Asociación Civil Iter Criminis

La Asociación Civil Iter Criminis está conformada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Boletín "Penalito"

Publicación de distribución gratuita dirigida al público en general que, a través de un formato sencillo y didáctico, brinda información al lector sobre sus derechos y deberes, ofreciendo herramientas para afrontar problemas cotidianos relacionados con el Derecho Penal.

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Iter Criminis es una asociación civil formada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) interesados en generar un espacio de estudio, investigación y difusión del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y disciplinas afines con el objeto de contribuir al enriquecimiento de la formación académica de sus integrantes y, de otra parte, promover el desarrollo de la cultura jurídica en esas materias. Así, las líneas de acción de la Asociación Civil Iter Criminis están orientadas tanto al aprendizaje de sus miembros como a la difusión del Derecho Penal en la comunidad académica.

lunes, 31 de octubre de 2011

Sentencia del Caso Paul Garay Ramírez


La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de 18 meses de prisión efectiva impuesta al periodista Paul Garay por presunta difamación al fiscal superior Agustín López Cruz.

En consecuencia ordenó su inmediata libertad, pero esta podría retrasarse injustificadamente hasta la próxima semana. Esto porque de acuerdo con el procedimiento la orden de excarcelación debe ser tramitada por el tribunal superior que dictó la sentencia, es decir, la Sala Penal de Ucayali.

La resolución de libertad fue notificada a esa instancia judicial vía fax para acelerar el trámite, pero hasta anoche la situación era complicada e incierta. Ese documento debe llegar a la dirección regional del INPE y retornar a Lima, pues Paul Garay se encuentra preso en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro.

Ese segundo procedimiento, según funcionarios del INPE de Ucayali, se realizará hoy vía courrier, lo que supone que el trámite se entramparía hasta el miércoles, por el largo fin de semana en las instituciones públicas.

Víctor Valdez, abogado de Garay, anunció que de no tramitarse hoy el documento de libertad interpondrá un hábeas corpus contra los funcionarios del INPE, porque ya no hay motivo legal para que el periodista continúe privado de su libertad.

Absuelto

El tribunal supremo estableció la absolución de Garay porque el fiscal demandante no presentó una prueba que demuestre que el periodista lo difamó y tampoco a través de qué medio lo hizo.

Explicaron los magistrados supremos que según la ley en este tipo de casos corresponde a la persona que se siente agraviada por una publicación presentar las pruebas respectivas, identificar plenamente al agresor y el medio que utilizó.

El fiscal Agustín López presentó un audio de 52 segundos en el que no se identificó la voz de Garay, tampoco la fecha o fechas exactas en que se produjeron los agravios ni la emisora radial a través de la cual se difundió la frase infamante.



. Para ver la sentencia del caso Paul Gray, clic aquí.


sábado, 29 de octubre de 2011

Minjus: Perú no se allanará. Caso Chavín de Huántar


El viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, sostuvo ayer que el Perú "no se allanará" ni aceptará el procesamiento de los comandos que participaron en la operación de rescate Chavín de Huántar, en 1997.

"El Perú ya asumió una posición en relación con este informe, en que no existe allanamiento por parte del Estado y no existe reconocimiento de alguna violación a los derechos fundamentales o derechos de las personas", precisó.
Jiménez indicó que la CIDH emitió "un informe del fondo" el 12 de junio, en relación con un caso que se estaba ventilando en esta instancia, el cual plantea "una serie de cosas" que no pueden ser reveladas porque "es reservado" y corresponde al organismo supranacional hacerlo público.
"En ningún caso, el Perú no aceptará el procesamiento de militares o del comando que estuvo a cargo de esta operación (de rescate)", dijo, al recalcar que esta posición del Estado fue comunicada a la CIDH el pasado 15 de agosto.
Instó a que no se realice ningún tipo de especulación sobre este caso, pues, "el tema es clarísimo, porque el Perú no se ha allanado a ninguna recomendación".
Por lado, explicó que existen dos posibles escenarios: el primero que la CIDH pase este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la segunda que se haga público el informe enviado al Perú.
"Nosotros, como Ministerio de Justicia, defendemos los intereses del Estado. Buscamos que el Perú no sea sometido a otro tipo de cuestionamiento vinculado a la violación de derechos humanos, así como defender hasta donde sea posible la posición del Perú", declaró a RPP.

Caso está sobreseído
Jiménez recordó que el tema del enjuiciamiento a los comandos que participaron en el operativo de rescate de 71 rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima fue resuelto por la Corte Suprema; es decir, es un caso que está sobreseído en la jurisdicción interna.
"Lo que ha pasado es que la autoridad determinó que cuatro personas están procesadas en este momento por delitos serios, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y el coronel (Jesús) Zamudio", aseguró.
Este proceso se inició en mayo de 2002 contra varias personas, en que tan solo 15 militares pasan de la Fiscalía al PJ, "y no los 140 como dicen que fueron procesados", dijo.

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miércoles, 26 de octubre de 2011

Primera Sala Penal inició juicio oral por “Caso Romina”


Audiencia continuará el 03 de noviembre.

La diligencia pública fue suspendida por falta de información del caso del defensor de oficio que se designó al acusado José Luis Astuhuaman Estacio, quien no contaba con abogado.
El Colegiado “Par” de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima inició el juicio oral en el “Caso Romina”. En la audiencia, el Ministerio Público y los abogados de la parte civil solicitaron una serie de pruebas y diligencia para que se pueda esclarecer los hechos mientras dure el proceso oral.

La audiencia fue suspendida por preservar el derecho de defensa del acusado José Luis Astuhuaman Estacio, quien al no contar con abogado, la Sala le designó uno de oficio que no tenía conocimiento del proceso, por ello para que se informe debidamente, la Sala suspendió la diligencia hasta el 03 de noviembre, a las 12:15 horas, en el penal de Lurigancho.

En la audiencia estuvieron presentes los procesados José Luis Astuhuaman Estacio, Hendelbert Luis Parra Delfín, Miguel Freddy Sandonaz Rojas acusados como autores de los delitos contra el Patrimonio – Robo Agravado en agravio de Luis German Cornejo Salinas, María Rosario Vega Martínez, Carla Yanina Tellería Vargas y Romina Cornejo Ramos (con resultados de lesiones graves), y por el delito de Hurto Agravado en agravio de Gabriel Matos Lázaro.

El Colegiado integrado por los jueces Juan Carlos Aranda Giraldo, Josefa Vicenta Izaga Pellegrin y Arturo Zapata Carbajal llamaron la atención al Instituto Nacional de Centros Penitenciarios (INPE), ya que la audiencia tuvo un retraso de una hora y media, por la demora de la llegada de los procesados.

Los que no se presentaron y se encuentran en la situación de reos ausentes son Antonio Efraín Bello Ramírez y Oscar Álvaro Tejada Bellido.

Cabe mencionar que para los procesados el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima de cadena perpetua, ya que los delitos han sido tipificados con agravantes.

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lunes, 24 de octubre de 2011

Liberan a 897 presos gracias a beneficios

Es posible que estén en la calle a la espera de su próxima víctima. Probablemente, hayan encabezado algunos de los asaltos y secuestros en la capital. No debería descartarse que estén organizándose para una próximo golpe. Avezados reos en Lima están libres gracias a los beneficios penitenciarios que obtuvieron.

Solo en la Corte Superior de Justicia de Lima se han otorgado, hasta agosto de este año, 523 beneficios a presos acusados de diferentes delitos. En tanto, la Corte Superior del Callao, hasta hace un mes, la cifra era de 374 excarcelados.

En total, se han otorgado 897 beneficios penitenciarios. Según registros de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el año pasado la cifra fue mayor. Sin embargo, este dato no debería ser consuelo. Al contrario, la población tiene que estar alerta.

La mayoría de presos excarcelados tenía condena por tráfico ilícito de drogas, robo y hurto agravado, secuestro y tenencia ilegal de armas.

RESPONSABLES
Para el consultor de la Asociación Projusticia, Eduardo Castillo, el ‘relajo’ de algunas autoridades es uno de los factores que ha permitido que hampones de alta peligrosidad vuelvan a las calles.

Castillo asegura que falta mayor compromiso por parte de los jueces para analizar los expedientes de cada reo.

“Los magistrados deben ser más estrictos y minuciosos, y deben verificar de manera exhaustiva cada uno de los informes que el INPE hace de los presos. Tienen que ver si el interno se ha preocupado más por rehabilitarse que en hacer líos en el penal”, agrega.

LOS INVESTIGAN
Prueba de este problema es que solo en Lima y Callao, catorce jueces se encuentran con procedimiento disciplinario por haber otorgado de manera irregular los beneficios penitenciarios. Otro dato importante: al menos, 105 de los procesos han sido observados.

Castillo recuerda que no solo el Poder Judicial es responsable de este panorama. En su opinión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público deben responder por la actual situación.

El examen psicológico que realiza el INPE es fundamental en el proceso. No obstante, a veces hay descuidos o circunstancias extrañas. “Han habido casos en los que los reos pagan al psicólogo para que emita un informe favorable al respecto”, detalló el especialista.

LOS ‘ANGELITOS’
El magistrado de primera instancia de la OCMA, Luis Solís Vásquez, asegura que ya se han dictado las directivas pertinentes para capacitar a los magistrados en el análisis de las solicitudes de excarcelación.

“El problema es que el juez debe creer en lo que le dicen las pruebas, que son los certificados de conducta y psicológicos del reo. Si en esos expedientes se afirma que el preso es todo un angelito, y el fiscal lo aprueba, lo único que le queda es aceptar la solicitud”, señala.

Solís asegura que se ha pedido a los magistrados que se tomen el tiempo necesario para, si es posible, entrevistarse con los psicólogos del INPE.

Cabe indicar que no cuentan con ningún beneficio penitenciario los procesados por violación sexual a menores de 12 años, terrorismo y/o traición a la patria, tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada, lavado de activos, trata de personas en la modalidad agravada y robo agravado con consecuencia de muerte.

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viernes, 21 de octubre de 2011

Defensoría del Pueblo revela que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria se ha incrementado en casi un 100%

Un panorama muy preocupante: de los 66 establecimientos penitenciarios que hay en el territorio nacional, solo 12 se encuentran en óptimas condiciones.

Así lo reveló un estudio de la Defensoría del Pueblo, el cual fue presentado ayer ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Entre esas 12 cárceles figuran Piedras Gordas I y II, Cañete y Huaral. El informe añade que 29 se hallan en condición regular, y las 25 restantes, en pésimo estado, como Lurigancho y Sarita Colonia.

MUJERES Y JÓVENES
Además, el estudio de la Defensoría del Pueblo revela que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria se ha incrementado en casi un 100%.

De los 24,287 reos que había en los años 90, a la fecha hay 48,858 internos en las diferentes prisiones a nivel nacional.

En el Perú son 3,015 las mujeres privadas de su libertad, lo que equivale a un 6% del total de presos en el país. Además, entre 2006 y 2011 fallecieron 122 internos debido a diversas enfermedades o suicidios dentro de las cárceles. De igual manera, entre las rejas hay 1,083 jóvenes de entre 18 y 19 años, quienes no son debidamente separados del resto de reos.

PRESUPUESTO IDEAL
Según el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Jorge Ávila Herrera, urgen 160 millones de nuevos soles para solucionar las falencias del Instituto Nacional Penitenciario: problemas de infraestructura, niveles de inseguridad en los recintos y falta de personal adecuado.

“Los índices de aumento de inseguridad ciudadana y la desconfianza de la sociedad en los últimos cinco años son por los escándalos en las cárceles. Esas imágenes dinamitan la confianza de la población”, expresó al citar las fugas y el ingreso de armas.

El representante de la Defensoría señaló a Perú21 que ahora que se han eliminado algunos beneficios penitenciarios las prisiones tienen más población.

De hecho, muchos establecimientos ya son considerados “fábricas de delincuencia”.

De acuerdo con Ávila, una de las primeras acciones que debería tomarse es la construcción de tres penales –uno de ellos fuera de la capital– “para descongestionar el de Lurigancho”.

“También le estamos recomendando al Poder Ejecutivo la elaboración de un plan de trabajo de 10 años y la creación de una comisión de lucha contra la corrupción”, anotó.

Desde 1996, la Defensoría del Pueblo se encarga de monitorear y supervisar las condiciones del sistema penitenciario en nuestro país.

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miércoles, 19 de octubre de 2011

Sistematizan jurisprudencia

TC presenta nuevo soporte informático para difundir fallos. Herramienta recopila las 700 mejores sentencias del colegiado.

Una nueva herramienta de ayuda para la práctica jurídica presenta hoy el Tribunal Constitucional (TC), a través del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Se trata de la segunda edición de la sistematización de su jurisprudencia presentada en un disco multimedia interactivo que proporcionará a la comunidad jurídica las sentencias más importantes adoptadas por este colegiado hasta julio pasado.

Así lo informó el magistrado y director de este centro, Gerardo Eto Cruz, quien agregó que este formato digital fue elaborado con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un esfuerzo por fortalecer a la seguridad jurídica en el país como institución, promover la transparencia en el sector Justicia e impulsar una cultura constitucional en la ciudadanía.

Aporte a magistrados
Este disco compacto, que en principio se entregará a los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público, contiene una sumilla, un extracto del fallo, las palabras claves de la sentencia, los derechos constitucionales invocados, las referencias normativas y concordancias jurisprudenciales nacionales e internacionales. Además, las fichas están enlazadas a las respectivas sentencias que dan lugar a su desarrollo en caso se quiera consultar el fallo completo.
Ofrece asimismo publicaciones en versión digital del referido centro de estudios, enlaces de interés nacional e internacional y todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, detalló Eto Cruz, quien explicó que el trabajo de sistematización tiene el objetivo de resolver el problema de la ubicación del precedente obligatoria en las distintas ramas del derecho, en forma fácil y oportuna.

Capacitación
Respecto a la labor de este centro de estudios, el magistrado señala que dicha institución constituye el soporte del tribunal para la divulgación de su jurisprudencia, el cual se realiza a través de cursos, diplomados y seminarios de toda naturaleza, así como con la publicación de investigaciones desarrolladas en el colegiado.
Agregó que este centro realiza una serie de aportes no solo para entender lo que el tribunal emite a través de los fallos jurisprudenciales sino de cómo es la argumentación, no solo en Lima sino también en provincias. "Por tanto, la principal función del centro es fortalecer la presencia institucional del tribunal, fomentando el debate y conocimiento de temas constitucionales y su jurisprudencia".

Más proyectos
El director del CEC adelantó que esta entidad viene trabajando diversas publicaciones referidas a la labor jurisprudencial del TC. Entre ellos, un texto de comentarios
de juristas extranjeros sobre decisiones nacionales, como la libertad de religión.
Se prepara asimismo un diccionario constitucional para 2012, que recogerá las definiciones y jurisprudencias dictadas por el colegiado sobre los principales derechos e instituciones jurídicas en el país. Por ejemplo, lo que significa la libertad de conciencia, de religión, debido proceso, tutela judicial, entre otros.
También evalúan la posibilidad de reproducir toda la legislación procesal constitucional de Iberoamérica, las constituciones latinoamericanas y un estudio sobre los procesos de inconstitucionalidad por omisión, cuando se incumple con la publicación de leyes
que exige la Constitución.

Deberes de la sociedad civil
El TC prepara un proyecto de sentencia referida a los deberes de la sociedad civil, adelantó su magistrado Gerardo Eto Cruz, quien agregó que en el país siempre se exigen derechos, pero muchos olvidan que correlativamente también existen responsabilidades en todos los ámbitos, sean en la familia o la empresa.
La idea del colegiado, añadió, es elaborar una especie de ética laica para precisar que la sociedad civil también tiene deberes, sean civiles, constitucionales, obligaciones cívicas, entre otras. Igualmente, elaborarán una nueva interpretación de las empresas respecto al uso de las computadoras de su personal en horas de trabajo.

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Poder Judicial presentará la próxima semana proyecto de creación de Corte Superior Nacional


Para el juzgamiento de graves delitos como narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado, entre otros.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó el proyecto de ley de creación de la Corte Superior Nacional, que se encargará de juzgar delitos graves (delincuencia violenta, crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo), y ciertos procesos de amparo y contencioso administrativos de trascendencia nacional. Esta propuesta será presentada la próxima semana ante el Congreso de la República, para su debate y posterior aprobación.

Así lo informó el Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, quien precisó que la creación de este nuevo órgano jurisdiccional estará apoyada con una propuesta de modificación del texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El doctor San Martín Castro hizo este anuncio durante su presentación en la inauguración de la conferencia internacional "Por un país sin miedo: propuesta civil sobre seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico", actividad organizada por la asociación civil "Comunidad Peruana de Seguridad y Justicia" (COPESEJ), con el apoyo de la ONG Projusticia.

La autoridad judicial fundamentó la creación de la Corte Superior Nacional porque se requiere concentrar recursos humanos, logísticos y organizativos para generar un bloque judicial que dé una respuesta sustantiva a problemas como, por ejemplo, el de la inseguridad ciudadana.

Indicó que para ello se necesita, entre otros aspectos, cuerpos periciales sólidos, y jueces bien capacitados, los cuales deberán además mostrar probidad en el ejercicio de las funciones que se le han confiado.

Seguridad ciudadana

Asimismo, San Martín demandó que cada instancia del Estado y de la sociedad asuman su responsabilidad por la seguridad ciudadana.

En ese sentido, hizo una exhortación a la comunidad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales, las juntas vecinales, los alcaldes, y a la conciencia general del país, para que así todos asuman el rol que les corresponde, y juntos poder sentar las bases de una sociedad civilizada sin violencia.

Manifestó que lo que se pretende es que el Poder Judicial se convierta en el bastión de la defensa de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, pero también el bastión que garantiza la seguridad ciudadana.

Congresista Cecilia Chacón

De otro lado, abordado por la prensa acerca de un pedido para que la congresista Cecilia Chacón se presente a las citaciones judiciales, refirió que "el llamamiento judicial es una obligación para todos los ciudadanos. La ley es igual para todos, y en tanto se han cumplido los procedimientos legalmente establecidos, quien es convocado tiene que acudir".

Reiteró que el Poder Judicial es independiente en una democracia constitucional: "Los jueces no están sujetos a presiones, y yo garantizo la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial", acotó.

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viernes, 14 de octubre de 2011

Definen temas que se debatirán en VII Pleno Supremo Penal

Plenario abierto se realizará el próximo 2 de noviembre

La Coordinación del VII Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema, a cargo del doctor Víctor Prado Saldarriaga, definió los temas que se abordarán este 2 de noviembre próximo, durante el plenario abierto que se realizará a partir de las nueve de la mañana en el Salón Vidaurre de Palacio de Justicia, teniendo como característica principal la amplia participación de la comunidad jurídica en forma individual e institucional.

La fecha del plenario abierto, prevista inicialmente para el 27 de octubre, sufrió una modificación al coincidir con el V Congreso Nacional de Jueces que se efectuará en la ciudad de Tarapoto. La elección de los temas del plenario se hizo en base a las 32 ponencias presentadas y son sobre Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho de Ejecución Penal


Sobre Derecho Penal

Respecto a la Parte General se debatirá el tema "La duplicidad de los plazos de prescripción que regula el artículo 80 in fine del Código Penal y el extraneus, con las ponencias de la doctora Ana Cecilia Hurtado Huailla en representación del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), y de los profesores de Derecho Penal, Percy Cavero García y Raúl Pariona Arana.

En la Parte Especial se abordará "Delitos contra la libertad sexual y trata de personas: diferencias típicas y penalidad" con exposiciones del doctor Carlos Caro Coria del CEDPE, y de la institución Capital Humano y Social Alternativo (CHS).

Sobre "La relevancia del valor bien mueble objeto de hurto para la configuración de las circunstancias agravantes del artículo 186 del Código Penal", expondrán el profesor de Derecho Penal de la universidad San Marcos, doctor Silfredo Hugo Vizcardo; el doctor Shikara Vásquez Shimajuko del CEDPE; los doctores Begonia Velásquez Cuentas y Aníbal Paredes Matheus, de la Escuela Judicial Cusco; y el Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular de Ayacucho, doctor Rafael Cancho Alarcón.

En el tema "Los viáticos como objeto material del delito de peculado" disertarán los juristas Luis Reyna Alfaro del CEDPE, Fidel Rojas Vargas e Iván Montoya de IDEHPUCP.


Sobre Derecho Procesal Penal

Acerca de "Medidas cautelares y lavado de activos: presupuestos, requisitos y límites", expondrá la doctora Sonia Medina Calvo, de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de TID, lavado de activos y pérdida de dominio.

Sobre "Motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de oralidad: necesidad y forma", disertarán el juez superior de la Corte Superior de La Libertad, doctor Víctor Burgos Mariños, y el Presidente de la Corte Superior de Arequipa, doctor Jorge Salas Arenas.

En el tema "La valoración de la prueba en los delitos contra la libertad sexual: criterios y reglas para su aplicación", presentarán su ponencia la viceministra de la Mujer y Desarrollo Social, doctora Rocío Villanueva; el abogado Ronald Gamarra, y la institución DEMUS.

El doctor Fernando Iberico Castañeda del CEDPE, la jueza especializada doctora Carmen Peñafiel Díaz, y el abogado Gonzalo del Río Labarthe, disertarán sobre "La constitución del acto civil como parte en el Código ProcesalPenal de2004: requisitos, oportunidad y forma".


Sobre Derecho de Ejecución Penal

Sobre esta materia expondrán un representante del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el profesor de Derecho de Ejecución Penal, Germán Small Arana y el doctor José Ávila de la Defensoría del Pueblo con el tema "El régimen de beneficios penitenciarios en los delitos de terrorismo y criminalidad organizada: presupuestos, requisitos y límites".


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martes, 11 de octubre de 2011

Revocan mandato de comparecencia restringida contra Abencia Meza Luna




INCIDENCIA N° 26704-2009 CASO ABENCIA MEZA LUNA

La Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel dicta mandato de detención contra Abencia Meza Luna, en el proceso que se le sigue por el presunto de delito de Homicido Calificado en agravio de Alicia Delgado Hilario.



Si quieres ver la Incidencia N°26704 de la Cuarta Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, haz clic aquí .

domingo, 9 de octubre de 2011

Tribunal Constitucional declaró improcedente Hábeas Corpus de Joran Van der Sloot


"Así lo decidió el Pleno del Colegiado al resolver la demanda contenida en el Expediente Nº 02633-2011-PHC/TC, la que tenía por objeto que se declare la nulidad de la investigación a nivel fiscal y policial en el marco del proceso penal que se le sigue al favorecido, quien alega la presunta violación de los derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, a la presunción de la inocencia y otros". (Nota de Prensa N° 418-2011-OII/TC).

Mira aquí la Resolución del Tribunal Constitucional.