Asociación Civil Iter Criminis

La Asociación Civil Iter Criminis está conformada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Boletín "Penalito"

Publicación de distribución gratuita dirigida al público en general que, a través de un formato sencillo y didáctico, brinda información al lector sobre sus derechos y deberes, ofreciendo herramientas para afrontar problemas cotidianos relacionados con el Derecho Penal.

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Iter Criminis es una asociación civil formada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) interesados en generar un espacio de estudio, investigación y difusión del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y disciplinas afines con el objeto de contribuir al enriquecimiento de la formación académica de sus integrantes y, de otra parte, promover el desarrollo de la cultura jurídica en esas materias. Así, las líneas de acción de la Asociación Civil Iter Criminis están orientadas tanto al aprendizaje de sus miembros como a la difusión del Derecho Penal en la comunidad académica.

jueves, 23 de septiembre de 2010

ITER CRIMINIS con Urs Kindhäuser en la UNMSM


El pasado Jueves 16 de Septiembre a las 7.00 p.m, en el marco del IV Seminario Internacional de Derecho Penal, una delegación de Iter Criminis tuvo el agrado de escuchar la ponencia del Dr. Urs Kindhäuser, en el auditorio Eugenio Castañeda -de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)- y de colaborar con la organización de la misma. En la foto, miembros de nuestra Asociación, junto al Dr. Caro John -quien tuvo la amabilidad de traducir y comentar la ponencia- y al Dr. Urs Kindhäuser.



El evento fue organizado por los amigos del Taller de Ciencias Penales de la UNMSM, y contó también con el apoyo del Taller de Especialización en Ciencias Penales de la Universidad Federico Villareal (UNFV), algunos de cuyos miembros figuran en la foto.

El Dr. Urs Kindhäuser desarrolló el tema del concepto de imprudencia en el Derecho Penal, ampliando lo que ya había expuesto en un interesante artículo que puedes encontrar aquí.




domingo, 12 de septiembre de 2010

Suspenden Calendario de aplicación progresiva del NCPP



(*)Imagen tomada del blog enoruro.com

El pasado 27 de Agosto del 2010, durante su participación en el IV Congreso Nacional de Jueces realizado en la ciudad del Cuzco, el magistrado de la Corte Suprema Cesar San Martin Castro informó a los asistentes que el Gobierno ha decidido suspender temporalmente la ejecución del calendario de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.

El Dr. San Martin Castro integra la Comisión de Coordinación Presupuestal entre el Ejecutivo y el Poder Judicial(PJ). En una reciente reunión con representantes del Ejecutivo, estos le informaron que no era posible incrementar en la proporción necesaria el presupuesto del PJ para el año 2011, debido a la actual "situación de crisis"(¿?).

En consecuencia, el Nuevo Código Procesal Penal no podrá ser implementado en Octubre de este año en los distritos del Santa y de Ancash, de acuerdo a lo previsto. No se implementará tampoco el próximo año en los distritos de Lima, Lima Norte y Callao, ni en los de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junin.

En resumen, la parte más importante del calendario de aplicación del NCPP se lanza por la ventana, sin mayores debates ni escrúpulos. Para medir la magnitud del problema, pueden ver aquí los distritos donde ya se implementó, y corroborar aquí que el DS 016-2009-JUS establecía un calendario muy distinto al que ahora se plantea.

Esta decisión es totalmente contraria a las anteriores declaraciones del Presidente de la República (verlas aquí) quien, teóricamente, abogaba por adelantar la vigencia del NCPP en Lima, por lo menos para casos de corrupción.

Pero más grave aún, es el hecho de que tamaña decisión no haya salido oportunamente publicada en la prensa. Solo la página web del Poder Judicial daba cuenta de la información proporcionada por San Martin Castro (que constituye una auténtica denuncia). Otras honrosas excepciones publicaron la declaración del Cuzco, que contenía la preocupación de los jueces por la sorpresiva decisión del Ejecutivo. Siempre están, por supuesto, los comentarios de los operadores jurídicos comprometidos con la reforma, que nos alertaron de la suspensión vía e-mail. Pero no mucho más.

Es sumamente preocupante que una decisión de tamaña envergadura no haya merecido la atención de la prensa. ¿Por qué en momentos en los que la ola delictiva parece más intensa que nunca en la capital no se crítica el hecho de que se demore la implementación de uno de los instrumentos necesarios para combatirla?

La decisión del Ejecutivo no puede satisfacer a nadie que conozca la lamentable actualidad del Sistema de Justicia Penal. Más aun cuando la aplicación del NCPP en otros distritos judiciales comienza a dar sus frutos. En este sentido, adjuntamos a la presente nota el último informe del Ministerio de Justicia sobre los resultados de la aplicación del NCPP, que dan cuenta de muchos logros positivos. Pueden acceder a él aquí.

Hacemos un sincero llamado a todos los operadores comprometidos con la reforma del sistema de justicia penal, para protestar por esta medida del ejecutivo y evitar que se haga un uso parcial y politizado del NCPP, situación que ya se vivió con el Código Procesal Penal de 1991.

Actualización del 22-09-2010:
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Dos novedades vinculadas al tema comentado se han producido en los últimos días:

Primero, el viernes 17 de Septiembre se promulgó la ley 29574, que dispone la entrada en vigencia del NCPP a nivel nacional para todos los casos vinculados a delitos de corrupción, dentro de 120 días. La decisión, que en primera instancia pareciera ser saludable, podría volverse un peligroso boomerang si no se aprovecha este plazo para capacitar a todo el personal necesario para aplicar correctamente el código, ni se hacen los gastos requeridos en materia de infraestructura.

Segundo, el día de hoy la Fiscal de la Nación ha manifestado el mismo temor expresado previamente por el Dr. San Martin Castro, acerca de la ausencia de presupuesto para implementar el NCPP respetando el calendario establecido. Este es, hasta donde hemos podido conocer -y con la excepción de San Martín Castro- el primer pronunciamiento público de una autoridad sobre tan grave circunstancia. Esperamos que la voz de la Fiscal de la Nación pueda llamar la atención de la opinión pública sobre la criticable forma de realizar la implementación del NCPP llevada a cabo por el actual gobierno.

La impresión que generan estas marchas y contramarchas sobre la aplicación del NCPP es una sola: no hay una verdadera planificación sobre la implementación de esta norma asumida como vinculante por sus responsables. Y si la hay, es evidente que esta puede ser dejada de lado muy rápidamente por los gobernantes de turno, posiblemente por consideraciones políticas. Si implementar el NCPP para casos de corrupción de funcionarios era tan urgente ¿por qué no se previó desde el inicio?. Si no hay dinero para cumplir con el calendario oficial, ¿cómo podría haberlo para implementar en tan solo 120 días la misma norma para un rubro específico de delitos?

Tanta manipulación le quita seriedad a un proyecto que está llamado a cambiar, al menos parcialmente, la realidad del sistema de justicia penal en nuestro país. Por el bien de los usuarios del mismo, es necesario que el gobierno deje de jugar con los plazos de implementación, y de utilizar el NCPP como una herramienta política.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Urs Kindhäuser en la UNMSM

Este jueves 16 de septiembre, el Dr. Urs Kindhäuser se presentará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos(UNMSM), en el marco del IV Seminario Internacional de Derecho Penal. Su ponencia girará en torno al concepto y la problemática de los delitos culposos. Los comentarios estarán a cargo del Dr. José Antonio Caro John.

El evento es organizado por nuestros amigos del Taller de Ciencias Penales de la UNMSM, y cuenta además con el apoyo del Taller de Especialización en Ciencias Penales de la Universidad Federico Villareal y de la Asociación Civil Iter Criminis, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Urs Kindhäuser dicta la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Bonn(Alemania), y es conocido en nuestro país por sus publicaciones sobre la estafa como modalidad de autoría mediata y la imputación objetiva y subjetiva del riesgo prohibido, entre otros.

La cita es las 6:30 pm, en el Salón Eugenio Castañeda. LA ENTRADA ES LIBRE.

lunes, 30 de agosto de 2010

Detenido porque “él” lo dice: Reflexiones sobre la flagrancia…. ¿del día anterior?

(*)Imagen tomada del blog fuegofull.blogspot.com.

Imagine que va caminando por la calle y que de pronto llega una patrulla de la PNP, lo intercepta y le pide que suba a la camioneta pues el día anterior usted cometió el delito de hurto. Usted obviamente le hará las siguientes preguntas al policía: ¿De dónde saca usted señor policía, que yo he cometido dicho delito? ¿Usted me ha visto? ¿Llevo elementos en mí mismo o en mi ropa que le hagan pensar que acabo de cometer el delito? ¿Hay alguna cámara de seguridad que me haya captado hurtando? El policía seguramente responderá que, efectivamente, no lo ha visto cometerlo, que no lleva en sí mismo evidencia que haga pensar que acaba de cometer el hurto, y que usted no ha sido encontrado inmediatamente después de realizar la conducta delictiva pues lo están deteniendo muchas horas después de que el hecho se dio. Sin embargo, usted debe acompañar al policía a la comisaría pues hay una persona que pasaba por ahí y que considera que usted se parece mucho a la persona que la asaltó; o tal vez porque esa persona fue testigo del hurto y cree que usted es quién cometió el delito. ¿Indignante? Sí, es indignante. ¿Inconstitucional? Al parecer también lo es.

El miércoles 25 de agosto de este año entró en vigencia la Ley N° 29569 que modifica el artículo 259° del Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957. Esta última modificación ha sido presentada por los medios de comunicación como una noticia de gran magnitud cuando, en realidad, se trata de una de las tantas modificaciones que el artículo 259° ha sufrido desde la aprobación del Código Procesal Penal. Es más, la nueva modificación regresa al concepto de flagrancia que estuvo vigente hasta junio del año 2009, lo cual nos permite darnos cuenta de que no estamos ante una innovación legislativa, como los medios de comunicación nos han querido hacer ver.
La primera redacción del artículo 259° contenía la siguiente definición de flagrancia delictiva:

“Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo”.(sic)

Como se puede apreciar, esta primera definición es acorde a lo establecido en el artículo 2° inciso 24 f) de la Constitución, el cual señala que toda persona tiene derecho a no ser detenida sino por mandato judicial escrito y motivado, o por la policía cuando medie flagrante delito. Sin embargo, el 22 de julio del 2007, mediante Decreto Legislativo N° 983, se modificó por segunda vez el artículo 259° CPP ampliando el contenido de la definición de flagrancia delictiva. Según esta modificación, estaremos ante un supuesto de flagrancia no sólo cuando el sujeto sea descubierto en la realización del hecho punible o cuando sea descubierto inmediatamente después de cometer el delito, sino también en dos supuestos más:

a) Cuando el sujeto, luego de huir, sea identificado inmediatamente después de cometer el delito, ya sea por el agraviado, o por otra persona que haya sido testigo del hecho, o por medio audiovisual u otro análogo que haya registrado imágenes de aquél, y el sujeto sea hallado dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del hecho punible.

b) Cuando el sujeto es encontrado durante las 24 horas posteriores a la comisión del delito con efectos o instrumentos que hubieren sido utilizados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su ropa que hagan pensar que es probable que sea el autor o partícipe en el hecho delictuoso.
Ahora bien, antes de pasar al análisis de las implicancias de esta redacción, es importante destacar que ésta es la definición de flagrancia contenida en la última modificación del artículo en comentario. Asimismo, cabe mencionar que éste fue el artículo vigente hasta el 8 de junio del 2009 pues al día siguiente se aprobó el artículo 1° de la Ley N° 29372 que retornó a la redacción inicial del artículo 259° y que mencionamos anteriormente.

Las preguntas que saltan a la mente luego de leer la redacción actual del artículo 259° respecto de la detención policial son las siguientes: ¿Me pueden detener, supuestamente en flagrancia delictiva, por el sólo hecho de que alguien me sindique o señale como autor o partícipe de un delito, a pesar de no haber sido hallado “con las manos en la masa” ni con vestigios que den a entender que efectivamente cometí un delito? y, en este sentido, ¿Nos encontramos ante un artículo constitucional?

Si bien todas las modificaciones sufridas por el artículo en comentario buscan responder o dar solución a la situación de inseguridad que va agravándose día a día, no se puede aceptar que se adopten soluciones peligrosas e inconstitucionales como la del supuesto a) arriba indicado. Y es que resulta sumamente peligroso que cualquiera pueda ser detenido por la Policía sólo por el hecho de que alguien, dentro de un lapso de 24 horas de haberse producido un delito, nos señale como autores de dicho hecho sin ninguna otra prueba o evidencia más que su palabra.

El supuesto de detención policial narrado al inicio de este texto no sólo contraviene la Constitución, sino que va en contra del criterio del Tribunal Constitucional, el cual ha emitido varias sentencias en las cuales interpreta el artículo 2° inciso 24 f) de la Constitución y define la figura de la flagrancia delictiva. Por ejemplo, en la sentencia 01957-2008-PHC/TC el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

“5. En relación a la detención personal, el inciso 24, literal f, del artículo 2 de la Constitución precisa la existencia de dos situaciones en las que es legítima la detención; esto es, el mandamiento escrito y motivado del juez, y el flagrante delito; las cuales serán materia de análisis por este Colegiado a efectos de establecer la existencia de la violación constitucional que sustenta la demanda.

6. Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. N° 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez; Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani Rodríguez Aguirre) “.


Este mismo criterio se encuentra plasmado en la sentencia 01871-2009-PHC/TC. Como podemos notar, el TC no incluye dentro de su definición de flagrancia delictiva ningún plazo de 24 horas extras dentro de las cuales un sujeto puede ser detenido y tampoco incluye la posibilidad de que la actuación policial se active con la sola sindicación o señalamiento de parte del agraviado o un testigo. Todo esto sólo desnaturaliza la figura de la flagrancia delictiva e incluye supuestos dentro de su definición que no están incluidos en el texto de la Constitución.

En esta misma línea, la norma promulgada podría ser materia de un posible y futuro control difuso si es que supuestos de detención como el narrado al inicio llegan ante un juez. Sin embargo, antes de que se efectúe dicha inaplicación de la norma ante un supuesto de detención vulneratorio de derechos fundamentales, el juez tendrá que buscar una interpretación de la ley que se condiga con el texto de la Constitución.

No obstante, de una interpretación literal de la norma, pareciera que el nuevo artículo 259° contuviese en el fondo consideraciones que transgreden principios elementales del ordenamiento y derechos fundamentales como lo es la libertad personal. Si lo que la norma busca es no dejar en la impunidad los delitos cometidos dentro del actual marco de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana, pues se debe tener más cuidado con las disposiciones que se adoptan ya que lo que se corre el riesgo de sacrificar con normas como la analizada en esta oportunidad es nada más y nada menos que la libertad personal, aquel derecho fundamental del Estado Constitucional de Derecho que justifica la propia organización constitucional(1).

Por Yvana Novoa Curich
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(1)Sentencia 01871-2009-PHC/TC del 27 de abril de 2009.

miércoles, 25 de agosto de 2010

El peatón infractor en los accidentes de tránsito


“Quién por sí mismo salta al agua o a un lugar donde debe contarse con la presencia de agua, no puede imputar a otros haberse mojado”

GUNTHER JAKOBS [1]

*Imagen Extraída de RPP Noticias.

En los últimos meses ha surgido un tema que, en diversas ocasiones, ha sido objeto de sendas discusiones: la responsabilidad del peatón en los accidentes automovilísticos. En esta línea, es importante resaltar que no es un secreto el hecho de que los accidentes de tránsito son portada de muchos diarios y periódicos nacionales, toda vez que no hay día en que no ocurra uno de estos fatales accidentes. De este modo, la importancia del tema nos ha llevado a escribir el presente artículo, que pretende, desde la perspectiva del derecho penal, informar y analizar esta problemática.

  1. Estadísticas

En el año 2007 y 2008 se produjeron en el Perú 1917 [2] y 1803 [3] accidentes de tránsito respectivamente. Dicha cifra resulta alarmante, toda vez que si la comparamos con la cantidad de accidentes ocurridos en el 2004 y 2005 (1198 [4] y 1145 [5]) podremos verificar que el número de accidentes esta en un proceso de ascenso. Más alarmante aún resulta el hecho de que la cifra de muertes acaecidas por dichos accidentes también se ha visto incrementada, llegando a la cantidad de 885 [6] en el año 2008. En esta línea, debemos tomar atención al motivo principal de los accidentes de tránsito. Muchos podrán pensar que la principal causa de accidentes de tránsito es el estado etílico del conductor o la alta velocidad del vehículo. No obstante, dicha conclusión es totalmente errónea ya que la causa principal de los accidentes de tránsito es la imprudencia peatonal, toda vez que del total de dichos accidentes 40 % [7] son ocasionados por los peatones. A esto se le debe agregar que el 72 % [8] de los peatones víctimas de un accidente de tránsito son responsables de su propia desgracia

CONLUSIÓN: La imprudencia de los peatones es la principal causa de accidentes de tránsito y atropellos en el Perú.

  1. Análisis Jurídico

Después de haber culminado la anterior etapa ilustrativa proseguiremos analizando, desde el derecho penal, la presente problemática. Es así que buscaremos responder la siguiente pregunta: ¿El resultado acaecido en un accidente automovilístico con responsabilidad del peatón le es imputable al conductor? Para responder esta pregunta es necesario, en primer lugar, dar el concepto de imputación objetiva. En tal sentido, el Profesor Mir Puig señala sobre la teoría de la imputación objetiva lo siguiente:

“(…) esta teoría requiere en los delitos de acción (…) que el resultado haya sido causado por la conducta (relación de causalidad), pero añade, además, la exigencia de una determinada relación de riesgo entre el resultado y una conducta peligrosa (…)” [9]

En esta línea, podremos definir a la imputación objetiva como una creación doctrinal que permite imputar un resultado a una conducta utilizando como criterio la creación de un riesgo no permitido. En el presente caso pretendemos analizar si el resultado muerte o lesiones provenientes de un accidente de tránsito, ocurrido por responsabilidad del peatón, le es imputable al comportamiento del conductor del vehículo. Teniendo dicho objetivo trazado, debemos explicar el concepto de “participación de una propia puesta en peligro dolosa” [10] o “acción a propio riesgo [11]” para poder encontrar la respuesta a nuestro problema. En tal sentido, dichos conceptos [12] se refieren a los casos en dónde la víctima realiza conscientemente un comportamiento riesgoso que lleva a la realización del resultado, que a la vez es resultado causal de la conducta de un tercero.

En tal sentido, el profesor Felipe Villavicencio señala:

“(…) Existirá imputación al ámbito de competencia de la víctima, si es la misma víctima quien con su comportamiento contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no permitido (…)” [13]

Del mismo modo, la jurista colombiana Claudia López Díaz indica:

“(…) Con el concepto de acciones a propio riesgo han de agruparse todos aquellos casos en los que un tercero (autor) favorece, crea o facilita una situación en la cual el propia titular del bien jurídico (víctima) realiza una acción peligrosa para sus propios bienes (…)” [14]

En la presente problemática, la víctima realiza una acción riesgosa, violando su deber de autoprotección, hecho que ocasiona como resultado un accidente automovilístico que lleva por resultado la muerte o lesiones del peatón negligente. Es así que el resultado se le debe imputar al peatón, toda vez que él ha creado conscientemente el riesgo que se ha producido en el resultado. A partir de esto es correcto indicar que el fin de protección de la norma penal referente a “no matar” o “no lesionar” no extiende su radio de acción a los resultados ocurridos por la propia exposición al riesgo [15]. Aquí cabe la siguiente pregunta: ¿cuándo crea un peatón un riesgo que puede producir como resultado un accidente automovilístico?

Consideramos que la forma de delimitar una conducta riesgosa del transeúnte es a través de las normas de cuidado. Dichas normas, en el caso de seguridad vial, están contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito [16]. A partir esto llegamos a la conclusión que el peatón que cruza una avenida en estado de ebriedad o atraviesa intempestivamente una avenida de alta velocidad está realizando un comportamiento riesgoso, que en un virtual accidente automovilístico lo volvería responsable de su propia muerte o lesiones. Siguiendo esta corriente, nuestra Jurisprudencia ha resuelto lo siguiente:

“(…) El accidente de tránsito en el cual se produjo la muerte del agraviado tuvo como factores preponderantes el estado etílico en que éste se encontraba, el que según el Certificado del Dosaje Etílico (…) alcanzaba los dos puntos cincuenta g/l unido al hecho que manejaba su bicicleta sin frenos en sentido contrario al del tránsito y sin que en modo alguno esté probado que el procesado hubiera actuado imprudentemente (…)” [17]

Como vemos, tanto nuestra jurisprudencia como la doctrina nacional e internacional consideran que las acciones a propio riesgo son imputables a la propia víctima. No obstante, creamos que para una mejor interpretación de lo explicado hasta aquí es necesario un ejemplo:

El peatón “M” decide cruzar la carretera Panamericana Sur pese a encontrarse a unos pocos metros de un puente peatonal. Es preciso mencionar que “M” se encuentra en estado etílico. En tal situación, “M” cruza intempestiva y diagonalmente la carretera Panamericana en el preciso momento en que el conductor “S” maneja su vehículo. De este modo, pese a que “S” frena fuertemente, el tiempo de reacción y la distancia con “M” impide que “S” pueda detener su auto a tiempo, de forma que el peatón muere víctima del atropello.

Elementos:

-Víctima: M

-Tercero: S

- Norma de Cuidado: Art. 297 del Reglamento Nacional de Tránsito que tipifica como falta grave el cruzar en estado etílico la calzada, así como cruzar intempestivamente una avenida cuando no se tiene derecho de paso. A su vez el Art. 63 señala que no se tiene derecho de paso cuando se cruza diagonalmente. Del mismo modo, el Art. 69 dispone que el peatón debe cruzar a través de puentes o cruces subterráneos en los casos de vías de acceso rápido.

- Comportamiento Riesgoso: Cruzar en estado de ebriedad e intempestivamente la Panamericana

- Resultado: Muerte de “M”

De este modo, a partir de los elementos identificados podemos afirmar que “M” ha creado una conducta riesgosa que se produce en el resultado. Hecho que nos lleva a imputarle a la víctima el resultado.

CONCLUSIÓN: El accidente automovilístico ocasionado por un comportamiento peatonal contrario al Reglamento de Tránsito (norma de cuidado) se encuentra dentro del concepto de acción en propio riesgo, hecho que nos lleva a imputar el resultado del accidente a la propia víctima y considerar atípico el comportamiento del conductor.

  1. Conclusiones

Como ya hemos visto, los accidentes de tránsito ocasionado por peatones son un problema latente en nuestra sociedad. Dicha realidad nos llevo a plantearnos la siguiente pregunta: ¿El resultado acaecido en un accidente automovilístico con responsabilidad del peatón le es imputable al conductor? Es así que con la ayuda de la doctrina y jurisprudencia penal hemos encontrado la siguiente respuesta a nuestra interrogante: el peatón infractor es el responsable de su propio perjuicio ocasionado por el accidente, toda vez que ha realizado una acción a propio riesgo que vulnera su deber de autoprotección. Pero, ¿Cuándo crea el peatón un riesgo que lo vuelve responsable de su propia desgracia? Creemos que la respuesta se encuentra en el Reglamento Nacional de Tránsito, el cual expresa una serie de normas de cuidado que el peatón diligente debe cumplir.

Finalmente, debemos resaltar la importancia del Decreto Supremo 040-2010. De este modo, pensamos que dicha norma promueve, a través de multas y sanciones, el respeto peatonal al Reglamento Nacional de Tránsito, norma que ha sido “letra muerta” para la mayoría de transeúntes de nuestro país. Más aún, debemos aplaudir el fin preventivo especial positivo que presenta dicho reglamento, expresado a través del curso de educación vial y los servicios comunitarios gratuitos que buscan “reeducar” al infractor.

Julio Rodríguez Vasquez



[1] JAKOBS, Gunther. La Imputación Objetiva en derecho penal. Bogotá; Universidad Externado de Colombia, 1995. p. 33.

[2] ONG Luz Ámbar. Cuadro comparativo de Víctimas de accidentes de Tránsito de 2004 a Abril del 2009. Consulta: 15 de Agosto del 2010. En:

[3] Ibídem

[4] Ibídem

[5] Ibídem

[6] Ibídem

[7] EL COMERCIO. 2010. Peatones son culpables del 40% de accidentes de tránsito fatales. El Comercio. Lima, 13 de Julio. Consulta: 15 de agosto del 2010. En:

[8] EL COMERCIO. 2010 Entrevista a Luis Quispe Candía, presidente de la ONG Luz Ambar Lima, 08 de abril. Consulta: 13 de agosto del 2010. En: <http://elcomercio.pe/noticia/458682/72-peatones-victimas-atropello-son-responsables-accidentes>

[9] MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General. Sétima edición. Barcelona; Reppertor, 2004. p. 241.

[10] ROXIN, Claus. Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Lima; IDEMSA, 1997. pp. 132-143.

[11] JAKOBS, Gunther. Ob. Cit. p. 32.

[12] Es importante señalar que no nos encontramos frente al concepto de consentimiento, ya que la víctima no ha querido el resultado, sino que se ha colocado voluntaria y conscientemente en una situación riesgosa. En este sentido: ROXIN, Claus. Ob. Cit. p. 135.

[13] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Lima; Grijley, 2009. p. 330.

[14] LÓPEZ DÍAS, Claudia. Acciones a propio riesgo. Bogotá; Universidad del Externado de Colombia, 2006. p. 249.

[15] ROXIN, Claus. Op. Cit. p.135.

[16] El Reglamento Nacional de Tránsito regula en su Título IV Capítulo I el correcto uso de de las vías de transito por parte del peatón. En tal sentido, es importante subrayar que dicho apartado señala lo referente al derecho de paso y a las prohibiciones impuestas a los transeúntes. De otro lado, el artículo 297 señala las infracciones de los peatones.

[17] Ejecutoría Superior del 25 de febrero de 1997. Exp.1789-96 Lima.

lunes, 9 de agosto de 2010

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO PENAL

(*)Imagen tomada del Blog "Realidad Jurídica"

¿Cómo puedo denunciar un delito? Una vez formulada la denuncia, ¿puedo desistir de esta? ¿Si denuncio ¿todos se enterarán? ¿Qué es una sentencia firme?

Estas son algunas de las preguntas que las personas no familiarizadas con el Derecho Penal se plantean a menudo. Por ello, y con el fin de mejorar la información de la que dispone el usuario del sistema de justicia penal, ITER CRIMINIS pone a su disposición este documento, en el que intentamos dar respuesta a algunas cuestiones básicas del proceso penal.

Para la elaboración del mismo, hemos tenido la suerte de contar con el invaluable apoyo del Dr. Mario Rodriguez Hurtado, a quien agradecemos muchísimo su participación.

El siguiente documento, no obstante, solo es válido para el distrito judicial de Lima y para todos aquellos en los cuales el Código de Procedimientos Penales aún no es reemplazado por el Nuevo Código Procesal Penal.

Pueden acceder al documento haciendo click aquí.

lunes, 2 de agosto de 2010

Iter Criminis saluda a sus nuevos Miembros

La Asociación Civil Iter Criminis se complace en informar que, habiéndose cumplido los plazos establecidos para el proceso de convocatoria 2010-1, han resultado elegidos los siguientes nuevos miembros de la Asociación:

-Karen Bertola
-Paloma Lopez
-Ricardo Santayana

Hacemos públicas nuestras felicitaciones y agradecimiento a cada uno de ellos, y los invitamos desde ya a trabajar arduamente al interior de nuestra institución y a seguir desarrollando, desde diversas ópticas, su interés por el Derecho Penal.