El viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, sostuvo ayer que el Perú "no se allanará" ni aceptará el procesamiento de los comandos que participaron en la operación de rescate Chavín de Huántar, en 1997.
"El Perú ya asumió una posición en relación con este informe, en que no existe allanamiento por parte del Estado y no existe reconocimiento de alguna violación a los derechos fundamentales o derechos de las personas", precisó.
Jiménez indicó que la CIDH emitió "un informe del fondo" el 12 de junio, en relación con un caso que se estaba ventilando en esta instancia, el cual plantea "una serie de cosas" que no pueden ser reveladas porque "es reservado" y corresponde al organismo supranacional hacerlo público.
"En ningún caso, el Perú no aceptará el procesamiento de militares o del comando que estuvo a cargo de esta operación (de rescate)", dijo, al recalcar que esta posición del Estado fue comunicada a la CIDH el pasado 15 de agosto.
Instó a que no se realice ningún tipo de especulación sobre este caso, pues, "el tema es clarísimo, porque el Perú no se ha allanado a ninguna recomendación".
Por lado, explicó que existen dos posibles escenarios: el primero que la CIDH pase este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la segunda que se haga público el informe enviado al Perú.
"Nosotros, como Ministerio de Justicia, defendemos los intereses del Estado. Buscamos que el Perú no sea sometido a otro tipo de cuestionamiento vinculado a la violación de derechos humanos, así como defender hasta donde sea posible la posición del Perú", declaró a RPP.
Caso está sobreseído
Jiménez recordó que el tema del enjuiciamiento a los comandos que participaron en el operativo de rescate de 71 rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima fue resuelto por la Corte Suprema; es decir, es un caso que está sobreseído en la jurisdicción interna.
"Lo que ha pasado es que la autoridad determinó que cuatro personas están procesadas en este momento por delitos serios, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y el coronel (Jesús) Zamudio", aseguró.
Este proceso se inició en mayo de 2002 contra varias personas, en que tan solo 15 militares pasan de la Fiscalía al PJ, "y no los 140 como dicen que fueron procesados", dijo.
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