Un panorama muy preocupante: de los 66 establecimientos penitenciarios que hay en el territorio nacional, solo 12 se encuentran en óptimas condiciones.
Así lo reveló un estudio de la Defensoría del Pueblo, el cual fue presentado ayer ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
Entre esas 12 cárceles figuran Piedras Gordas I y II, Cañete y Huaral. El informe añade que 29 se hallan en condición regular, y las 25 restantes, en pésimo estado, como Lurigancho y Sarita Colonia.
MUJERES Y JÓVENES
Además, el estudio de la Defensoría del Pueblo revela que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria se ha incrementado en casi un 100%.
De los 24,287 reos que había en los años 90, a la fecha hay 48,858 internos en las diferentes prisiones a nivel nacional.
En el Perú son 3,015 las mujeres privadas de su libertad, lo que equivale a un 6% del total de presos en el país. Además, entre 2006 y 2011 fallecieron 122 internos debido a diversas enfermedades o suicidios dentro de las cárceles. De igual manera, entre las rejas hay 1,083 jóvenes de entre 18 y 19 años, quienes no son debidamente separados del resto de reos.
PRESUPUESTO IDEAL
Según el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Jorge Ávila Herrera, urgen 160 millones de nuevos soles para solucionar las falencias del Instituto Nacional Penitenciario: problemas de infraestructura, niveles de inseguridad en los recintos y falta de personal adecuado.
“Los índices de aumento de inseguridad ciudadana y la desconfianza de la sociedad en los últimos cinco años son por los escándalos en las cárceles. Esas imágenes dinamitan la confianza de la población”, expresó al citar las fugas y el ingreso de armas.
El representante de la Defensoría señaló a Perú21 que ahora que se han eliminado algunos beneficios penitenciarios las prisiones tienen más población.
De hecho, muchos establecimientos ya son considerados “fábricas de delincuencia”.
De acuerdo con Ávila, una de las primeras acciones que debería tomarse es la construcción de tres penales –uno de ellos fuera de la capital– “para descongestionar el de Lurigancho”.
“También le estamos recomendando al Poder Ejecutivo la elaboración de un plan de trabajo de 10 años y la creación de una comisión de lucha contra la corrupción”, anotó.
Desde 1996, la Defensoría del Pueblo se encarga de monitorear y supervisar las condiciones del sistema penitenciario en nuestro país.
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