(*)Imagen tomada del blog enoruro.com
El pasado 27 de Agosto del 2010, durante su participación en el IV Congreso Nacional de Jueces realizado en la ciudad del Cuzco, el magistrado de la Corte Suprema Cesar San Martin Castro informó a los asistentes que el Gobierno ha decidido suspender temporalmente la ejecución del calendario de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.
El Dr. San Martin Castro integra la Comisión de Coordinación Presupuestal entre el Ejecutivo y el Poder Judicial(PJ). En una reciente reunión con representantes del Ejecutivo, estos le informaron que no era posible incrementar en la proporción necesaria el presupuesto del PJ para el año 2011, debido a la actual "situación de crisis"(¿?).
En consecuencia, el Nuevo Código Procesal Penal no podrá ser implementado en Octubre de este año en los distritos del Santa y de Ancash, de acuerdo a lo previsto. No se implementará tampoco el próximo año en los distritos de Lima, Lima Norte y Callao, ni en los de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junin.
En resumen, la parte más importante del calendario de aplicación del NCPP se lanza por la ventana, sin mayores debates ni escrúpulos.
Para medir la magnitud del problema, pueden ver aquí los distritos donde ya se implementó, y corroborar aquí que el DS 016-2009-JUS establecía un calendario muy distinto al que ahora se plantea.
Esta decisión es totalmente contraria a las anteriores declaraciones del Presidente de la República (verlas
aquí) quien, teóricamente, abogaba por adelantar la vigencia del NCPP en Lima, por lo menos para casos de corrupción.
Pero más grave aún, es el hecho de que tamaña decisión no haya salido oportunamente publicada en la prensa. Solo la página web del Poder Judicial
daba cuenta de la información proporcionada por San Martin Castro (que constituye una auténtica denuncia). Otras
honrosas excepciones publicaron la declaración del Cuzco, que contenía la preocupación de los jueces por la sorpresiva decisión del Ejecutivo. Siempre están, por supuesto, los comentarios de los operadores jurídicos comprometidos con la reforma, que nos alertaron de la suspensión vía e-mail. Pero no mucho más.
Es sumamente preocupante que una decisión de tamaña envergadura no haya merecido la atención de la prensa. ¿Por qué en momentos en los que la ola delictiva parece más intensa que nunca en la capital no se crítica el hecho de que se demore la implementación de uno de los instrumentos necesarios para combatirla?
La decisión del Ejecutivo no puede satisfacer a nadie que conozca la lamentable actualidad del Sistema de Justicia Penal. Más aun cuando la aplicación del NCPP en otros distritos judiciales comienza a dar sus frutos.
En este sentido, adjuntamos a la presente nota el último informe del Ministerio de Justicia sobre los resultados de la aplicación del NCPP, que dan cuenta de muchos logros positivos. Pueden acceder a él aquí.
Hacemos un sincero llamado a todos los operadores comprometidos con la reforma del sistema de justicia penal, para protestar por esta medida del ejecutivo y evitar que se haga un uso parcial y politizado del NCPP, situación que ya se vivió con el Código Procesal Penal de 1991.
Actualización del 22-09-2010:
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Dos novedades vinculadas al tema comentado se han producido en los últimos días:
Primero, el viernes 17 de Septiembre se promulgó
la ley 29574, que dispone la entrada en vigencia del NCPP
a nivel nacional para todos los casos vinculados a
delitos de corrupción, dentro de 120 días. La decisión, que en primera instancia pareciera ser saludable, podría volverse un peligroso boomerang si no se aprovecha este plazo para capacitar a todo el personal necesario para aplicar correctamente el código, ni se hacen los gastos requeridos en materia de infraestructura.
La impresión que generan estas marchas y contramarchas sobre la aplicación del NCPP es una sola: no hay una verdadera planificación sobre la implementación de esta norma asumida como vinculante por sus responsables. Y si la hay, es evidente que esta puede ser dejada de lado muy rápidamente por los gobernantes de turno, posiblemente por consideraciones políticas. Si implementar el NCPP para casos de corrupción de funcionarios era tan urgente ¿por qué no se previó desde el inicio?. Si no hay dinero para cumplir con el calendario oficial, ¿cómo podría haberlo para implementar en tan solo 120 días la misma norma para un rubro específico de delitos?
Tanta manipulación le quita seriedad a un proyecto que está llamado a cambiar, al menos parcialmente, la realidad del sistema de justicia penal en nuestro país. Por el bien de los usuarios del mismo, es necesario que el gobierno deje de jugar con los plazos de implementación, y de utilizar el NCPP como una herramienta política.
