derecho penal, la presente problemática. Es así que buscaremos responder la siguiente pregunta: ¿El resultado acaecido en un accidente automovilístico con responsabilidad del peatón le es imputable al conductor? Para responder esta pregunta es necesario, en primer lugar, dar el concepto de imputación objetiva. En tal sentido, el Profesor Mir Puig señala sobre la teoría de la imputación objetiva lo siguiente:

“(…) esta teoría requiere en los delitos de acción (…) que el resultado haya sido causado por la conducta (relación de causalidad), pero añade, además, la exigencia de una determinada relación de riesgo entre el resultado y una conducta peligrosa (…)” [9]

En esta línea, podremos definir a la imputación objetiva como una creación doctrinal que permite imputar un resultado a una conducta utilizando como criterio la creación de un riesgo no permitido. En el presente caso pretendemos analizar si el resultado muerte o lesiones provenientes de un accidente de tránsito, ocurrido por responsabilidad del peatón, le es imputable al comportamiento del conductor del vehículo. Teniendo dicho objetivo trazado, debemos explicar el concepto de “participación de una propia puesta en peligro dolosa” [10] o “acción a propio riesgo [11]” para poder encontrar la respuesta a nuestro problema. En tal sentido, dichos conceptos [12] se refieren a los casos en dónde la víctima realiza conscientemente un comportamiento riesgoso que lleva a la realización del resultado, que a la vez es resultado causal de la conducta de un tercero.

En tal sentido, el profesor Felipe Villavicencio señala:

“(…) Existirá imputación al ámbito de competencia de la víctima, si es la misma víctima quien con su comportamiento contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no permitido (…)” [13]

Del mismo modo, la jurista colombiana Claudia López Díaz indica:

“(…) Con el concepto de acciones a propio riesgo han de agruparse todos aquellos casos en los que un tercero (autor) favorece, crea o facilita una situación en la cual el propia titular del bien jurídico (víctima) realiza una acción peligrosa para sus propios bienes (…)” [14]

En la presente problemática, la víctima realiza una acción riesgosa, violando su deber de autoprotección, hecho que ocasiona como resultado un accidente automovilístico que lleva por resultado la muerte o lesiones del peatón negligente. Es así que el resultado se le debe imputar al peatón, toda vez que él ha creado conscientemente el riesgo que se ha producido en el resultado. A partir de esto es correcto indicar que el fin de protección de la norma penal referente a “no matar” o “no lesionar” no extiende su radio de acción a los resultados ocurridos por la propia exposición al riesgo [15]. Aquí cabe la siguiente pregunta: ¿cuándo crea un peatón un riesgo que puede producir como resultado un accidente automovilístico?

Consideramos que la forma de delimitar una conducta riesgosa del transeúnte es a través de las normas de cuidado. Dichas normas, en el caso de seguridad vial, están contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito [16]. A partir esto llegamos a la conclusión que el peatón que cruza una avenida en estado de ebriedad o atraviesa intempestivamente una avenida de alta velocidad está realizando un comportamiento riesgoso, que en un virtual accidente automovilístico lo volvería responsable de su propia muerte o lesiones. Siguiendo esta corriente, nuestra Jurisprudencia ha resuelto lo siguiente:

“(…) El accidente de tránsito en el cual se produjo la muerte del agraviado tuvo como factores preponderantes el estado etílico en que éste se encontraba, el que según el Certificado del Dosaje Etílico (…) alcanzaba los dos puntos cincuenta g/l unido al hecho que manejaba su bicicleta sin frenos en sentido contrario al del tránsito y sin que en modo alguno esté probado que el procesado hubiera actuado imprudentemente (…)” [17]

Como vemos, tanto nuestra jurisprudencia como la doctrina nacional e internacional consideran que las acciones a propio riesgo son imputables a la propia víctima. No obstante, creamos que para una mejor interpretación de lo explicado hasta aquí es necesario un ejemplo:

El peatón “M” decide cruzar la carretera Panamericana Sur pese a encontrarse a unos pocos metros de un puente peatonal. Es preciso mencionar que “M” se encuentra en estado etílico. En tal situación, “M” cruza intempestiva y diagonalmente la carretera Panamericana en el preciso momento en que el conductor “S” maneja su vehículo. De este modo, pese a que “S” frena fuertemente, el tiempo de reacción y la distancia con “M” impide que “S” pueda detener su auto a tiempo, de forma que el peatón muere víctima del atropello.

Elementos:

-Víctima: M

-Tercero: S

- Norma de Cuidado: Art. 297 del Reglamento Nacional de Tránsito que tipifica como falta grave el cruzar en estado etílico la calzada, así como cruzar intempestivamente una avenida cuando no se tiene derecho de paso. A su vez el Art. 63 señala que no se tiene derecho de paso cuando se cruza diagonalmente. Del mismo modo, el Art. 69 dispone que el peatón debe cruzar a través de puentes o cruces subterráneos en los casos de vías de acceso rápido.

- Comportamiento Riesgoso: Cruzar en estado de ebriedad e intempestivamente la Panamericana

- Resultado: Muerte de “M”

De este modo, a partir de los elementos identificados podemos afirmar que “M” ha creado una conducta riesgosa que se produce en el resultado. Hecho que nos lleva a imputarle a la víctima el resultado.

CONCLUSIÓN: El accidente automovilístico ocasionado por un comportamiento peatonal contrario al Reglamento de Tránsito (norma de cuidado) se encuentra dentro del concepto de acción en propio riesgo, hecho que nos lleva a imputar el resultado del accidente a la propia víctima y considerar atípico el comportamiento del conductor.

Conclusiones

Como ya hemos visto, los accidentes de tránsito ocasionado por peatones son un problema latente en nuestra sociedad. Dicha realidad nos llevo a plantearnos la siguiente pregunta: ¿El resultado acaecido en un accidente automovilístico con responsabilidad del peatón le es imputable al conductor? Es así que con la ayuda de la doctrina y jurisprudencia penal hemos encontrado la siguiente respuesta a nuestra interrogante: el peatón infractor es el responsable de su propio perjuicio ocasionado por el accidente, toda vez que ha realizado una acción a propio riesgo que vulnera su deber de autoprotección. Pero, ¿Cuándo crea el peatón un riesgo que lo vuelve responsable de su propia desgracia? Creemos que la respuesta se encuentra en el Reglamento Nacional de Tránsito, el cual expresa una serie de normas de cuidado que el peatón diligente debe cumplir.

Finalmente, debemos resaltar la importancia del Decreto Supremo 040-2010. De este modo, pensamos que dicha norma promueve, a través de multas y sanciones, el respeto peatonal al Reglamento Nacional de Tránsito, norma que ha sido “letra muerta” para la mayoría de transeúntes de nuestro país. Más aún, debemos aplaudir el fin preventivo especial positivo que presenta dicho reglamento, expresado a través del curso de educación vial y los servicios comunitarios gratuitos que buscan “reeducar” al infractor.

Julio Rodríguez Vasquez

[1] JAKOBS, Gunther. La Imputación Objetiva en derecho penal. Bogotá; Universidad Externado de Colombia, 1995. p. 33.

[2] ONG Luz Ámbar. Cuadro comparativo de Víctimas de accidentes de Tránsito de 2004 a Abril del 2009. Consulta: 15 de Agosto del 2010. En:

[3] Ibídem

[4] Ibídem

[5] Ibídem

[6] Ibídem

[7] EL COMERCIO. 2010. Peatones son culpables del 40% de accidentes de tránsito fatales. El Comercio. Lima, 13 de Julio. Consulta: 15 de agosto del 2010. En:

[8] EL COMERCIO. 2010 Entrevista a Luis Quispe Candía, presidente de la ONG Luz Ambar Lima, 08 de abril. Consulta: 13 de agosto del 2010. En: <http://elcomercio.pe/noticia/458682/72-peatones-victimas-atropello-son-responsables-accidentes>

[9] MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General. Sétima edición. Barcelona; Reppertor, 2004. p. 241.

[10] ROXIN, Claus. Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Lima; IDEMSA, 1997. pp. 132-143.

[11] JAKOBS, Gunther. Ob. Cit. p. 32.

[12] Es importante señalar que no nos encontramos frente al concepto de consentimiento, ya que la víctima no ha querido el resultado, sino que se ha colocado voluntaria y conscientemente en una situación riesgosa. En este sentido: ROXIN, Claus. Ob. Cit. p. 135.

[13] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Lima; Grijley, 2009. p. 330.

[14] LÓPEZ DÍAS, Claudia. Acciones a propio riesgo. Bogotá; Universidad del Externado de Colombia, 2006. p. 249.

[15] ROXIN, Claus. Op. Cit. p.135.

[16] El Reglamento Nacional de Tránsito regula en su Título IV Capítulo I el correcto uso de de las vías de transito por parte del peatón. En tal sentido, es importante subrayar que dicho apartado señala lo referente al derecho de paso y a las prohibiciones impuestas a los transeúntes. De otro lado, el artículo 297 señala las infracciones de los peatones.

[17] Ejecutoría Superior del 25 de febrero de 1997. Exp.1789-96 Lima.

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO PENAL

2010-08-09T12:14:00.006-05:00

(*)Imagen tomada del Blog "Realidad Jurídica"

¿Cómo puedo denunciar un delito? Una vez formulada la denuncia, ¿puedo desistir de esta? ¿Si denuncio ¿todos se enterarán? ¿Qué es una sentencia firme?

Estas son algunas de las preguntas que las personas no familiarizadas con el Derecho Penal se plantean a menudo. Por ello, y con el fin de mejorar la información de la que dispone el usuario del sistema de justicia penal, ITER CRIMINIS pone a su disposición este documento, en el que intentamos dar respuesta a algunas cuestiones básicas del proceso penal.

Para la elaboración del mismo, hemos tenido la suerte de contar con el invaluable apoyo del Dr. Mario Rodriguez Hurtado, a quien agradecemos muchísimo su participación.

El siguiente documento, no obstante, solo es válido para el distrito judicial de Lima y para todos aquellos en los cuales el Código de Procedimientos Penales aún no es reemplazado por el Nuevo Código Procesal Penal.

Pueden acceder al documento haciendo click aquí.

Iter Criminis saluda a sus nuevos Miembros

2010-08-02T13:17:00.007-05:00

La Asociación Civil Iter Criminis se complace en informar que, habiéndose cumplido los plazos establecidos para el proceso de convocatoria 2010-1, han resultado elegidos los siguientes nuevos miembros de la Asociación:

-Karen Bertola

-Paloma Lopez

-Ricardo Santayana

Hacemos públicas nuestras felicitaciones y agradecimiento a cada uno de ellos, y los invitamos desde ya a trabajar arduamente al interior de nuestra institución y a seguir desarrollando, desde diversas ópticas, su interés por el Derecho Penal.